Protegiendo la libre competencia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Desde hace más de cincuenta años, la Constitución salvadoreña ha consagrado la libertad empresarial y la prohibición de monopolios, pero muy poco se hizo por mucho tiempo para hacer cumplir estas disposiciones.

La más importante medida fue tomada hace menos de tres años, con la aprobación de la Ley de Competencia, normativa indispensable para proteger el mercado y garantizar su correcto funcionamiento.

Tal legislación es un presupuesto de toda sociedad avanzada, pues los abusos que pueden darse en las prácticas comerciales acaban minando la misma libertad empresarial que garantiza la Constitución, y se tardó mucho en emitirla, con malas consecuencias para el pueblo salvadoreño, pero no es un secreto la hostilidad con la que fue recibida por algunos que consideran que la libertad de comercio consiste en libertad para ellos y no para los demás y en libertad para expoliar al consumidor sin límite alguno.

Cuando se emitió la ley no nos mostramos muy optimistas, pues veíamos que las funciones de investigación de la Superintendencia de Competencia eran muy limitadas para el cumplimiento de su función y las sanciones que podía imponer eran irrisorias. Sin embargo, el pasado miércoles vimos con gran satisfacción la primera resolución en materia de defensa de la libre competencia emitida por la oficina, ordenando el cese de prácticas anticompetitivas, resultantes del abuso de posición dominante en el mercado de empresas de distribución de energía eléctrica y sancionando con multas a las responsables.

La superintendencia comienza a cumplir su labor y lo hace bien, y si logra demostrar que es una entidad que debe ser tomada en serio, será un éxito.

También vemos con beneplácito que entre los proyectos de ley presentados por el presidente de la República a la Asamblea Legislativa el 1.º de junio pasado hay un proyecto de reformas a la Ley de Competencia dándole potestades que reforzarían sus facultades investigativas, que le permitirían actuar preventivamente para proteger la libre competencia y que aumentarían las sanciones que puede imponer.

Esperamos que nuestros diputados, en un gesto de racionalidad y patriotismo, las aprueben con prontitud.

Desde luego, han comenzado las críticas a dicho proyecto de reformas, en especial a las sanciones propuestas, que en algunos casos consistirían en una porción de los ingresos anuales de la empresa sancionada.

Se alega que son confiscatorias porque harían quebrar a las empresas. Se debe contestar que sanciones aún más fuertes son impuestas en todas partes a los agentes económicos que infringen el régimen de libre competencia, y ninguno, que nosotros sepamos, ha alegado que lo hayan hecho quebrar. Por otra parte, las sanciones propuestas, si se llegan a aprobar, serían aún las más bajas contempladas en las leyes de protección de la libre competencia en toda América Latina.

Una intención de continuar con prácticas anticompetitivas está detrás de mucha oposición a las reformas.

Con las sanciones existentes en la actualidad, para ciertas empresas sería más productivo pagar una multa cada año y continuar infringiendo la ley que cumplirla, y tal situación no puede permitirse. Las sanciones deben disuadir a los infractores de continuar su conducta y no deben preocupar a los comerciantes honestos. El homicidio agravado está sancionado con prisión hasta de cincuenta años y ello no ha quitado un segundo de sueño a las personas decentes que tienen la seguridad que nunca se aplicará esa dura ley a ellas. Igualmente, los comerciantes respetuosos de la ley no tienen por qué temer que haya altas sanciones en la Ley de Competencia.