Justicia doblegada e impunidad desesperante

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El caso Silva significa en el devenir de la justicia de nuestro país un doblez a la justicia y una desesperante muestra de impunidad. El actuar de las instituciones involucradas y sus reacciones ante el clamor de la sociedad civil han puesto en evidencia, una vez más, el atascamiento en que se encuentra su interacción y la crisis de institucionalidad que vive El Salvador. No es suficiente para borrar esta situación la reacción airada del Ejecutivo y la incomprensible respuesta del máximo tribunal sobre la posibilidad de investigar qué es lo que realmente sucedió para propiciar la huida del diputado suplente procesado por los delitos de cohecho y lavado de dinero. Todo resulta inútil y frustrante cuando lo único que se advierte es la actitud de estarse echando las culpas unos a otros, poniendo a la luz la pobre evolución de los encargados de la seguridad pública y del enjuiciamiento de los delincuentes.

Como bien lo ha dicho un distinguido penalista, por una parte, la Fiscalía, conforme los artículos 85 y 289 del Código Procesal Penal, podía y debió decretar la detención administrativa del imputado, una vez que la Asamblea declaró que había lugar a formación de causa y antes de presentar requerimiento ante la Cámara Primera de lo Penal; y, por otra, la PNC no debió esperar el oficio de la Cámara para proceder a la detención. Según este jurista, los fiscales nunca pretendieron la captura de ese imputado, como normalmente ocurre en los casos importantes. Bueno sería entender qué es lo qué pasó en este importante aspecto.

A los ojos de la población lo ocurrido no es sino una especie de complicidad de una justicia servil, en medio de la cual cualquiera puede hacer cualquier cosa, siempre que esté premunido de un malentendido garantismo o de una desidia inexcusable. Lo que esto provoca es que la sociedad piense, con poca, alguna o mucha razón, que hoy más que nunca tenemos sectores de la justicia que son influenciables y que da tranquilidad a poderosos y amigos. Estos reprochables fenómenos están propiciando que la justicia se doblegue, que haya protección e impunidad para los corruptos y que se profundice la desconfianza de la sociedad en las instituciones y la justicia, lo cual genera anarquía y propicia excusas para los enemigos de la democracia.

Es inadmisible que nadie asuma la responsabilidad que corresponda y dé una explicación genuina de lo ocurrido. Lo que se está instruyendo se trata de una causa que interesa a toda la nación en general, por lo que todas las entidades del sector justicia, incluyendo a la corporación policial, deben aclarar a la nación qué es lo que realmente ocurrió. De lo contrario lo que estaría diciendo a El Salvador es que no habrá justicia para los apañados por el poder; sería un mensaje que se declara zona liberada para la corrupción, ante la complicidad de una justicia más ciega de lo que debe ser.

La huida del diputado suplente ante la desidia de a quién le correspondía su vigilancia verdaderamente conmueve los cimientos de las instituciones republicanas y pone en peligro el avance hacia la consolidación de una democracia, en la que no haya diferencias y abusos de fueros especiales.

Por lo demás, todo lo dicho confirma que uno de los mayores males que aquejan a la sociedad salvadoreña es el estado de la justicia; su situación es tal que constituye, como lo ha dicho FUSADES, un problema económico, social y político, convirtiéndose en una de las causas de la poca competitividad del país en el concierto de las naciones.

El Centro de Estudios Jurídicos, fiel a sus estatutos, demanda de las instituciones competentes que asuman a cabalidad la responsabilidad que les compete, promoviendo leyes y mecanismos de control y coordinación, que aseguren la plena vigencia del estado de derecho y una protección adecuada a la seguridad de la población. Y es que este Centro de Estudios siempre ha postulado por el imperio del derecho de tal manera que se resguarde y proteja los derechos de las personas, afectadas ahora por la falta de justicia y la persistencia de la impunidad.