Ineficacia del sistema de justicia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

No con sorpresa, pero sí con profunda preocupación se ha recibido el estudio del PNUD “Eficacia del sistema de justicia en el tratamiento de casos de homicidio” presentado el viernes 8 de junio en curso. Una de las conclusiones que más ha impactado es la de que si se comparan los casos extremos entre delitos cometidos, según el Instituto de Medicina Legal (1,020) y las sentencias condenatorias pronunciadas por delitos consumados (39), apenas se tiene un 3.8% de eficacia y eficiencia en la investigación del delito y condena del delincuente; lo que significa, por lo demás, el 96.1% de impunidad en los delitos de homicidio. En dicho estudio, se establece que la mayor responsabilidad recae en la Fiscalía y la PNC, aunque se señala que el 97% de los juzgados presentaba deficiencias.

Independientemente de las deficiencias que cualquiera pudiera señalarle al estudio, algunas fundadas y otras con la intención de demeritarlo, se reconoce en él un esfuerzo institucional serio para conocer la realidad —no la realidad virtual— que vive nuestro país, en el tema de la seguridad ciudadana.

El Gobierno no debe ver, como suele decirlo cuando alguien manifiesta una posición diferente, que se trata de un estudio con un interés político subyacente, restándole relevancia al mismo. Por otro lado, la oposición no debe hacer del estudio una pieza que contribuya a su plataforma de argumentaciones artificiosas contra los esfuerzos del gobierno en este campo. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, no debe desconocer una realidad que es de sobra conocida, diciéndonos simplemente que ya tienen una calificación de “buena calidad”. Y la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no deben hacer eco de las posiciones meramente políticas, sino recibir con responsabilidad institucional el estudio, desechar lo que ya se hubiere hecho, esforzarse en corregir lo que se señale como deficiencia y mostrar una actitud abierta frente a la sana y constructiva crítica ciudadana, que al final de cuentas es a la que le deben su actuación.

Ya este Centro de Estudios Jurídicos había señalado que la tendencia ascendente de la delincuencia y su evolución hacia formas cada vez más sofisticadas y complejas, tanto por la extensión de los hechos delictivos como la propensión a adoptar formas de crimen organizado, ha puesto en crisis al sistema de administración de justicia y ha generado graves perjuicios a la economía del país en múltiples aspectos, de lo que dan cuenta cotidianamente los medios de comunicación. La insuficiencia de las políticas y medidas aplicadas hasta hoy constituye un indicio inequívoco de que el auge delincuencial ha rebasado la capacidad del Estado para enfrentarlo con éxito y amenaza la esencia misma del Estado de Derecho, al propiciar la emisión de leyes que la experiencia histórica se ha encargado de desvirtuar por su ineficiencia y su incompatibilidad con un régimen de libertades constitucionales efectivo.

En estas circunstancias, esta institución, como lo ha sostenido anteriormente, considera impostergable la urgencia de abordar el problema delincuencial de una manera integral, procurando el consenso entre las instituciones responsables de administración de justicia, procurando la adopción de un marco legislativo penal que establezca con claridad la cooperación interinstitucional, sobre una base única de carácter jurídico, que permita clarificar y simplificar la participación eficaz de entidades como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el propio Órgano Judicial. Con esto se estaría evitando hacer nugatorio el esfuerzo de enjuiciamientos que terminan siendo ineficaces, por la falta de cumplimiento de aspectos puramente formales de esa participación institucional.

Así, pues, pensamos que es de verdadera responsabilidad patriótica abordar el tema delincuencial, dentro de una agenda de nación, despojados de intereses políticos y posiciones ideológicas; y sobreponiendo el interés de bien común.