De la ética gubernamental

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Los temas de transparencia y anticorrupción constituyen una de las profundas preocupaciones en el mundo moderno, ya que ocupan parte importante del debate actual por su incidencia directa en el desarrollo de la democracia. Solamente cuando hay transparencia y responsabilidad se puede hablar que las organizaciones y los liderazgos tienen fuerza moral suficiente para impulsar y fortalecer la escala de valores, la legalidad, el civismo y la justicia en nuestra sociedad.

La credibilidad de los gobernantes, concepto en el cual se incluye a los jefes de Estado y a los miembros de sus gabinetes, depende de sus esfuerzos para buscar la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de respuesta ante la queja ciudadana, todo lo cual constituye uno de los principales retos de la democracia. Sin embargo, cuando se presentan prácticas de corrupción se destruye tal reto, desde luego que, como bien se ha dicho, la corrupción en la administración pública es equivalente al cáncer, cuando es detectado y su diagnóstico nos arroja que es curable.

En este orden de ideas es que se habla de la Ética Gubernamental como el cumplimiento cabal de la función o empleo público, con riguroso apego a la Constitución, las leyes, los reglamentos o las disposiciones especiales válidas.

En El Salvador, la Ley de Ética Gubernamental tiene menos de un año de haber sido aprobada y el Tribunal de Ética Gubernamental menos de seis meses de haber sido constituido. Es indiscutible, entonces, que se ha dado un paso positivo en el esfuerzo de mantener o propiciar la ética en las actuaciones de los funcionarios y empleados públicos, especialmente después del vacío causado por la inexplicable resolución de la Corte Suprema de Justicia al haber prácticamente privado de sus facultades legales a la Sección de Probidad de la misma Corte, lo cual, en cierto modo dio al traste con toda efectividad que pudiera tener el sistema de probidad pública previsto por la Constitución de la República. Por lo demás, en estos momentos, era necesario un mecanismo de control de la corrupción, sobre todo si es que se quería optar a los Fondos del Milenio.

Así, pues, si bien es cierto que personalidades destacadas y de mucho prestigio han sido electas para ocupar los cargos del Tribunal de Ética Gubernamental, su esfuerzo e intención y el cumplimiento de los fines para los que ha sido creado dicho Tribunal de Ética solamente será posible si se cuenta con el apoyo decidido del propio Estado, y mediante una revisión de su Ley de Creación, a los propósitos de dotarla de una genuina autoridad y de la característica de vinculante de sus decisiones.

Y es que como puede advertirse de la ley, en buena parte, es una copia de un modelo extranjero, pero tiene deficiencias que deben subsanarse para adaptarla a nuestro sistema. El principal problema del tribunal, por el momento, es que no tiene suficiente autoridad para combatir la corrupción ni otras conductas impropias de los servidores públicos. Casi no tiene facultades de investigación de los casos denunciados, que debería tener muy amplias; en cambio, tiene facultades jurisdiccionales, ya que los casos que debe resolver según la ley, deben ser tratados como juicios contenciosos, en los que el denunciante debe aportar las pruebas contra el funcionario corrupto denunciado.

Pensamos entonces que este esfuerzo nacional no debe desperdiciarse; no debe quedar únicamente como una acción aislada en el combate de la conducta inmoral y delincuencial de aquellos que llegan al manejo de la cosa pública no a servir a los intereses de la sociedad, sino a procurarse su propio beneficio. En otras palabras, debe reforzarse el paso hacia el logro de que los funcionarios y empleados de la administración pública rijan todos sus actos por los principios de ética y conducta según lo dispone la ley, la moral y el orden público; exhibiendo el más alto grado de honestidad, integridad, imparcialidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus labores en el servicio público.