Rescate de valores en tiempos de crisis

Centro de Estudios Jurídicos / por el Imperio del Derecho

Los recortes presupuestarios que han sufrido casi todas las instituciones vinculadas al sector justicia, como el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y otros, afectarán gravemente el desempeño de dichas entidades si no se produce un verdadero aprovechamiento de los escasos recursos.

Esto pasa necesariamente por escoger como prioridades aquellas líneas de acción que repercutan en la búsqueda de las finalidades que persigue cada institución. Si en algún momento hubo abundancia de recursos para no escatimar gastos en asuntos que no eran de la naturaleza de la función, ahora deben ser eliminados radicalmente. Por ejemplo, las fiestas que implicaban cuantiosos costos, los viajes personales disfrazados de misión oficial, las contrataciones innecesarias de personal y la duplicidad de funciones dentro de las mismas oficinas. Claro, sin mencionar todavía, los actos de corrupción que tradicionalmente se producen por los mismos funcionarios y empleados públicos. Estos asuntos viciados absorben parte importante de los recursos estatales y que ahora deben ser destinados estrictamente al desempeño institucional. Todos debemos convertirnos en vigilantes del buen uso de los dineros del pueblo.

Cuando nos referimos a la utilización racional de los recursos, no solo hacemos alusión a la eliminación de aspectos suntuosos dentro de la administración pública, sino también, a los descritos por el Tribunal de Ética Gubernamental en sus Políticas de Uso Racional de los Recursos del Estado o del Municipio, como el servicio de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. Limitar a lo necesario el uso de internet dentro de las oficinas y suprimir los sitios de entretenimiento. A propósito de la época en que nos hallamos, el artículo 15 de las citadas Políticas establece el deber de “evitar las tarjetas navideñas con fondos del Estado”.

El reto es grande: ser más eficaces con menos recursos. Sobre todo en este momento en el que una de las mayores preocupaciones de la sociedad salvadoreña es la inseguridad física y jurídica. Es decir, el constante temor a ser víctima de ataques contra la vida, la integridad, nuestro patrimonio y otros bienes jurídicos. Paralelamente, se percibe en la población una falta de confianza suficiente en la policía, los fiscales y los jueces. Por tanto, no parece justo que se deje de atender estas prioridades para satisfacer el disfrute personal de un servidor público.

Asimismo, ningún salario dentro del aparato estatal, aunque sea de primer rango, es suficiente para patrocinar a un funcionario decente la adquisición de muchos bienes de alto valor, una vida llena de lujos ni para incrementar en forma desmedida las cuentas bancarias, por muy organizada que lleve sus finanzas. De modo que cualquier autoridad que posea recursos excesivos adquiridos exclusivamente por su desempeño laboral es candidato para que sea sometido a investigación por parte de la Fiscalía, Corte de Cuentas o cualquier otra institución instaurada para esos fines.

En la abundancia o en el desorden administrativo afloran la arbitrariedad, el despilfarro, las trampas para enriquecerse ilícitamente de los fondos públicos y el mal uso de los recursos. Sin embargo, hoy vivimos tiempos de austeridad, pero eso no significa paralización del Estado ni tampoco desmejora en la prestación de los servicios públicos. Esta crisis económica debemos enfrentarla con creatividad; y aprovecharla para rescatar valores personales que han de caracterizar al empleado público, como la honestidad, responsabilidad, disciplina, eficacia y rendición de cuentas. Esperamos que estas limitaciones dentro de la hacienda pública contribuyan a forjar funcionarios conscientes de lo que significa administrar recursos que pertenecen a todos los salvadoreños; y que los encargados de la persecución penal –policía, fiscales y jueces– se vuelvan intolerantes frente a los actos de corrupción.