El CAM y los vendedores ambulantes

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La semana pasada se dio una tragedia en el centro de San Salvador. Los agentes de un cuerpo de seguridad, bajo la dirección de una institución de gobierno administrada por un partido de izquierda, han reprimido con armas de fuego a manifestantes que trataban de impedir su actuación. Si lo hubiera hecho la Policía Nacional Civil o un cuerpo de seguridad al mando de un municipio en manos de la derecha, habrían creado un escándalo de magnitud y estarían involucrados hasta organismos internacionales.

Claro es que los agentes del CAM fueron agredidos y, como cualquier persona que es atacada con una lluvia de piedras, tenían derecho a defenderse, pero los medios utilizados no resultan racionalmente proporcionales a la agresión y han resultado en lesiones personales y la pérdida de una vida humana. Lo peor es que los agentes del CAM no deberían haber estado ahí, sino la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC, que no actuó en defensa de los agentes municipales.

Una de las exigencias fundamentales del FMLN en el proceso de negociación de la paz, por buenas razones, fue la disolución de los viejos cuerpos de seguridad y la existencia de uno solo bajo dirección civil; así quedó plasmado en los Acuerdos de Paz y trasladado a la Constitución, por lo que la PNC es el único organismo facultado para la preservación del orden público en el país. Como muchas medidas poco flexibles, al fin, esto resultó traer una serie de problemas, por lo que las policías municipales han vuelto a formarse, pero su única función debe ser proteger el patrimonio municipal. Al tratar de hacer cumplir una disposición municipal desobedecida, estamos frente a un conflicto de competencia basado en una irregularidad. Debemos exigir que se delimite claramente el campo de acción de los cuerpos de seguridad municipales y que en el presente caso se deduzcan responsabilidades a quien corresponda.

Sin embargo, lo anterior no debe hacernos olvidar que, aunque los métodos empleados no fueron los correctos, la finalidad que perseguían es legítima.

Ya se han comenzado a oír voces que lloriquean por los vendedores ambulantes, alegando su pobreza, indefensión económica, derecho a ganarse la vida, en fin, los mismos argumentos con los que los han defendido todos los demagogos de este país cuando no han ocupado la alcaldía municipal. A esto debemos contestar que su derecho a ganarse la vida termina donde comienza el derecho de los demás a transitar por las aceras y calles y a no vivir en una ciudad convertida en una pocilga. También debemos señalar que no es la pobreza lo que los motiva a ocupar las calles, sino su deseo de no incorporarse a la economía formal, de no pagar por sus puestos y de ejercer su labor sin control alguno. En una palabra, quieren libertad para poder romper la ley y violar el derecho de los demás; su existencia no se toleraría en una sociedad civilizada.

Durante más de cuarenta años se ha tratado de solucionar su problema, se han gastado millones y millones en la construcción de mercados y medidas alternativas para su reubicación. Tales planes siempre han sido frustrados por su negativa a trasladarse y cumplir con la ley y al apoyo que muchos politicastros les han dado cuantas veces se ha tratado hacerles cumplirla. Pese a todos los esfuerzos hechos, el problema ha empeorado; ciudades del interior que hasta hace pocos años eran agradables y tranquilas poblaciones son hoy en día ruidosos basureros y además los vendedores se han organizado en una verdadera mafia que tiene por objeto la preservación de sus aspiraciones de romper la ley.

El problema de los vendedores ambulantes es un magnífico ejemplo del fracaso del estado de derecho en el país, de la falta de voluntad ciudadana y de los políticos de cumplir y hacer cumplir la ley. Merece ser tratado con una mano tan dura como la aplicada a las maras y lo peor que puede hacerse es interrumpir el desalojo.