¿Qué nos espera para el año 2010?

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Nos encontramos en la víspera del cierre de otro año y como nos sucede siempre, nos invaden sentimientos, preocupaciones, inquietudes, angustias y achaques, respecto de lo que nos depara el futuro. Pero para este año venidero, esa mezcla de pensamientos y otros se ve muy agudizada, posiblemente para la mayoría de los salvadoreños. Son una minoría los que se sienten optimistas y seguros para iniciar el dos mil diez.

No es para menos, dadas las circunstancias acaecidas este año que finaliza, los salvadoreños hemos vivido una camándula de hechos difíciles de sobrellevar.

La crisis económica mundial, que se supone ya hubo tocado fondo este año y ojalá así sea, golpeó a nuestros compatriotas en el exterior y consecuentemente disminuyeron sustancialmente las abnegadas remesas giradas a sus familiares. Ello por supuesto tuvo su efecto inmediato aquí en muchas personas acostumbradas a recibir su dinerito cada mes.

Además, esa crisis devastadora a escala mundial, entre algunos de los otros efectos, ha dejado sin empleo a miles y miles de personas; los salvadoreños no han sido inmunes a tal padecimiento.

Todo lo que a los cuscatlecos les ha tocado vivir en su terruño ha sido de verdad angustioso; si no es por una cosa, es por otra, pero nadie se ha salvado. A cada cual le ha tocado una cuota, ya sea que haya sido víctima de una extorsión, ya sea que haya perdido su trabajo a raíz del cambio de gobierno o a seres queridos por causa de la delincuencia. Peor aún, aquellos que han perdido seres queridos, su casa y todas sus pertenencias, por hechos criminales o por el devastador fenómeno natural que castigó nuestro territorio, e incluso habrá aquellos a los que les han pasado todos esos males en un “combo”.

En la esfera política, por primera vez el Poder Ejecutivo (“Órgano” para quienes prefieren tal terminología) es conducido por un partido político de izquierda, balanceado en teoría, por la moderación que le introduce el presidente del país y su equipo de amigos colaboradores. Sin embargo, a muchos salvadoreños les asusta la dualidad del discurso que los representantes del Ejecutivo están manejando, en aspectos determinantes para todos los salvadoreños, que pudieron haber valorado de haberlos conocido antes de emitir su voto, tanto a favor o en contra del FMLN o de ARENA, o de cualquiera de los partidos minoritarios.

Por otro lado, el partido de derecha ha sido el protagonista de una lucha interna feroz, a raíz de la cual han salido a relucir tantos temas de falta de probidad, que ya los salvadoreños no saben a quienes o en quienes creer. Como se dice en buen castellano, “se han sacado los trapos al sol” y no han aplicado el dicho “la ropa sucia se lava en casa”.

Lo cierto es que siempre los puntos claves vuelven a saltar a nuestra vista: la evidente corrupción, impunidad, la falta de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, prevención y en general, institucionalidad en el país, son los aspectos que se han vuelto el pan de cada día para los salvadoreños.

Pese a este sombrío escenario, salta también a la vista, el espíritu combativo y la sabiduría natural que caracteriza a este valiente pueblo, que lucha contra las adversidades y al que no tan fácil se le engaña. Ello constituye la fuente generadora de un optimismo para el inicio del otro año. Ese pueblo que constituye la sociedad y el elemento humano del Estado de El Salvador debe permanecer vigilante, alerta, activo y ejercer el control social, en busca de la superación de las causas estructurales que le ocasionan grave daño.

El Centro de Estudios Jurídicos se compromete a seguir siendo un instrumento de control social y el centinela del imperio del derecho el próximo y en años futuros.

La partida secreta

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Es muy conocido en el medio salvadoreño el término “partida secreta”, pero muy pocos manejan su fundamento jurídico y aún menos su forma de administración y finalidad dentro de la Administración Pública.

Debe aclararse que el ropaje legal de esta figura poco transparente por antonomasia deviene del artículo 2 de la Ley del Presupuesto General del Estado, el cual faculta al Órgano Ejecutivo, para que a través de un acuerdo del Ministerio de Hacienda, autorice la transferencia de recursos del presupuesto general del Estado, aprobado previamente por la Asamblea, para atender gastos imprevistos del Ejecutivo.

La disposición antes citada, como ya lo han sostenido algunos juristas, pareciera tener vicios de inconstitucionalidad, pues permite de forma arbitraria realizar transferencias de una cartera del Estado a otra, en un presupuesto que ya fue aprobado por la Asamblea, bajo un esquema establecido.

Asimismo, llama la atención el concepto indeterminado “gastos imprevistos”, el cual se presta para utilizar el dinero del pueblo en cualquier gama que al Ejecutivo se le ocurra. Basta recordar los recientes escándalos sobre el manejo abusivo de tales fondos, por la administración anterior, en donde todos nos cuestionamos qué de “imprevistos” o urgentes pudieron tener los gastos en publicidad.

