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Recientemente estuvieron en la Cátedra de Derecho de la UCA los candidatos presidenciales de los dos partidos políticos mayoritarios (FMLN y ARENA) y ambos —por separado— mantuvieron discursos bastante parecidos en temas relevantes, al grado que quien no los conozca pudo pensar que pertenecen al mismo partido.
Uno de los temas comunes fue la crítica a las formas de nombramientos de los funcionarios de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, el presidente de la Corte de Cuentas y el fiscal general de la República.
Los aspirantes a la Presidencia de la República reconocieron como práctica común la designación para estos cargos de personas que sin importar su desempeño profesional dan muestras de ciegas lealtades partidarias y aceptaron que sus partidos se han distribuido los puestos e incluso instituciones completas, de modo proporcional a la cuota de influencia que ejercen en el escenario político.
Estos mecanismos de selección han puesto en grave riesgo la estabilidad moral del Estado, puesto que viola el principio ético de la supremacía del interés público sobre el provecho de personas o sectores determinados; aunque hay honrosas excepciones que demuestran que cuando los políticos toman decisiones a favor de la sociedad y no de los grupos que representan, los resultados positivos son visibles de inmediato.
Ciertamente los candidatos saben que ese reparto de cargos públicos ha constituido una de las razones principales para el deterioro de las instituciones, sobre las que existe poca confianza y credibilidad ciudadana.
Desde hace algún tiempo venimos contemplando el mediocre comportamiento de muchos funcionarios y al vencer sus períodos para el que fueron electos creemos que difícilmente aparecerá otro con tan pésimas cualidades. Y nos equivocamos, pues nombran otros impensables, al grado que terminamos echando de menos a los anteriores. Definitivamente no se ha pensado en el país a la hora de hacer tales nombramientos.
Instituciones completas han venido a menos, gracias a ese perverso método de nombramiento. Muchos, como los últimos fiscales generales, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que no se les conoció ningún mérito previo, han conducido los cargos a tal deterioro sistemático que llevará buen tiempo recuperar la imagen institucional.
Pero la novedad presentada por los candidatos es que de llegar al poder, esos mecanismos para nombrar funcionarios no seguirán más. Ambos sostuvieron que prevalecerán las capacidades académicas, la trayectoria profesional, la transparencia y la honestidad demostradas. Aplaudimos este anuncio y estamos convencidos de que constituye un primer paso para esperar transformaciones de fondo en la gestión pública.
Sin emocionarnos demasiado porque en campaña se ofrecen muchas cosas, nos parece una buena noticia ahora que se acercan precisamente las elecciones del fiscal general de la República y de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para integrar la Sala de lo Constitucional, quienes tomarán posesión a mediados del próximo año.
Se comenta insistentemente que algún sector está interesado en que los anteriores nombramientos se hagan por la actual legislatura. Esta es una mala señal y un presagio de viejas componendas políticas. De modo que los candidatos en mención deben desde ya hacer realidad sus promesas que divulgan a los cuatro vientos e impedir que por un lado ellos transmitan esperanzas mientras otros en silencio continúen con los acostumbrados y nefastos repartos.
De convertirse en realidad la oferta de los candidatos presidenciales, esperamos que vayan desapareciendo por siempre la ansiedad que sufren algunos abogados por aspirar a cargos importantes, celebrando excesivamente eventos sociales para ganar adeptos, gestionando para que alguien le otorgue distinciones honoríficas que no merece, placas de reconocimientos o medallas por méritos no logrados o la desagradable costumbre de hacerse publicidad personal.
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1 comentario:
Tarea urgente: Restaurar las instituciones del Estado.
Sobre el tema, es atinente recordar las declaraciones de Ciro Cruz Zepeda, Secretario general del PCN, partido que tiene, para mal, la llave legislativa... Éste aseguró que la derecha tiene en su poder los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la Fiscalía, la Procuraduría general, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, lo cual, lastimosamente, es cierto...
Lo preocupante de lo anterior es que estamos en presencia de una situación que afecta la institucionalidad democrática salvadoreña, pues hace que ésta no responde a los intereses de la población... Institucionalidad que no resuelve ni coadyuva a solucionar la problemática nacional, ni que cumple su mandato constitucional, más bien, tenemos una institucionalidad más preocupada por tutelar y potenciar los intereses del sector al que pertenecen sus titulares, con un claro abuso del poder estatal...
Es claro que los que dirigen la institucionalidad responden a una lógica de pensamiento fundada en una cosmovisión de la realidad que en estos momentos de la historia ya no es tolerable... Es decir, aún se ve al Estado como un patrimonio personal, sujeto de apropiación exclusiva de un sector de la sociedad y no como la institución al servicio de todos.
El mayor problema viene en cuanto a nuestro sistema constitucional-democrático, pues, la división de funciones de gobierno no cumple su objetivo primario, cual es, depositar en diferentes detentadores el poder estatal... Es decir, en nuestro país no se da el checks and balances- frenos y contrapesos- que la Constitución plantea... Verbigracia, la Asamblea no juega el papel de freno del Ejecutivo y viceversa… La Fiscalía no se convierte en garante de la legalidad, etc…
El mejor ejemplo puede verse cuando el Banco Mundial en su último informe sobre la situación del Estado de derecho en el país reveló que existe una interferencia o injerencia negativa del Órgano Ejecutivo en el desarrollo de las funciones del Órgano judicial.
Era de esperar que el Presidente negara tal conducta, alegando que él es respetuoso de la independencia funcional y material de los Órganos de Estado que la Constitución plantea... A la luz de dicha aseveración, vale remarcar la innegable injerencia directa por parte del Presidente de la República en cuanto a la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa; lo anterior se convierte en un sobre-poder de hecho para tal funcionario... Esta intromisión es imposible de refutar y demuestra a su vez que existe del lado del Presidente un irrespeto de la independencia de funciones.
Es de rigor afirmar que, si esto es así, es debido a la voluntad del pueblo salvadoreño expresada en las urnas... Tampoco la solución es que todo el poder debe de entregársele a la izquierda representada en el FMLN, pues tendríamos situación similar sólo que desde la izquierda.
Para que las instituciones democráticas ejerzan sus funciones con el bien común como horizonte, es necesaria una refundación de éstas, empezando por “despojar” a los que hoy detentan tal poder... Replantear la misión y visión de las instituciones... Poner al frente de éstas a los ciudadanos más capaces... Reformar, de ser necesario, el marco jurídico que las crea.
La vía requerida es la electoral... Es así que surge la necesidad de una fuerza política progresista que entienda el estado de cosas y las salidas para tal situación... Esta fuerza retomaría el papel del PCN en el sistema político y se convertiría en el moderador de las intenciones y ambiciones del partido que logre mayor cuota de poder en la Asamblea... Sería de algún modo el catalizador de los cambios de las actitudes políticas... Y tendría que impulsar la tan necesaria reforma del Estado, para convertirlo en lo que debe de ser: El garante de una vida digna, del respeto de nuestros derechos y el ingeniero de nuestro desarrollo... ¿Qué partido tendrá la capacidad y la voluntad para jugar este delicado y necesario papel?
El poder que niega los cambios decide tras bastidores el futuro de todos y por eso creo que ya movilizó a su égida para mantener su forma de vida intacta, bajo el amparo del ropaje democrático.
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