Educación superior pública de calidad

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El derecho a la educación está consagrado en el art. 53 de nuestra Constitución, pero para el tema que ocupa este espacio aludimos a un componente específico del mismo: la educación superior pública.

La educación superior constituye un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de cualquier país. Económico, porque siendo el trabajo uno de los factores de producción que potencian el crecimiento, entre mejor calificado sea quien lo desempeña, más efectivo será el resultado; y social, porque existe una relación entre el grado educativo del individuo y su nivel de ingreso, lo que le permite subir en la escala social.

La educación superior pública ha caído en un lamentable abandono desde hace años, por su exclusión del ámbito de prioridades en las políticas públicas. Y su excesiva politización ha jugado un papel lamentable en este aspecto. Gran parte de la población que aspira a realizar estudios superiores y desea una educación de calidad se ve obligada a buscar instituciones que llenen sus expectativas, pero que representanun costo económico significativo del presupuesto familiar.

Y es que, si desde el Estado se hubiese implementado una visión de país responsable dándole la importancia debida al tema aquí tratado, la educación universitaria no hubiera devenido en onerosa o de mala calidad, que son los dos polos mutuamente excluyentes entre lo que se mueve actualmente la elección de cualquier joven al escoger dónde realizar sus estudios. La ineficacia e ineficiencia del Estado en el cumplimiento de su función redunda en costos monetarios para el ciudadano, que en otra circunstancia social o geográfica no tendría que asumir.

La cuestión de los costos no es tan fácilmente observable, pues se está tan inmerso en esta realidad y desde hace tantos años, que parece una cuestión natural, aún y cuando no lo es. Sin embargo reviste de gran importancia dada la situación económica que los salvadoreños atraviesan en los últimos años.

Para muestra podemos señalar, sin ir muy lejos, el ejemplo costarricense, donde la población de todos los estratos sociales compite fuertemente por una plaza dentro de la carrera de su elección en las universidades públicas, y quien decide estudiar en el sector privado es por elección propia y no como un imperativo derivado del no cumplimiento de sus expectativas.

Asimismo, debe tenerse bien claro que no se trata de un simple “salir del paso”. No se trata de construir edificios y abrir las aulas a quien desee acceder a la universidad, sino de que dicha educación sea de calidad y acorde al nivel de país al que aspiramos. Catedráticos en capacitación e investigación constante, bibliotecas y laboratorios de primer nivel, relaciones internacionales y acuerdos de cooperación con instituciones de alto prestigio, intercambios académicos; orientación profesional a los graduados y creación de oportunidades para su inserción laboral. Son estas algunas características a las que deberíamos aspirar.

Por tanto, es de vital importancia que las políticas estatales brinden especial atención a este factor, no bastando enfocarse únicamente en regular a las universidades privadas, como hasta ahora se hecho, sino que es necesario ejecutar acciones que potencien la calidad de la educación superior pública. La obligación de brindar educación es una función que el Estado no puede delegarla por completo en los privados. El Centro de Estudios Jurídicos considera que para que el derecho a la educación consagrado en la Constitución sea efectivo, es imprescindible que exista una estrategia definida respecto al rol de la educación superior pública, que garantice su calidad y coadyuve al desarrollo económico y social.