El 16 de enero de 1992, una fecha memorable y sin precedentes, se firmaron los Acuerdos de Paz en México, cesando definitivamente el enfrentamiento armado a partir del 1.º de febrero de ese mismo año, con el fin de la estructura militar de los alzados en armas y su reincorporación a la vida civil, política e institucional del país, con lo que se dio por terminada la guerra fratricida de más de doce años. Los acuerdos contenían grandes temas: la Fuerza Armada, los derechos humanos, la reforma judicial y la reforma electoral con la consiguiente reforma constitucional.
La Comisión de la Verdad creada por dichos acuerdos definió en una sola expresión el cambio radical de la sociedad salvadoreña que estuvo enfrascada en la guerra, denominándolo en su informe “De la locura a la esperanza”. Habíamos descendido a la irreflexión de una guerra entre hermanos y con los acuerdos se abrió la esperanza de vivir en paz. Se cambió el puño crispado por la mano extendida de la concertación y de la paz social.
La reforma en las Fuerzas Armadas trasladó el resguardo del orden y la seguridad pública a una Policía Nacional Civil ajena a toda actividad partidista; dejando siempre a la Fuerza Armada la misión de la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. De allí en adelante la Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarían a cargo de dos ministerios diferentes.
Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para identificar y erradicar la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, especialmente la detención arbitraria, los secuestros, las ejecuciones sumarias y otras formas atentatorias contra la libertad, la integridad y la seguridad de las personas.
En cuanto al tema de la reforma judicial, se creó un sistema mixto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se creó una Sala de lo Constitucional, un Consejo Nacional de la Judicatura como institución independiente, una Escuela de Capacitación Judicial y se estableció un porcentaje del presupuesto de la nación para el Órgano Judicial.
Con relación al sistema electoral se reafirmó el compromiso contenido en los Acuerdos de Paz para promover un proyecto general de reformas al sistema electoral y se ratificó el principio de que la única forma de llegar al poder político es por medio de las urnas.
Todos estos temas contenidos en los acuerdos fueron incorporados como reformas constitucionales para estar acordes con las dos legislaturas ordinarias antes de la firma de Chapultepec; salvo el de las Fuerzas Armadas que fue ratificado al final del mes. Los Acuerdos de Paz constituyen un nuevo pacto social adheridos a la Constitución de 1983 conforme el proceso de reforma constitucional.
Con esta concertación nacional para la anhelada paz, la nación trascendió a la categoría de país civilizado y respetuoso consigo mismo porque nunca más se volvieron a oír los disparos de un arma de los grupos contendientes, lo cual ha sido reconocido incluso a escala internacional. Por eso, los acontecimientos del 5 de julio pasado nos inquietaron tanto, pues dieron la impresión de que la paz concertada se rompería. Finalmente prevalecieron las voces de la razón, de la concordia y la paz sobre ese repudiable hecho aislado que fue producto de mentes enfermizas, fanáticas y alienadas.
A pesar de todo, la nación atraviesa un periodo de grave inseguridad, ciudadana y jurídica, que amenaza los logros obtenidos y nos impide avanzar, todo en el marco de una grave polarización política. Es responsabilidad de todos los sectores sociales y muy especialmente de los partidos políticos, superar este estancamiento y poder trascender a mejores horizontes. Solo puede enfrentarse a las fuerzas del mal mediante un proyecto de nación que esté formado por todas las fuerzas sociales, de todas las tendencias políticas, teniendo como meta la justicia, la unidad nacional y la paz social. El Salvador se lo merece.
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