La posición de rechazo a tal figura perversa siempre ha sido sostenida por el Centro de Estudios Jurídicos. Así, el once de enero de mil novecientos noventa y nueve, publicamos en este mismo espacio el artículo “Un presupuesto de partidas secretas” condenando tajantemente esta irregularidad y nos hemos referido al tema en una docena de artículos desde entonces.

Es de mencionar que durante mucho tiempo, la oposición política de este país denominó “partidas secretas” y condenó a las llamadas “partidas de gastos imprevistos”. Pero tales erogaciones no eran secretas, sino que estaban en el presupuesto estatal y eran aprobadas por la Asamblea Legislativa, y son supuestamente necesarias para cualquier gobierno. En el presupuesto de mil novecientos noventa y seis, sin embargo, se incluyó una disposición que permitía al Ministerio de Hacienda aumentar la partida de gastos imprevistos, ubicada ahora en el presupuesto de ese ramo, pero a disposición del presidente de la República, con los ahorros de otros ramos de la Administración sin intervención de la Asamblea Legislativa ni su publicación en el Diario Oficial. Tal disposición se ha mantenido en todos los presupuestos desde entonces. Esto no solo viola la Constitución, sino que, dada la falta de rendición de cuentas de la administración que existe en nuestro país, la partida de imprevistos se convirtió en una verdadera partida secreta, tanto en cuanto a su monto como en cuanto a su destino. Infinidad de irregularidades y delitos pueden haberse cometido gracias a esto.

En este orden, durante la campaña presidencial, la otrora oposición fue muy crítica del uso de las partidas secretas, ofreciendo un cambio hacia un verdadero Estado de Derecho y un combate frontal a la corrupción, promesas que hemos oído en todas las campañas presidenciales de todos los candidatos de todos los partidos políticos y que han quedado olvidadas cuando llegan al poder. Sin embargo, creemos que nuestro actual presidente y el actual partido de gobierno tienen ahora la oportunidad histórica de demostrar que ellos son diferentes; que ha llegado un hombre honesto y respetuoso de la ley al poder, respaldado por un partido que cumple lo que promete. Tenemos la esperanza que la Administración actual dé una enseñanza de política pública de altura y demuestre transparencia con un acto sin precedente en El Salvador: la eliminación de la partida secreta. De esta manera, se abrirán las puertas a la honestidad y a la probidad en el manejo de la cosa pública, pues de otra forma corremos el riesgo que nos advierte el viejo y sabio adagio popular: “En arca abierta hasta el justo peca”.

La reforma fiscal y sus efectos

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Dura es la ley, pero es la ley, reza el viejo aforismo jurídico respecto a la estricta observancia de la norma legal y que implica entenderla en su sentido más estricto. Sin embargo, aún y cuando sea cierto que las reglas de derecho deben llenar requisitos formales de validez, como su proceso de formación, debemos tener presente que el Derecho no existe como ente abstracto y etéreo, y muy por el contrario, se constituye como la capa que envuelve y regula la vida en sociedad y por medio de la cual se da vida a las políticas públicas.

Así, no es un secreto que en los últimos años se ha emitido una cantidad descomunal de leyes, las cuales están produciendo actualmente una diversidad de secuelas colaterales que en su mayoría no fueron calculadas ni previstas por los legisladores y sus asesores. Hemos visto desfilar regulaciones estatales en diversos temas que afectan directamente a la sociedad y al mercado, pero, parece que en nuestro país no existe una revisión y un estudio a fondo de las implicaciones económicas y sociales de las asistemáticas regulaciones que se dictan.

Como muestra de lo anterior, hacemos referencia al proyecto de reformas tributarias el cual se reviste de gran importancia no solo por sus efectos referentes a la Hacienda Pública, sino también por el resultado distorsionador que puede generar este tipo de regulaciones.

Dentro del proyecto que hoy comentamos, únicamente se aborda el tópico de la recaudación fiscal como si este fuera el único ámbito afectado con la regulación. ¿Se ha considerado realmente el impacto de gravar los intereses de los depósitos, desde una perspectiva del incentivo al ahorro, en términos macroeconómicos? ¿Se ha ponderado de alguna forma el impacto a la inversión que genera un aumento en costos para las empresas en general? ¿Se han hecho explícitas las repercusiones en los precios de mercado que la reforma podría acarrear? Estos y otros tópicos deberían sustentar la justificación de cualquier norma de carácter financiero o económico, especialmente en el contexto que vive el mundo en estos momentos y partiendo de la premisa del sistema económico como un todo articulado, en el cual la manipulación de un elemento desencadena reacciones en otro. Por ejemplo, los impuestos a bienes y servicios suelen ser trasladados a los consumidores.

