¿Volverá a repetirse la historia?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos.

La noticia de la semana, indudablemente, ha sido los reportajes de LA PRENSA GRÁFICA sobre supuestas irregularidades en licitaciones del INDES y del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos. De ninguna manera queremos adelantar criterios sobre el asunto; éste necesita ser aún investigado y ser deducidas responsabilidades, si es que las hay, para que podamos decir que alguien es culpable. Lo que queremos señalar es la sensación de desilusión y cansancio con que la ciudadanía recibió la noticia. Se pregunta: ¿Volverá a repetirse la historia?

Muchos salvadoreños con los que hemos conversado sobre el caso, a éste lo miran como otro de corrupción que quedará impune. La apertura democrática ha permitido conocer los niveles de falta de probidad en la administración pública que se dan en nuestro país. Asimismo se ha hecho más notoria que nunca la falta de voluntad de las autoridades para resolver el problema.

En los últimos años, al igual que antes, hemos visto a muchos funcionarios públicos salir del cargo notoriamente más acaudalados que antes de ocuparlo, sin que se haga nada al respecto. Pero también hemos visto los sonados casos del ISSS, FIS, FEDEFUT, FINSEPRO, BFA, ANDA y muchas alcaldías, que han llegado un paso más adelante y todavía esperamos resultados.

La fuga del primer condenado por actos de corrupción en el país después de 118 años que no se daba el caso, las dificultades para extraditar al antiguo presidente de ANDA y la impunidad judicial, innecesaria bajo todas las apariencias, garantizada a su principal cómplice y otros, llevan a hacernos pensar que no hay voluntad para combatir la corrupción.

El mensaje que reciben los funcionarios corruptos es que pueden seguir actuando con impunidad. Sobre algunos ha pesado una orden de detención, es cierto, lo que los ha llevado a pasar meses cómodamente instalados en hospitales privados para su “tratamiento”; verdaderas curas de reposo. La más grave sanción que reciben es la vergüenza pública de ser exhibidos por unas cuantas semanas en los periódicos, sabiendo que unos meses después todo el asunto quedará olvidado y nuestra desmemoriada y amoral sociedad los seguirá recibiendo con los brazos abiertos.

Después de cuatro años de haber sido aprobada la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, aún no se han creado los registros y el aparato institucional que según la misma ley deben controlar y garantizar la transparencia en las licitaciones y los contratos públicos.

El pueblo sabe que está siendo robado a manos llenas; que el dinero que ingresa a las arcas de los corruptos salió de su propio bolsillo y que debía ser destinado a obras de beneficio social. La impunidad de la situación genera la indiferencia hacia los casos y el escepticismo que antes mencionamos, pero también está generando ira y resentimiento. Este sentir crece y es capaz de cambiar la inclinación de la balanza electoral, provocar serios desórdenes sociales, la aparición de líderes populistas y demagógicos y hasta posibles golpes de Estado.

Todos los gobiernos que han subido al poder desde la instalación de la democracia en el país han prometido combatir la corrupción y ninguno lo ha hecho. El nuevo gobierno puede hacer la diferencia; puede demostrar, y a muy corto plazo, que no ha hecho otra promesa que quedará sin cumplir, y que no espera órdenes o presiones del exterior para poner manos a la obra. No sólo es lo legal. Es lo correcto y moral. El pueblo lo agradecerá más que ninguna obra pública.

La solución del problema de la corrupción necesita de varios casos ejemplarizantes, como está sucediendo en Guatemala y Nicaragua, que demuestren que el gobierno está dispuesto a cumplir y hacer cumplir la ley.