Un nuevo Ministerio de Gobernación

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Ninguna oficina administrativa ha sido mencionada tantas veces en nuestros artículos como el Ministerio de Gobernación, antes del Interior, y no ha sido con luces amables.

Hemos recogido, simplemente, la opinión muy generalizada en la comunidad jurídica: el ministerio funciona con gran desprecio del sistema jurídico del país; la ley y los derechos de los particulares son letra muerta en el mismo.

El ministerio opera con base en instructivos, circulares o la voluntad caprichosa de sus titulares o empleados.

No son pocos los abogados que han dicho que todo cuanto aprendieron en la Universidad no sirve de nada en cuanto entran al ministerio.

Las quejas se refieren a prácticamente todas sus dependencias: Migración, Espectáculos Públicos, gobernaciones, etc. A esto se ha añadido en años recientes el hecho de que, habiendo absorbido las funciones del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobernación casi no las cumple. ¿Dónde están el índice legislativo o los certámenes de investigación jurídica, por ejemplo? Sin embargo, dos oficinas en particular colman la paciencia de los profesionales del Derecho: el Diario Oficial y el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

Con respecto al primero, y dejando aparte su pérdida de calidad y otros defectos, durante décadas ningún ministro ha resuelto, quizás ni intentado resolver, uno de los problemas jurídicos más graves del país: el atraso en su publicación.

Esto genera una situación delictiva permanente de falsedad y gran inseguridad jurídica, que sólo ha sido tolerada por la indiferencia al orden jurídico de otras autoridades del país.

A los abogados practicantes y a miles de particulares afecta más directamente la situación del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

No ayuda mucho que la ley de la materia y los procedimientos contenidos en la misma sean la antítesis de todo proceso de modernización de la administración pública, pero en ninguna otra parte exhiben los burócratas de este país el síndrome que los sicólogos han llamado “del pequeño Napoleón” o “del pequeño Hitler”, esa necesidad de hacer valer sobre los demás la poca autoridad de que están revestidos humillando a los demás.

La opinión generalizada es que una persona jurídica nueva no puede ser inscrita sino gracias al “cuello”, a la orden directa de los titulares de la institución.

El abogado que llega de buena fe a procurar la inscripción de una nueva asociación se encontrará con una barrera infranqueable; se le harán mil prevenciones, generalmente ordenándole cambiar el texto de la escritura pública de constitución de la entidad que pretende inscribir.

Lo peor de todo es que esas observaciones no tienen una base legal; generalmente, la escritura no sigue el texto exacto del modelo elaborado en el Registro, incluye alguna cláusula novedosa que los empleados de aquél no han visto antes o lo más probable, al empleado le dio la gana que se incluya o excluya algo que no está en la ley.

Los razonamientos que se dan serían risibles si no estuvieran en juego los derechos de los particulares; el objeto es siempre demostrar que éstos se pueden violar impunemente por quien tiene poder.

Los nuevos titulares del Ministerio de Gobernación tienen un reto enorme: contribuir a la creación de Derecho, haciendo que esa secretaría de Estado deje de ser una de las más arbitrarias del país.

El rol del Gobierno

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Queremos señalar lo que dice un experto, jefe del Foro Económico Mundial,en un artículo aparecido en el periódico “El Mercurio”, de Chile, el 30 de mayo del presente año, en el que señala:

“Latinoamérica no cree en las ‘recetas’, aburridas, ortodoxas y traumáticas de los organismos multilaterales —como el Fondo Monetario Internacional (FMI)— y demás expertos para crecer. En vez de eso, ha optado por retornar a políticas del pasado, utilizando modelos propios que han creado más inestabilidad macroeconómica e institucional ¿El diagnóstico? La región sufre de miopía aguda porque no es capaz de proyectarse a largo plazo.

Ésta es la pesimista lectura de Augusto López Claros, director y economista jefe del Foro Económico Mundial, invitado por la Universidad Adolfo Ibáñez para elaborar en conjunto un capítulo especial sobre Chile en el próximo Informe sobre Competitividad Mundial. ¿Por qué Latinoamérica se está quedando atrás en competitividad? ‘Es una combinación de varios factores, muchos de los países de la región no han tenido éxito en crear un ambiente de estabilidad macroeconómica necesario para promover la competitividad.

No se puede esperar crear un ambiente propicio para el desarrollo de las capacidades productivas del sector privado si no hay disciplina fiscal y si no se establecen esquemas de relaciones macroeconómicas predecibles que permitan la inversión y amplíen la perspectiva a través del tiempo de los empresarios.’ ‘Segundo, dada la inestabilidad macroeconómica, los gobiernos no han dado el rol protagónico que merecen al fortalecimiento institucional y las reformas estructurales. El gobierno típico latinoamericano tiene una perspectiva de cortísimo plazo enfocada en la resolución de crisis coyunturales. El largo plazo no es preocupación o responsabilidad de nadie.’

