Sin señales de cambio en la política nacional

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En los primeros días del año, los signos de cambio en la vida institucional del país no aparecen ni por asomo. La campaña publicitaria sostenida del Gobierno hacer ver que está empeñado en afrontar el problema delincuencial, pero las versiones individuales de algunos miembros del Gabinete hacen presumir que no existe un plan o estrategia definida, que en forma eficaz enfrente la solución; lo que ha permitido que de nuevo a la principal fuerza de oposición se le sirva en bandeja la excusa, por cierto ya no creíble, que esa es la única razón por la que se opusieron a la aprobación de un préstamo internacional destinado a dicho fin.

Las intervenciones de algunos diputados de los dos principales grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa pusieron en evidencia que ni unos ni otros son capaces de presentar un discurso con contenido que convenza y siguen con un enfrentamiento estéril que busca un simple protagonismo y beneficio a sus intereses partidistas.

Cuando de solucionar problemas de beneficio colectivo se trata, como el tema relacionado con el medio ambiente, con sorpresa perpleja se observa que en lo único en que se ponen de acuerdo esos grupos parlamentarios es en abstenerse de conocer oportunamente lo que corresponda y en mandar a que se “estudie” de nuevo el asunto en la comisión respectiva.

Peores señales dieron los políticos al frustrar un intento de suscribir un acuerdo que formalmente reiterara el compromiso de procurar un futuro mejor para los salvadoreños especialmente en el referido a la paz social. Esta circunstancia opacó la conmemoración del décimo quinto aniversario de los Acuerdos de Paz, cuya firma si bien se atribuye al esfuerzo de un gobernante, históricamente constituye un verdadero logro del pueblo salvadoreño, que es quien sufrió estoicamente los momentos más difíciles de los años de la guerra.

Esta entidad hace un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa para que abandonen esa actitud simplemente partidista que en nada contribuye al genuino bienestar de la población, y que muestren una disposición sana, objetiva y definida en la solución de los grandes problemas que nos aquejan. Si algún asomo hubiera de esto, alguna esperanza se tendría de empezar a construir algún prestigio de la clase política, del cual actualmente carece. Para los diputados de uno y otro lado todo pareciera que marcha sobre ruedas en El Salvador, cuando aquella se queja de la dura realidad que vive día a día.

El simple transcurso del tiempo, que va marcando los pasos de la historia, se ha convertido en el peor enemigo de los políticos, quienes cuando menos sientan se ha pasado el periodo de sus mandatos sin que se hayan cumplido las promesas de campaña; historia que sangra las esperanzas y las ansias de un pueblo que quiere vivir en paz y en tranquilidad, con seguridad y oportunidades de trabajo. Hoy más que nunca la ciudadanía está atenta al devenir diario de las actuaciones de quienes dicen ser sus representantes, para expresar opinión y tratar de influir en sus ánimos, o para guardarse la misma hasta el momento del ejercicio del sufragio.

La clase política con su actuar solo demuestra al pueblo, a quien se debe, que sus discusiones y actuaciones no obedecen a los intereses de aquel, sino que hacen de aquellas asuntos exclusivos de palacio, ajenos e ignorantes del sentir de la nación.

Ojalá que esta situación cambie en el futuro cercano y que veamos una reacción positiva de los destinatarios de nuestras ideas, abandonando un discurso torpe e ineficaz, por uno sólido y con contenido, acompañado de hechos que lo respalden. Si esto fuera así el pueblo los premiará; si no sin duda los castigará.

Emplazamiento a través de notario

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Nuestro actual Código de Procedimientos Civiles data del año 1881. En sus 125 años de existencia ha sido objeto de reformas. Sin embargo, hoy es imposible calificarlo como una norma procesal moderna y acorde a las exigencias y necesidades del siglo XXI. De esa manera, en los últimos años se discute un anteproyecto de “Código Procesal Civil y Mercantil”.

Dicho cuerpo no se configuraría, simplemente, como un maquillaje al actual proceso civil. Su vigencia, en realidad, provocaría un cambio trascendental en la esencia del proceso. Y es que, dicho anteproyecto, contiene modificaciones esenciales a la estructura y principios que lo sostienen; siendo una de las más relevantes, el paso de un proceso eminentemente escrito a uno en el que se adopta un sistema de audiencias similar al utilizado en el proceso de familia.

En esta ocasión, nos referimos a un cambio que se propone en las diligencias de emplazamiento de las demandas. Actualmente, las diligencias del emplazamiento son realizadas por el notificador del tribunal, quien es el único funcionario competente para realizar ese acto de comunicación. Sin embargo, en el anteproyecto mencionado, se ha incorporado en el artículo 184 la posibilidad de que los notarios efectúen las diligencias de emplazamiento.

Dicho artículo reza así: “A petición de parte y previa autorización del tribunal, el emplazamiento podrá practicarse mediante notario que designe aquella y a su costo. En tal caso, el tribunal entregará al notario designado la esquela de emplazamiento y sus anexos.- Esta forma de emplazamiento deberá diligenciarse a más tardar en el plazo de cinco días después de la entrega de la esquela. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por lapso igual, por una sola vez si el demandante alega y prueba causa razonable para la prórroga y solicita esta dentro del plazo original.- Vencido el plazo original o su prórroga sin que se hubiere diligenciado el emplazamiento, se dejará sin efecto la autorización y aquel sólo podrá practicarse por el funcionario competente”.

