La reforma fiscal y sus efectos

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Dura es la ley, pero es la ley, reza el viejo aforismo jurídico respecto a la estricta observancia de la norma legal y que implica entenderla en su sentido más estricto. Sin embargo, aún y cuando sea cierto que las reglas de derecho deben llenar requisitos formales de validez, como su proceso de formación, debemos tener presente que el Derecho no existe como ente abstracto y etéreo, y muy por el contrario, se constituye como la capa que envuelve y regula la vida en sociedad y por medio de la cual se da vida a las políticas públicas.

Así, no es un secreto que en los últimos años se ha emitido una cantidad descomunal de leyes, las cuales están produciendo actualmente una diversidad de secuelas colaterales que en su mayoría no fueron calculadas ni previstas por los legisladores y sus asesores. Hemos visto desfilar regulaciones estatales en diversos temas que afectan directamente a la sociedad y al mercado, pero, parece que en nuestro país no existe una revisión y un estudio a fondo de las implicaciones económicas y sociales de las asistemáticas regulaciones que se dictan.

Como muestra de lo anterior, hacemos referencia al proyecto de reformas tributarias el cual se reviste de gran importancia no solo por sus efectos referentes a la Hacienda Pública, sino también por el resultado distorsionador que puede generar este tipo de regulaciones.

Dentro del proyecto que hoy comentamos, únicamente se aborda el tópico de la recaudación fiscal como si este fuera el único ámbito afectado con la regulación. ¿Se ha considerado realmente el impacto de gravar los intereses de los depósitos, desde una perspectiva del incentivo al ahorro, en términos macroeconómicos? ¿Se ha ponderado de alguna forma el impacto a la inversión que genera un aumento en costos para las empresas en general? ¿Se han hecho explícitas las repercusiones en los precios de mercado que la reforma podría acarrear? Estos y otros tópicos deberían sustentar la justificación de cualquier norma de carácter financiero o económico, especialmente en el contexto que vive el mundo en estos momentos y partiendo de la premisa del sistema económico como un todo articulado, en el cual la manipulación de un elemento desencadena reacciones en otro. Por ejemplo, los impuestos a bienes y servicios suelen ser trasladados a los consumidores.

Resulta claro entonces que existe una interacción entre los objetivos de recaudación y los de reactivación y dinamización de la economía. Pero mientras el Ejecutivo aboga por los primeros y la oposición por los segundos, no existe claridad si el Gobierno ha ponderado de manera seria y técnica las derivaciones de perseguir uno u otro objetivo dadas las condiciones actuales de nuestro país.

Entonces, si bien es cierto que el orden económico perseguido por la Administración Pública debe responder a principios de justicia social (equidad), también es cierto que debe promoverse el desarrollo económico y social, mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos (eficiencia). Lo importante es saber cuándo inclinar la balanza por una o por otra, dependiendo de los factores que subyacen en la acción gubernamental. Nuevamente, es imprescindible que una parte de este análisis esté sustentado en principios económicos y no en discusiones ideológicas o partidistas.

Es necesario, por tanto, que no seamos miopes respecto al papel que juega el ordenamiento jurídico y que comprendamos que de la calidad en las regulaciones que se realicen depende gran parte del desarrollo económico de nuestro país.

El Centro de Estudios Jurídicos considera necesario revisar la eficacia y eficiencia de la recaudación fiscal y la equitativa distribución de la carga tributaria, pero de forma coherente a la realidad y reflexionando sobre los aspectos que puedan afectar al sector obrero y a la clase media.