Independencia judicial y constitucionalidad

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En los Diarios Oficiales de los pasados 19 y 21 de diciembre aparecieron las primeras sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con base en las recientes reformas hechas a la Ley de Procedimientos Constitucionales que exigen el examen por el tribunal superior de las declaratorias de inconstitucionalidad hechas por los tribunales inferiores. No es ninguna buena noticia para el país.

En virtud del art. 185 Cn. todo juez salvadoreño tiene la facultad de declarar inaplicable toda disposición legal contraria a la Constitución, en congruencia con el carácter de primacía de la Carta Magna y reconoce el papel del juez como guardián y garante de la misma; asimismo, implica el reconocimiento de la independencia del juez y de su capacidad de aplicar la ley según su sano criterio. Es una institución importante y efectiva para la conservación del Estado de Derecho, como la han reconocido casi todos los sistemas jurídicos modernos.

Sin embargo, por medio de Decreto Legislativo n.º 45, de 6 de julio de 2006, publicado en el Diario Oficial n.º 143, Tomo 372 de 7 de agosto de 2006, se reformó la Ley de Procedimientos Constitucionales, estableciéndose que cada vez que un juez declare inconstitucional una norma, deberá suspender el proceso y remitir certificación de su resolución a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que esta se pronuncie por la constitucionalidad de la norma en cuestión. La sentencia de la sala debe publicarse en el Diario Oficial y a partir de esa publicación es obligatoria para todos los jueces.

Esta reforma, se estima, es violatoria de la Constitución pues, aparte de que, al dar efectos generales a una sentencia de la sala que no resulta de un proceso de inconstitucionalidad iniciado de forma contenciosa, le está concediendo facultades legislativas que no le corresponden, volviendo prácticamente inefectiva la potestad del juez de declarar la inaplicabilidad de las normas constitucionales. Ahora ya no es el juez quien decide sobre la constitucionalidad o no de las normas, sino que su declaratoria se limita a ser el inicio de una consulta obligatoria a un tribunal superior y este es el que decide.

Se ha privado a los jueces de una facultad constitucional y nos sorprende el silencio con que lo han recibido y más aún el acatamiento incuestionado de algunos. Con demasiada frecuencia oímos a los jueces alegar sus privilegios y protestar por cada ataque a la independencia judicial, a veces sin motivo y hasta en defensa de actuaciones ilegales de algunos de sus colegas, pero cuando sucede un hecho grave que reduce sus atribuciones de forma ilegítima y se ataca su independencia no oímos el coro de reclamos que el hecho ameritaría.

Todo parece indicar que ha habido una injerencia externa al Órgano Judicial en este asunto. Se ha dado como excusa para la reforma la necesidad de uniformar la jurisprudencia, pero existen otros medios acordes al orden constitucional para ello. Es evidente que hay sectores que se muestran disgustados por la anarquía que a veces parece resultar de las facultades judiciales y es verdad que esto se da; algunos jueces han hecho mal uso de la potestad, por ignorancia más que por otra razón. Sin embargo, lo que debe hacerse para corregir esta situación es mejorar la calidad de los funcionarios judiciales, nombrando abogados competentes para el ejercicio de las judicaturas. Este es un problema que no se va a resolver con decretos legislativos, ni destruyendo el orden constitucional.

Todos los abogados honestos de este país están a la expectativa de ver qué es lo que pueda suceder cuando algún juez, en uso de sus facultades legítimas, declare inconstitucional la reforma y por lo tanto no remita su resolución a la sala, por estimar que no puede acatar otra norma por reñir con la Constitución. Sin duda el juzgador que lo haga sentaría un precedente invaluable, al actuar con dignidad e independencia, y con notable entereza judicial.

En defensa de la institucionalidad

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Debe antes que nada reconocerse que, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, han mejorado de manera significativa los indicadores de libertad política y la capacidad de manejar la macroeconomía de El Salvador, aunque ello no haya sido suficiente para fomentar un desarrollo institucional sostenido, al estar presente las tendencias patrimonialistas y clientelares profundas de la cultura política.

Ha sido recurrente la opinión general de que en nuestro país puede ya advertirse un riesgo de la institucionalidad, sobre la base de asumir que no se cuenta con sólidas instituciones jurídicas, políticas y sociales, lo que deviene en un desmejoramiento de las condiciones de vida individual y colectiva. De la lectura de las páginas y pantallas de los medios de comunicación social se infiere que la institucionalidad se encuentra en situación precaria, desde luego que en forma galopante se está introduciendo un desorden en el marco jurídico, con la desmesurada proliferación de leyes especiales que ningún valor agregado añaden al deseo de pacificación; y la conducta de ciertos sectores frente a tal marco jurídico, entrañan un desprecio por las leyes y por elementales principios o valores morales.

La descoordinación advertida por propios y extraños de las instituciones del Estado como en los casos de justicia y seguridad, en la labor de legislar y en la ejecución de obras públicas, están contribuyendo al deterioro progresivo del escenario social y natural en el cual, se supone, todos debemos desarrollar nuestras actividades. Los legisladores más parecen preocupados por tener un protagonismo inútil, que sirva de plataforma demagógica, que por dotar a El Salvador de reglas claras de convivencia social, en virtud de las cuales los tribunales puedan hacer una efectiva aplicación de las leyes. A estas alturas la polarización de las principales fuerzas políticas parlamentarias está propiciando una profundización de la desconfianza de la sociedad civil en sus instituciones. Por su parte, algunos representantes de la alta justicia del país parecieran más bien estar haciendo proselitismo para alcanzar la primera magistratura del órgano judicial, en vez de estar en la sobriedad de sus despachos impartiendo pronta y cumplida justicia.