‘Tercero, no se ha dado suficiente prioridad a la educación, la salud pública y la inversión en capital humano. En muchos países vemos una pésima asignación de recursos y/o un debate intelectualmente pobre en torno a cuáles deberían ser las prioridades de desarrollo del país.’ ¿Qué culpa tienen de ello los gobiernos de turno de la región? ‘El rol del gobierno es clave. Lamentablemente, las intervenciones de los gobiernos en las economías de la región muchas veces han creado incentivos perversos, mediante los cuales la gente con capacidad ha optado por actividades que redistribuyen los ingresos en lugar de crear riqueza y crecimiento.’

‘Tenemos que revolucionar nuestro pensar con relación al rol del estado en la actividad económica o, al menos, examinar la experiencia de países más exitosos. España es un buen ejemplo, así como lo son las nuevas economías de Europa central y oriental, donde los gobiernos se han convertido en un agente facilitador de la creación de un mejor ambiente para la actividad económica, en lugar de permanecer como un agente controlador o, en algunos casos, destructor de riqueza.’ ”

El nuevo Gobierno, con su actitud abierta y concertadora, ofrece una oportunidad y perspectiva que se debe de concretar, que incorpore a la sociedad civil como motor del desarrollo, materializando un Plan de Nación, del que todos nos sintamos parte. Ese sería un aporte valioso para un plan de acción participativo. La actitud incluyente es clave. Sincerémonos y promocionemos interna y externamente al país, pero con metas y objetivos claros.

Si todos jalamos en la misma dirección, la posibilidad de fallar se minimiza, y la de rectificar en el camino se facilita. El espíritu conciliador nos debe de llevar a un cauce común, oportunidad que debemos aprovechar, las actividades que redistribuyen los ingresos, deben ceder y dar paso al trabajo concertado, a la educación, al Estado de Derecho, que permita, como dice el experto, el crear riqueza que posibilitará empleo y crecimiento.

Inversión y empleo

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En la página 108 del documento síntesis: “La integración centroamericana: beneficios y costos” de SICA/CEPAL mayo/2004, Guillermo Monge en su ar- tículo en la página citada titulado “Por qué INTEL se instaló en Costa Rica”, dice: “En octubre de 1996, la corporación INTEL —el líder mundial en la producción de microprocesadores— anunció al Gobierno de Costa Rica que el país había sido escogido como el sitio de su nueva planta de manufactura y ensamblaje. La noticia tomó por sorpresa a muchos analistas e inversionistas. Y especialmente a aquellos que sabían que INTEL había evaluado otros cuatro países latinoamericanos: Brasil, Argentina, México y Chile. ¿Por qué, entonces, se prefirió a Costa Rica? Varios estudios coinciden en que las principales razones de tal decisión fueron las siguientes: —La existencia de una fuerza laboral productiva, que aprende rápido y con un alto nivel educativo. —La experiencia positiva de otras firmas estadounidenses del sector de microelectrónica y de otras ramas industriales relativamente sofisticadas, cuyos gerentes expresaron su satisfacción con la calidad de la mano de obra costarricense y con el clima de negocios del país. —La existencia de centros de educación media y superior con capacidad de formar los recursos humanos necesarios para futuras ampliaciones de las plantas de INTEL en el país. —La estabilidad política del país. —Los bajos niveles de corrupción gubernamental. —Un régimen de incentivos fiscales institucionalizado que no depende de “favores” de altos funcionarios ni de tratos especiales a determinadas empresas. —La confiabilidad del servicio de logística aérea (hacia Estados Unidos, junto con la alta frecuencia de vuelos hacia ese país) y del servicio aduanero”.

También señala que INTEL ha invertido en Costa Rica entre 1997 y 2003 $510 millones y que invertirá $600 millones más en los próximos años. Costa Rica ha apostado a mano de obra calificada y bien remunerada.

El Salvador debe de trabajar mucho, para convertirse en un país seguro, propicio a la inversión con seguridad física y jurídica. Esto es lo que producirá los ansiados empleos. Tenemos que realizar muchas tareas para lograr esto y esperamos del Gobierno la acción inmediata.

