lunes, 5 de noviembre de 2007

No me den; pónganme donde haya

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


En 1994 se emitió la Ley del Régimen de Previsión y Seguridad Social del Abogado, que creó una institución oficial autónoma, la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (CAMUDASAL), culminando una larga lucha gremial por un sistema de seguridad social para los profesionales del Derecho del país. Aunque es anterior a la reforma integral del sistema previsional, continúa funcionando como un esquema complementario que produce muchos beneficios a sus afiliados y otorga prestaciones que han ido aumentando con los años.


CAMUDASAL fue el resultado de una lucha idealista, por lo que ha sido dirigida por profesionales honorables con un elevado espíritu de servicio, que la han convertido en una institución eficiente y la han dotado de una administración sólida y honesta. Sin embargo, dado que la mayoría de sus directores son elegidos por las asociaciones de abogados del país, muchas de las cuales han dejado el trabajo a favor de la superación gremial y se han convertido en grupos minúsculos que pretenden solo usarlas como plataformas para acceder a cargos públicos y participar así en la repartición del pastel del Estado, se han dado situaciones preocupantes que han provocado reservas en algunos abogados.


El consejo directivo actual, en su mayor parte, es un reflejo de la situación de las asociaciones gremiales y nada lo indica mejor que el proyecto de reformas a la ley que han enviado a la Asamblea Legislativa. Ahora bien, CAMUDASAL no tiene iniciativa de ley, según la Constitución y, como institución autónoma que es, enlaza con el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda. Si quería reformar la ley, tenía que remitir a este el proyecto correspondiente y solicitar que el titular de la cartera lo aprobara y le diera iniciativa. En cambio, lo remitió a la Asamblea con una nota, que ni siquiera suscribe el director nombrado por el ministerio, con la esperanza de que algún diputado le diera iniciativa, y, en efecto, así se hizo. ¡Cómo deben estarse burlando de nuestros parlamentarios!


Lo importante, sin embargo, no es la falta de respeto a las jerarquías administrativas y al ministro, sino el contenido del proyecto. Algunas propuestas de reforma solo pretenden corregir problemas de la institución o facilitar sus procedimientos, pero otras hacen que venga a la mente la frase que constituye el título de este artículo.


Con una de las reformas, los directores pretenden aumentar las dietas que perciben por asistencia a las sesiones del consejo, pero no se trata de un simple ajuste debido a la inflación, sino que pretenden casi quintuplicarlas; de 2,000 colones (228.57 dólares) hasta 1,100 dólares. Además, pretenden aumentar el período de sus cargos de dos a cinco años, aduciendo que esto es necesario “para obtener buenos resultados en el plan trazado”, aunque no está claro a qué plan se refieren, y que tal es el período de los directores de otras instituciones. Para asegurarse de gozar las jugosas dietas por el mayor tiempo posible, solicitan que la reforma se haga retroactiva y se aplique a los miembros del consejo directivo actual, que iniciaron sus funciones en marzo pasado.


La mayoría de los directores nombrados por las asociaciones para integrar el consejo directivo de CAMUDASAL tienen escasa o ninguna experiencia en cuestiones financieras; están en el cargo por su influencia en las asociaciones que los nombran. Tampoco el tiempo que dedicarán a la institución justificará el aumento que pretenden. La propuesta obedece nada más al deseo de explotar a la institución en provecho propio.


Teniendo en cuenta que han sido elegidos para velar por el correcto manejo y la protección de los fondos de la institución y que estos provienen de los aportes hechos por sus colegas, la situación es especialmente repulsiva. Las reformas deben ser rechazadas y es hora de que los afiliados y el Gobierno estén muy vigilantes sobre CAMUDASAL.

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