El diseño del futuro

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El artículo 89 de la Constitución recoge la máxima aspiración política del país, el diseño del futuro: la integración del istmo centroamericano. Señala la meta que se persigue: la reconstrucción total o parcial de la República de Centro América, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes.

Para alcanzar esos objetivos, El Salvador promoverá la integración humana, económica, social y cultural. En ese propósito, nuestra Constitución contempla el sometimiento a organismos con funciones supranacionales. El proyecto y bases de la unión se someterán a consulta popular: el pueblo decidirá.

Hay un mandato para los gobernantes: trabajar por la unión regional, en la cual, de adoptarse una forma federal, conservaría la soberanía interna; bajo este supuesto, la nueva persona jurídica internacional será la patria grande reconstituida.

Después de 300 años bajo el régimen colonial español en la Capitanía General de Guatemala, de la que San Salvador fue Alcaldía Mayor y desde 1786 una Intendencia, el alcanzar la independencia en 1821 nuestro país pasó a formar parte de las Provincias Unidas de Centro América. En la Constitución de 1824 se llamó República Federal de Centro América y tuvo como presidentes a Manuel José Arce y Francisco Morazán.

Para el dolor de nuestros próceres, la nación centroamericana, como efecto de constantes guerras civiles y luchas partidarias, se disolvió entre 1838 y 1840.

El Salvador es unionista y por ello Morazán nos legó sus restos, como reconocimiento histórico. Nuestras sucesivas Constituciones proclaman ese anhelo.

El esfuerzo actual de integración se inició en octubre de 1951 con la Carta de San Salvador que creó la ODECA, cuyo primer secretario general fue El Salvadoreño doctor Guillermo Trabanino.

Cuatro décadas después, en 1991, al adoptarse el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, se readecuó el marco jurídico con el propósito de consolidar la comunidad económica-política compuesta por los cinco países originarios: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; en este nuevo esquema se incorporó Panamá. En ese mismo tratado se creó el Sistema de la Integración Centroamericana, (SICA), con sede en San Salvador, regido por el “Derecho Comunitario Centroamericano”, con el fin de alcanzar la fusión de las economías y constituir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Consta de varios subsistemas, a saber: político, económico, social, cultural y ecológico.

El SICA dispone de órganos con facultades de emitir normas obligatorias para los Estados. Se somete a la dirección de un Comité Ejecutivo que vela por los intereses de la comunidad. Se estructura con la Reunión de Presidentes como órgano supremo, el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia.

Dentro de las competencias de la Corte, órgano judicial con sede en Managua, dotado de poder supranacional vinculante, se atribuyó potestades a los ciudadanos para demandar a los Estados por violación de derechos comunitarios.

El art. 22 del Estatuto de la Corte detalla sus competencias para dirimir conflictos, responder consultas e incluso actuar como tribunal arbitral. No conoce de controversias fronterizas, salvo solicitud de todas las partes concernidas; ni de derechos humanos.

Esta institución jurisdiccional tiene como finalidad preservar el derecho comunitario, representa la conciencia de Centroamérica, y es depositaria y custodia de los valores de nuestra nacionalidad compartida. En este período anual preside la Corte el magistrado salvadoreño Dr. Alejandro Gómez Vides.

Estamos ante un compromiso sustentado en la historia, el espacio geográfico, la fraternidad, la lengua común y la conjunción de intereses ante los retos del escenario mundial.