Y, finalmente, la administración pública muestra una cara de debilidad frente a poderosos intereses, dejando que el pretendido mercado opere, no bajo las reglas de la oferta y la demanda, sino bajo la imposición de aquellos intereses, produciendo así la paradoja de decir que contamos con reglas del mercado, pero que no han sido capaces de conseguir los resultados propuestos.

En estas circunstancias, es indispensable que todos los salvadoreños con nuestra conducta contribuyamos a las transformaciones que la sociedad requiere, proponiendo el logro del bien común, mediante la adopción de políticas dirigidas en función de la justicia social y del respeto pleno a las libertades individuales, cual lo manda la Constitución de la República.

Ante la actual situación, caracterizada por la alta polarización política, debemos cada día expresar con mayor vehemencia, que solo estableciendo un genuino y transparente proceso de diálogo se podrá tener, como resultado, el establecimiento de una agenda nacional, en la que se aborden los grandes problemas que aquejan a la población y las propuestas de sus soluciones, sobreponiendo a los intereses partidarios o de sectores, el deseo de nuestra sociedad de alcanzar la consolidación de la democracia y la construcción de un país más justo e igualitario.

Así, pues, los encargados de la cosa pública, en los tres Órganos del Estado deben tener conciencia que los obstáculos reprochables que ponen día a día al desarrollo institucional bloquean el avance de la democratización, la cultura productiva y la inclusión social. Y eso es hacer mala historia. Solamente cuando demuestren un verdadero civismo y un correcto entendimiento del bien común podrán entrar a la madurez que demanda la construcción del futuro para las nuevas generaciones de compatriotas.

Justicia doblegada e impunidad desesperante

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El caso Silva significa en el devenir de la justicia de nuestro país un doblez a la justicia y una desesperante muestra de impunidad. El actuar de las instituciones involucradas y sus reacciones ante el clamor de la sociedad civil han puesto en evidencia, una vez más, el atascamiento en que se encuentra su interacción y la crisis de institucionalidad que vive El Salvador. No es suficiente para borrar esta situación la reacción airada del Ejecutivo y la incomprensible respuesta del máximo tribunal sobre la posibilidad de investigar qué es lo que realmente sucedió para propiciar la huida del diputado suplente procesado por los delitos de cohecho y lavado de dinero. Todo resulta inútil y frustrante cuando lo único que se advierte es la actitud de estarse echando las culpas unos a otros, poniendo a la luz la pobre evolución de los encargados de la seguridad pública y del enjuiciamiento de los delincuentes.

Como bien lo ha dicho un distinguido penalista, por una parte, la Fiscalía, conforme los artículos 85 y 289 del Código Procesal Penal, podía y debió decretar la detención administrativa del imputado, una vez que la Asamblea declaró que había lugar a formación de causa y antes de presentar requerimiento ante la Cámara Primera de lo Penal; y, por otra, la PNC no debió esperar el oficio de la Cámara para proceder a la detención. Según este jurista, los fiscales nunca pretendieron la captura de ese imputado, como normalmente ocurre en los casos importantes. Bueno sería entender qué es lo qué pasó en este importante aspecto.

A los ojos de la población lo ocurrido no es sino una especie de complicidad de una justicia servil, en medio de la cual cualquiera puede hacer cualquier cosa, siempre que esté premunido de un malentendido garantismo o de una desidia inexcusable. Lo que esto provoca es que la sociedad piense, con poca, alguna o mucha razón, que hoy más que nunca tenemos sectores de la justicia que son influenciables y que da tranquilidad a poderosos y amigos. Estos reprochables fenómenos están propiciando que la justicia se doblegue, que haya protección e impunidad para los corruptos y que se profundice la desconfianza de la sociedad en las instituciones y la justicia, lo cual genera anarquía y propicia excusas para los enemigos de la democracia.

Es inadmisible que nadie asuma la responsabilidad que corresponda y dé una explicación genuina de lo ocurrido. Lo que se está instruyendo se trata de una causa que interesa a toda la nación en general, por lo que todas las entidades del sector justicia, incluyendo a la corporación policial, deben aclarar a la nación qué es lo que realmente ocurrió. De lo contrario lo que estaría diciendo a El Salvador es que no habrá justicia para los apañados por el poder; sería un mensaje que se declara zona liberada para la corrupción, ante la complicidad de una justicia más ciega de lo que debe ser.

La huida del diputado suplente ante la desidia de a quién le correspondía su vigilancia verdaderamente conmueve los cimientos de las instituciones republicanas y pone en peligro el avance hacia la consolidación de una democracia, en la que no haya diferencias y abusos de fueros especiales.

Por lo demás, todo lo dicho confirma que uno de los mayores males que aquejan a la sociedad salvadoreña es el estado de la justicia; su situación es tal que constituye, como lo ha dicho FUSADES, un problema económico, social y político, convirtiéndose en una de las causas de la poca competitividad del país en el concierto de las naciones.

El Centro de Estudios Jurídicos, fiel a sus estatutos, demanda de las instituciones competentes que asuman a cabalidad la responsabilidad que les compete, promoviendo leyes y mecanismos de control y coordinación, que aseguren la plena vigencia del estado de derecho y una protección adecuada a la seguridad de la población. Y es que este Centro de Estudios siempre ha postulado por el imperio del derecho de tal manera que se resguarde y proteja los derechos de las personas, afectadas ahora por la falta de justicia y la persistencia de la impunidad.