Sorpresa e indignación

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

“Sorprende y ha sido motivo de legítima indignación en esta Corte que, sobre la precaria base de la utilización de un texto mutilado, ese Consejo (Nacional de la Judicatura)... exhorte en forma pública irresponsablemente a los Magistrados de Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y de Paz, asociaciones de abogados, comunidad jurídica y sociedad salvadoreña... a pronunciarse en contra de un acto perfectamente válido emanado de la autoridad máxima del Órgano Judicial.”

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia gastó miles de dólares provenientes de los impuestos pagados por los salvadoreños en la publicación de una nota dirigida a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura que contenía la protesta anterior. Lo que encontramos sorprendente es que la Corte manifieste indignación por una simple exhortación a hacer uso de un derecho garantizado por la Constitución.

La misma nota comunicaba a la presidencia del CNJ la decisión de la Corte de no revocar el nombramiento del Lic. Calixto Zelaya Díaz para el cargo de magistrado de la Cámara de Familia de la Sección de Oriente, hecho sin solicitar a aquella institución las propuestas de candidatos que la Constitución exige. La Corte basa su decisión, y alega la facultad de hacer el nombramiento sin intervención del CNJ, en una disposición legal manifiestamente inconstitucional, y que tiene la capacidad de declarar inaplicable por tal razón.

Las facultades que la Constitución concede al CNJ persiguen que la selección de funcionarios judiciales, cuyo nombramiento corresponde a la Corte, sea hecha de manera transparente y calificada, garantizando de esta forma el nombramiento de los mejores. En este caso, la falta de idoneidad del nombrado y los motivos personales y políticos que influyen en su designación son de público conocimiento en los gremios jurídicos y la decisión de la Corte viola el espíritu de la disposición constitucional.

La Corte puede sentirse complacida de la falta de respuesta a la excitativa del Consejo. Aparte de las protestas individuales de varios jueces y las del Centro de Estudios Jurídicos, el gremio de abogados y sus asociaciones han guardado un silencio servil. Hace dos semanas publicamos nuestra protesta y fue contestada en otro periódico, con los mismos argumentos con que la Corte defiende el nombramiento, por un empleado del tribunal, antiguo rector de una universidad cerrada por irregularidades al emitir títulos de abogado, entre otras razones. ¿Engaña a alguien?

El nombramiento irregular de un funcionario judicial, que no parece a muchos de trascendencia nacional, tiene gran importancia porque lo que está en juego es la institucionalidad del país, que responde al respeto a la normativa constitucional. Cuando la institución a la que se le ha confiado la vigilancia del respeto a la Constitución la incumple, hay un fuerte indicio de que todo orden legal está quebrantado, que todos nuestros derechos están en peligro o dependen nada más del capricho de algunos.

Frente a la resolución de la Corte, la única solución que queda para restaurar el orden constitucional sería el juicio político a los responsables, pero nadie se hace ilusiones. Hay tantos intereses en juego ante la Corte; la desaparición o supervivencia de ciertos partidos políticos, por ejemplo. Lo que nos atemoriza es que, dado el orden de las cosas, el próximo llamamiento que se haga a los salvadoreños no provenga del CNJ, ni sea a ejercer un derecho constitucional, sino que sea un llamado a hacerse justicia por propia mano, puesto que los tribunales no la hacen, o a cambiar el orden de las cosas en forma violenta. La Corte no debería propiciarlo.