Inversión y empleo

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En la página 108 del documento síntesis: “La integración centroamericana: beneficios y costos” de SICA/CEPAL mayo/2004, Guillermo Monge en su ar- tículo en la página citada titulado “Por qué INTEL se instaló en Costa Rica”, dice: “En octubre de 1996, la corporación INTEL —el líder mundial en la producción de microprocesadores— anunció al Gobierno de Costa Rica que el país había sido escogido como el sitio de su nueva planta de manufactura y ensamblaje. La noticia tomó por sorpresa a muchos analistas e inversionistas. Y especialmente a aquellos que sabían que INTEL había evaluado otros cuatro países latinoamericanos: Brasil, Argentina, México y Chile. ¿Por qué, entonces, se prefirió a Costa Rica? Varios estudios coinciden en que las principales razones de tal decisión fueron las siguientes: —La existencia de una fuerza laboral productiva, que aprende rápido y con un alto nivel educativo. —La experiencia positiva de otras firmas estadounidenses del sector de microelectrónica y de otras ramas industriales relativamente sofisticadas, cuyos gerentes expresaron su satisfacción con la calidad de la mano de obra costarricense y con el clima de negocios del país. —La existencia de centros de educación media y superior con capacidad de formar los recursos humanos necesarios para futuras ampliaciones de las plantas de INTEL en el país. —La estabilidad política del país. —Los bajos niveles de corrupción gubernamental. —Un régimen de incentivos fiscales institucionalizado que no depende de “favores” de altos funcionarios ni de tratos especiales a determinadas empresas. —La confiabilidad del servicio de logística aérea (hacia Estados Unidos, junto con la alta frecuencia de vuelos hacia ese país) y del servicio aduanero”.

También señala que INTEL ha invertido en Costa Rica entre 1997 y 2003 $510 millones y que invertirá $600 millones más en los próximos años. Costa Rica ha apostado a mano de obra calificada y bien remunerada.

El Salvador debe de trabajar mucho, para convertirse en un país seguro, propicio a la inversión con seguridad física y jurídica. Esto es lo que producirá los ansiados empleos. Tenemos que realizar muchas tareas para lograr esto y esperamos del Gobierno la acción inmediata.

Se impone la necesidad de contar con una Ley de Libre Competencia y las necesarias reformas a la Ley de Protección al Consumidor. La garantía de libre competencia debe estar ejercida por un tribunal de competencia y los derechos del consumidor deben ser atendidos en una instancia no tutelada políticamente, no sobre-gerenciada, sino en un tribunal que imparta justicia, nombrado con base en concurso, que resuelva aplicando la ley, en un solo procedimiento de juicios colectivos, en los casos que afecten a varias personas, así como la audiencia y la resolución o el fallo, para que un solo juicio sea extensible a todos quienes fueron afectados por el abuso. Esto lo reclama la ciudadanía en todos los servicios públicos, en los productos, en las comisiones, en los recargos de créditos, en los pagarés en blanco, etc.

Es tan importante la transparencia e información de cómo se recibieron las carteras del Gobierno, así como las declaraciones patrimoniales al inicio y al final de los funcionarios que cesaron y de los entrantes. La ley no lo exige, pero es un imperativo ético de buen inicio de Gobierno, las razones por qué INTEL se instaló en Costa Rica. Ellas indican con precisión mucho de lo que el país debe de realizar. No somos “la estrella solitaria”, ni el faro orientador del desarrollo e integración, como se ha promocionado al país.

La inversión aprecia variables macroeconómicas favorables; pero sobre todo busca rentabilidades, con seguridad jurídica y la estabilidad política.