El Notariado como venta ambulante

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Ahora es frecuente ver ante oficinas jurídicas estatales, como centros judiciales, registros o el Ministerio de Hacienda, a alguien en mangas de camisa sentado ante una mesita plegable con una máquina de escribir, unas almohadillas, sellos y papeles, protegiéndose de los rayos del sol con una sombrilla o un toldo. Aunque a veces también vende golosinas y cigarrillos, no es un vendedor ambulante común y corriente; es un Notario de la República de El Salvador, investido de la potestad de dar fe de los actos de terceros con la plena autoridad estatal.

Ofreciendo sus servicios a los transeúntes para la redacción de escritos a presentar ante oficinas públicas y su autenticación, como cualquier otro comerciante informal brinda un producto de baja calidad, con frecuencia engaña al cliente y ejerce su función con total indiferencia de la ley. Su gran atractivo es, por supuesto, un precio irrisorio; algunos notarios que pululan alrededor de cierta oficina de tramitaciones de tránsito autentican documentos por veinticinco centavos y venden hojas en blanco firmadas y selladas por un dólar. Es la más burda comercialización de una función pública y no es honesta.

Esta es la total degeneración de una actividad a la que, por las implicaciones de los asuntos que trata, se le exige en todas partes del mundo unos niveles de ética y decoro profesional más altos que al común de las personas y es un fenómeno totalmente nuestro. Se dice que es producto de la inmoderada proliferación de abogados, resultante de la comercialización de la educación superior, que ha lanzado a un mercado sobresaturado a miles de abogados sin preparación suficiente ni moralidad, pero el fenómeno no se da en países como Costa Rica, que han experimentado un aumento de juristas mayor que el nuestro. No es una manifestación de “tercermundismo”, como se ha dicho, porque no se da ni se permitiría en un país de África Ecuatorial.

El notariado no es una profesión liberal, sino una función pública que debe ejercerse de conformidad con estrictos parámetros legales y no hay diferencia entre la situación descrita y la de un juez que ofreciera sus servicios en la vía pública a quien quiera resolver un litigio. Debe sujetarse a determinados estándares que la hagan dignificarse y mantener una imagen pública de acuerdo con su naturaleza y que genere confianza en ella.

En otras partes, los gremios profesionales exigirían la intervención del Estado, pero cuando hace algún tiempo tratamos el tema en la Federación de Asociaciones de Abogados, esta vio con indiferencia el problema y no se pronunció al respecto, olvidándose de uno de sus más importantes fines.

Es la oficina encargada de la vigilancia de las profesiones jurídicas, la Corte Suprema de Justicia, la que debería intervenir de oficio en función de la preservación del correcto ejercicio de esta función pública, pero este tribunal está enterado de la situación porque numerosas personas lo han hecho notar a sus magistrados, pero nada han hecho para resolver el problema. Aún con esto, algunos de ellos quieren confiar a los notarios la notificación de las resoluciones judiciales. Ya nos podemos imaginar los efectos de esto si no se aplica rigurosamente y sin miramientos la regulación disciplinaria de la materia.

El notariado como venta ambulante es el ejemplo extremo de la falta de control sobre el ejercicio de las profesiones jurídicas en el país, y se da por la total ausencia de voluntad en hacer cumplir la ley existente por puras razones personales. Lamentablemente, con esto los gremios jurídicos sufren desprestigio quizá irreparable, perjuicio económico y pérdida de credibilidad. Los perjudicados en última instancia son el Estado de derecho y, por consiguiente, todo el pueblo salvadoreño.