Resulta claro entonces que existe una interacción entre los objetivos de recaudación y los de reactivación y dinamización de la economía. Pero mientras el Ejecutivo aboga por los primeros y la oposición por los segundos, no existe claridad si el Gobierno ha ponderado de manera seria y técnica las derivaciones de perseguir uno u otro objetivo dadas las condiciones actuales de nuestro país.

Entonces, si bien es cierto que el orden económico perseguido por la Administración Pública debe responder a principios de justicia social (equidad), también es cierto que debe promoverse el desarrollo económico y social, mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos (eficiencia). Lo importante es saber cuándo inclinar la balanza por una o por otra, dependiendo de los factores que subyacen en la acción gubernamental. Nuevamente, es imprescindible que una parte de este análisis esté sustentado en principios económicos y no en discusiones ideológicas o partidistas.

Es necesario, por tanto, que no seamos miopes respecto al papel que juega el ordenamiento jurídico y que comprendamos que de la calidad en las regulaciones que se realicen depende gran parte del desarrollo económico de nuestro país.

El Centro de Estudios Jurídicos considera necesario revisar la eficacia y eficiencia de la recaudación fiscal y la equitativa distribución de la carga tributaria, pero de forma coherente a la realidad y reflexionando sobre los aspectos que puedan afectar al sector obrero y a la clase media.

Rescate de valores en tiempos de crisis

Centro de Estudios Jurídicos / por el Imperio del Derecho

Los recortes presupuestarios que han sufrido casi todas las instituciones vinculadas al sector justicia, como el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y otros, afectarán gravemente el desempeño de dichas entidades si no se produce un verdadero aprovechamiento de los escasos recursos.

Esto pasa necesariamente por escoger como prioridades aquellas líneas de acción que repercutan en la búsqueda de las finalidades que persigue cada institución. Si en algún momento hubo abundancia de recursos para no escatimar gastos en asuntos que no eran de la naturaleza de la función, ahora deben ser eliminados radicalmente. Por ejemplo, las fiestas que implicaban cuantiosos costos, los viajes personales disfrazados de misión oficial, las contrataciones innecesarias de personal y la duplicidad de funciones dentro de las mismas oficinas. Claro, sin mencionar todavía, los actos de corrupción que tradicionalmente se producen por los mismos funcionarios y empleados públicos. Estos asuntos viciados absorben parte importante de los recursos estatales y que ahora deben ser destinados estrictamente al desempeño institucional. Todos debemos convertirnos en vigilantes del buen uso de los dineros del pueblo.

Cuando nos referimos a la utilización racional de los recursos, no solo hacemos alusión a la eliminación de aspectos suntuosos dentro de la administración pública, sino también, a los descritos por el Tribunal de Ética Gubernamental en sus Políticas de Uso Racional de los Recursos del Estado o del Municipio, como el servicio de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. Limitar a lo necesario el uso de internet dentro de las oficinas y suprimir los sitios de entretenimiento. A propósito de la época en que nos hallamos, el artículo 15 de las citadas Políticas establece el deber de “evitar las tarjetas navideñas con fondos del Estado”.

El reto es grande: ser más eficaces con menos recursos. Sobre todo en este momento en el que una de las mayores preocupaciones de la sociedad salvadoreña es la inseguridad física y jurídica. Es decir, el constante temor a ser víctima de ataques contra la vida, la integridad, nuestro patrimonio y otros bienes jurídicos. Paralelamente, se percibe en la población una falta de confianza suficiente en la policía, los fiscales y los jueces. Por tanto, no parece justo que se deje de atender estas prioridades para satisfacer el disfrute personal de un servidor público.

Asimismo, ningún salario dentro del aparato estatal, aunque sea de primer rango, es suficiente para patrocinar a un funcionario decente la adquisición de muchos bienes de alto valor, una vida llena de lujos ni para incrementar en forma desmedida las cuentas bancarias, por muy organizada que lleve sus finanzas. De modo que cualquier autoridad que posea recursos excesivos adquiridos exclusivamente por su desempeño laboral es candidato para que sea sometido a investigación por parte de la Fiscalía, Corte de Cuentas o cualquier otra institución instaurada para esos fines.

En la abundancia o en el desorden administrativo afloran la arbitrariedad, el despilfarro, las trampas para enriquecerse ilícitamente de los fondos públicos y el mal uso de los recursos. Sin embargo, hoy vivimos tiempos de austeridad, pero eso no significa paralización del Estado ni tampoco desmejora en la prestación de los servicios públicos. Esta crisis económica debemos enfrentarla con creatividad; y aprovecharla para rescatar valores personales que han de caracterizar al empleado público, como la honestidad, responsabilidad, disciplina, eficacia y rendición de cuentas. Esperamos que estas limitaciones dentro de la hacienda pública contribuyan a forjar funcionarios conscientes de lo que significa administrar recursos que pertenecen a todos los salvadoreños; y que los encargados de la persecución penal –policía, fiscales y jueces– se vuelvan intolerantes frente a los actos de corrupción.