Se impone la necesidad de contar con una Ley de Libre Competencia y las necesarias reformas a la Ley de Protección al Consumidor. La garantía de libre competencia debe estar ejercida por un tribunal de competencia y los derechos del consumidor deben ser atendidos en una instancia no tutelada políticamente, no sobre-gerenciada, sino en un tribunal que imparta justicia, nombrado con base en concurso, que resuelva aplicando la ley, en un solo procedimiento de juicios colectivos, en los casos que afecten a varias personas, así como la audiencia y la resolución o el fallo, para que un solo juicio sea extensible a todos quienes fueron afectados por el abuso. Esto lo reclama la ciudadanía en todos los servicios públicos, en los productos, en las comisiones, en los recargos de créditos, en los pagarés en blanco, etc.

Es tan importante la transparencia e información de cómo se recibieron las carteras del Gobierno, así como las declaraciones patrimoniales al inicio y al final de los funcionarios que cesaron y de los entrantes. La ley no lo exige, pero es un imperativo ético de buen inicio de Gobierno, las razones por qué INTEL se instaló en Costa Rica. Ellas indican con precisión mucho de lo que el país debe de realizar. No somos “la estrella solitaria”, ni el faro orientador del desarrollo e integración, como se ha promocionado al país.

La inversión aprecia variables macroeconómicas favorables; pero sobre todo busca rentabilidades, con seguridad jurídica y la estabilidad política.

Mercantilidad universitaria

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Las facultades de Derecho de las universidades que operan en El Salvador hacen reflexión en silencio; nada han dicho, no hay opinión, sobre la aplicación de la justicia y del derecho en el país.

A eso se debe este artículo, que trata de incentivar a que contribuyan activamente. No pueden, no deben continuar viviendo una separada realidad.

Aparte de manifestarse en la vida del país, las exhortamos a mejorar su nivel académico y a actualizar la carrera, pues hay deficiencias, así como poca producción de textos e investigación. No conocemos, no vemos nada en sus “pensum” sobre la enseñanza de nuevas materias jurídicas; notamos que hay aún cierta metodología mercantil, orientada con intencionalidad o sin ella, a que los futuros abogados sean inducidos a realizar ciertas “vivezas”, por su formación al Litigio. Se deben reforzar la capacidad y la práctica de la teoría jurídica, los métodos alternos de soluciones, con conocimiento y uso de argumentación y lógica jurídica.

La carrera de Derecho, con su degradación académica, aún no superada, a consecuencia de la era mercantil de las universidades de “garaje”; y de los “títulos falsos”, es la carrera masiva y preferida. Su “pensum” debe revisarse en materias propias y complementarias del Derecho, su bibliografía, investigación y profesorado, así como la metodología de la enseñanza, incentivar la producción de textos y el análisis de la jurisprudencia, etc. Hay limitado uso de recursos tecnológicos, cuando los docentes de otras partes (a tiempo completo) poseen en sus centros multimedia y en cada cátedra, el acceso a sitio web y cada docente tiene su correo electrónico, su texto y referencias de consulta. Esto facilita la interacción; siguiendo esta práctica se hace la rutina didáctica.

El masivo número de aspirantes a Ciencias Jurídicas en Latinoamérica debería ser considerado como una buena señal: “Es valioso que los chicos tengan vocación de justicia, porque eligen Derecho por un ideal”, dice el decano de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que cada año ingresan 5 mil nuevos alumnos, asisten 30 mil 500, tienen 6 mil docentes; similitud dentro de la relatividad y distancia, con nuestras escuelas de Derecho. ¿Será esa la motivación del masivo ingreso a Ciencias Jurídicas en El Salvador?

La rama del Derecho es una fuente primaria y esencial de ingresos para las universidades, que reciben sumas superiores a los cincuenta y ocho millones de dólares cada año por el pago de cuotas señala un reportaje de “Enfoques” de LA PRENSA GRÁFICA. La reorientación del estudio y la motivación de la carrera se imponen, así como el uso de internet y de talleres (obligatorios) para la práctica del juicio oral, en materia civil, mercantil, penal y la transacción extrajudicial.

Atilio Alterini, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dice: “El compromiso es hoy formar cabezas. La enseñanza enciclopedista que nosotros recibimos era necesaria, porque la base de datos la tenía que armar cada uno. Ahora, hay que enseñar a pensar en función del rol social del abogado”. Eso quiere decir que los abogados y estudiantes de Derecho en estos días deben adaptarse a la cambiante capacidad para identificar demandas sociales y transformarlas en demandas jurídicas, Derecho de Informática e Internet, Derecho del Consumidor, del Medio Ambiente, métodos alternos de solución de conflictos, propiedad intelectual, Derecho de Integración, de la competencia, estudios limítrofes y ética; así como la formación e investigación docente, producción propia de libros y revistas de Derecho, etc.

Si se trata de litigar a como dé lugar y de conocer las leyes de memoria, así como hacer negocio de la enseñanza del Derecho, sean acreditadas o no, lo dicho son sólo palabras. Eso es, precisamente, lo que hay que cambiar.