ENADE y las concesiones

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El Encuentro Anual de la Empresa Privada (ENADE), realizado por ANEP en noviembre de cada año, se ha convertido en uno de los más importantes acontecimientos para pulsar la opinión pública de nuestro país y mostrar al Gobierno las iniciativas y aspiraciones del sector que mantiene nuestra economía en funcionamiento. Su octava edición, llevada a cabo el martes pasado da, como siempre, lugar a numerosas consideraciones jurídicas; por ejemplo, el Órgano Judicial resultó nuevamente la institución peor evaluada en su desempeño por los empresarios del país. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un discurso que siguió a esta exposición, relató supuestas maravillas realizadas en la administración de justicia, provocando reacciones de incredulidad. Pero es otro tema el que queremos tratar aquí.

Un sector entero del documento de propuestas de ENADE está dedicado al fomento de un sistema de concesiones y su principal punto es la emisión de una nueva ley de concesiones.

Hace un mes publicamos en esta columna un artículo denominado “La ley no es el problema”, en el que nos referimos a recientes propuestas relativas a cambiar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) porque, según se dice, esta no es suficiente para garantizar el honesto manejo de los fondos del erario y nosotros alegamos que tal reforma no era necesaria.

Lo que se requiere es cumplir la ley a cabalidad, cumplir las numerosas leyes que regulan la probidad pública, y para esto necesitamos una nueva ley que garantice la transparencia de la función pública dando acceso a la información en manos del Estado. Nos referimos expresamente al régimen de concesiones de contenido en la LACAP, indicando que no es necesario su cambio, sino garantizar que su aplicación se realice con total honestidad.

Es obvio que no fuimos escuchados. Nadie ha podido decirnos qué tiene de malo la regulación de las concesiones en la ley actual, sino que parece ser que, siguiendo un mal hábito salvadoreño, al impulsarse una iniciativa se quiere una nueva ley sobre la materia, en vez de aplicar la existente.

Resulta sorprendente la poca atención que el auditorio prestó al excelente discurso del antiguo secretario general de la Presidencia de Chile, Eduardo Dockendorff. Lo que quedó en la mente de muchos fue la descripción de los innegables e impresionantes logros realizados en el país sureño con el impulso de un sistema de concesiones. Muy pocos prestaron atención cuando explicó cuál fue la precondición de ese éxito y del apoyo que le han dado todos los sectores sociales del país: el proceso se realizó en un marco de transparencia total.

Está sobradamente comprobado que el régimen de concesiones de obras públicas es el más efectivo y económicamente eficiente para impulsar la modernización de la infraestructura de un país, fomentar el crecimiento económico que esto conlleva y satisfacer eficientemente las necesidades públicas a llenar con dichas obras. También está sobradamente comprobado que, si no es realizado con la debida transparencia y probidad, no hay nada mejor que el régimen de concesiones para expoliar la riqueza de una nación, para perjudicar a los ciudadanos indefensos ante los poderosos y para enriquecer a costa de los mismos a quienes pueden, y tienen la falta de honradez para ello, pagar o recibir sobornos, hacer uso de tráfico de influencias y carecen del patriotismo necesario para pensar en los intereses públicos y de las cualidades humanitarias para considerar la situación de los menos afortunados.

¿Reproduciremos en El Salvador el éxito chileno o crearemos una nueva instancia de corrupción, quizás mayor de las que hemos visto hasta ahora? La respuesta está en manos del Gobierno y de ANEP.