Los beneficios que se pretenden a través de la implantación de esta novedosa figura son descargar al Órgano Judicial de la ejecución de ciertos actos procesales y agilizar el desarrollo del proceso.

Sin embargo, a muchos les parecerá inconveniente incorporar tal posibilidad al proceso por temor a que se convierta en una práctica fraudulenta, ya que, lastimosamente para el gremio de notarios, no se puede negar que ese recelo a la credibilidad de sus miembros goza de cierta justificación.

En el ejercicio de la profesión son abundantes las actuaciones irregulares de algunos notarios. Esa realidad ha provocado que muchas personas, e incluso autoridades públicas, desconfíen de las constataciones formuladas por los notarios en el ejercicio de sus funciones, sobrando la fe pública que les concede la ley.

En ese sentido, no podemos cerrar los ojos a la posibilidad de que el emplazamiento realizado a través de notarios sea objeto de prácticas irregulares. Lo grave radica en que un fraude en una diligencia tan trascendental como el emplazamiento provocaría transgresiones de alcance constitucional al vulnerar el derecho de defensa del demandado.

Por esa situación, en caso de que se apruebe la posibilidad de diligenciar el emplazamiento por notario, es preciso que la Corte Suprema de Justicia perfeccione los mecanismos de fiscalización de la función notarial y que, de manera ágil, transparente y garantizando un debido proceso, imponga sanciones contundentes contra esos individuos que empañan la dignidad de la función notarial.

Los Acuerdos de Paz

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El 16 de enero de 1992, una fecha memorable y sin precedentes, se firmaron los Acuerdos de Paz en México, cesando definitivamente el enfrentamiento armado a partir del 1.º de febrero de ese mismo año, con el fin de la estructura militar de los alzados en armas y su reincorporación a la vida civil, política e institucional del país, con lo que se dio por terminada la guerra fratricida de más de doce años. Los acuerdos contenían grandes temas: la Fuerza Armada, los derechos humanos, la reforma judicial y la reforma electoral con la consiguiente reforma constitucional.

La Comisión de la Verdad creada por dichos acuerdos definió en una sola expresión el cambio radical de la sociedad salvadoreña que estuvo enfrascada en la guerra, denominándolo en su informe “De la locura a la esperanza”. Habíamos descendido a la irreflexión de una guerra entre hermanos y con los acuerdos se abrió la esperanza de vivir en paz. Se cambió el puño crispado por la mano extendida de la concertación y de la paz social.

La reforma en las Fuerzas Armadas trasladó el resguardo del orden y la seguridad pública a una Policía Nacional Civil ajena a toda actividad partidista; dejando siempre a la Fuerza Armada la misión de la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. De allí en adelante la Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarían a cargo de dos ministerios diferentes.

Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para identificar y erradicar la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, especialmente la detención arbitraria, los secuestros, las ejecuciones sumarias y otras formas atentatorias contra la libertad, la integridad y la seguridad de las personas.

En cuanto al tema de la reforma judicial, se creó un sistema mixto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se creó una Sala de lo Constitucional, un Consejo Nacional de la Judicatura como institución independiente, una Escuela de Capacitación Judicial y se estableció un porcentaje del presupuesto de la nación para el Órgano Judicial.

Con relación al sistema electoral se reafirmó el compromiso contenido en los Acuerdos de Paz para promover un proyecto general de reformas al sistema electoral y se ratificó el principio de que la única forma de llegar al poder político es por medio de las urnas.

Todos estos temas contenidos en los acuerdos fueron incorporados como reformas constitucionales para estar acordes con las dos legislaturas ordinarias antes de la firma de Chapultepec; salvo el de las Fuerzas Armadas que fue ratificado al final del mes. Los Acuerdos de Paz constituyen un nuevo pacto social adheridos a la Constitución de 1983 conforme el proceso de reforma constitucional.

Con esta concertación nacional para la anhelada paz, la nación trascendió a la categoría de país civilizado y respetuoso consigo mismo porque nunca más se volvieron a oír los disparos de un arma de los grupos contendientes, lo cual ha sido reconocido incluso a escala internacional. Por eso, los acontecimientos del 5 de julio pasado nos inquietaron tanto, pues dieron la impresión de que la paz concertada se rompería. Finalmente prevalecieron las voces de la razón, de la concordia y la paz sobre ese repudiable hecho aislado que fue producto de mentes enfermizas, fanáticas y alienadas.

A pesar de todo, la nación atraviesa un periodo de grave inseguridad, ciudadana y jurídica, que amenaza los logros obtenidos y nos impide avanzar, todo en el marco de una grave polarización política. Es responsabilidad de todos los sectores sociales y muy especialmente de los partidos políticos, superar este estancamiento y poder trascender a mejores horizontes. Solo puede enfrentarse a las fuerzas del mal mediante un proyecto de nación que esté formado por todas las fuerzas sociales, de todas las tendencias políticas, teniendo como meta la justicia, la unidad nacional y la paz social. El Salvador se lo merece.