Reforma fiscal

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Cuando se habla de la actividad financiera del Estado, en cualquiera de sus aspectos, se presentan las más encontradas opiniones. Algunos consideran que es un mal administrador; otros, que debe satisfacer las necesidades de los grupos sociales, para mantener la armonía y lograr la prosperidad. En todo caso, la actividad financiera del Estado debe estar sometida a las normas del derecho, especialmente del derecho tributario, a través del cual se procura la obtención de los recursos vía imposición, que hace efectiva en los particulares, para estar en condiciones de sufragar el gasto público.

El ejercicio del derecho tributario resulta importante, como cualquier rama del derecho, para mantener una serie de garantías e impedir la arbitrariedad o la exacción ilegal en los particulares.

A nadie le gusta pagar impuestos. Frente a ello es necesario que el Estado muestre que el producto de los impuestos ciudadanos es manejado con transparencia e invertido en el bienestar general.

Se ha ensayado una serie de reformas tributarias en el país, que en algunos casos han llevado a aumentar la recaudación, demostrándose que las tasas impositivas altas son una verdadera invitación al fraude y a la elusión fiscal. Esto tiene una contrapartida: poco a poco muchos empresarios empiezan a ver como una ventaja competitiva el hecho de no pagar impuestos. Cada vez que el sector público salvadoreño se enfrasca en una reforma tributaria se alega, como se hace en la actualidad, que se está tratando de cerrar rendijas por donde los contribuyentes escapan del actuar de la administración tributaria.

El Presidente de la República ha anunciado que no aumentará impuestos, pero resulta obvio que, por la insostenibilidad fiscal, deberá aumentar la recaudación tributaria, y si no lo hace aumentando impuestos, lo deberá hacer a través de controles más estrictos sobre los contribuyentes. Esto es loable, pero no sirve de mucho aclarar textos legales, como es la manifiesta corriente de los anteproyectos que ya circulan; aun antes de entrar en vigor las anunciadas reformas, ya ciertos “asesores”, que no son estudiosos del derecho tributario y que se dedican a la “planificación fiscal”, ya están estudiando cómo burlarlas.

Todos conocemos una serie de “pensadas” que realmente lo que necesitan es hígado, y no cerebro, para proponérselas al cliente que, desconocedor de las ciencias jurídicas y particularmente de la rama tributaria, lo único que ve son los resultados.

Hacer reformas es bueno, pero su equivalente será lavar la ropa y volver a ponerla, pero sin habernos bañado. Es muy fácil ceder los derechos de cualquier “intangible” a una sociedad “off shore”, para que ésta a su vez se la venda a otra de un similar domicilio. ¿Es eso Derecho Tributario? ¿Por qué no se ha aplicado el Código Tributario cuando da instrumentos para que la simulación jurídica en materia tributaria pueda ser desenmascarada por las autoridades, y se atienda a las verdaderas realidades económicas?

El problema fiscal tampoco debe limitarse a los grandes evasores “institucionales”, sino también a los contrabandistas, sectores informales y a los funcionarios que por acción u omisión consienten prácticas nocivas e ilegales de evasión tributaria.

Tenemos entendido que la actual administración tributaria conoce quienes evaden y quienes se dedican a recomendar este tipo de conductas. Si no se llevan a cabo investigaciones y sanciones ejemplarizantes, se contribuirá cada vez más a la falta de credibilidad de nuestra actividad legislativa, con su peligrosa secuela en la gobernabilidad del país, tan necesaria para el desarrollo.