Verdadera transparencia municipal

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Muy poco lo ha destacado la prensa, pero algo importante ha ocurrido. Está en manos de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de reformas al Código Municipal que constituye un paso verdaderamente importante en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

El proyecto ha surgido a iniciativa de una entidad privada, FUNDE, y han cooperado en el mismo muchas entidades de la sociedad civil y universidades, y pretende garantizar la transparencia en la gestión de las municipalidades del país.

Esta vez se trata de algo más que de una promesa de campaña, de un dicho de un político o de una reforma cosmética a la ley para hacer creer que se está haciendo algo para resolver un problema.

Se trata de una propuesta meditada y seria que, de llegar a aprobarse y cumplirse, haría una real diferencia en la gestión municipal y la transparencia de los negocios locales; sería un verdadero modelo a aplicar para toda la Administración Pública.

El proyecto prevé que las sesiones de los concejos municipales serán públicas, al igual que toda la documentación en manos de las municipalidades, salvo lógicas excepciones. Establece obligación de crear un sistema de información permanente en cada municipio, dar cuentas anualmente del presupuesto, ingresos, gastos, inversiones, etc. Prevé la participación ciudadana en planes de desarrollo local. Facilita la creación de asociaciones comunales como medio de participación ciudadana en la gestión de las cuestiones locales, pero les establece obligaciones que garanticen su seriedad. El proyecto toma en cuenta que la organización popular debe surgir de las mismas bases y no ser impuesta o creada desde arriba, lo que no es más que un mecanismo populista de manipulación de la población.

Un pequeño defecto. En el proyecto se conceden muchos derechos de los ciudadanos frente a las municipalidades, pero no se establecen mecanismos para hacerlos valer. Tales mecanismos existen actualmente, pero son tan compendiosos, caros y lentos que el particular no puede hacerlos valer o no resultan efectivos.

El proyecto debe incluir recursos ante una instancia que obligue a las autoridades municipales a cumplir con las obligaciones que las leyes les establecen para con los ciudadanos y, es más, debe contener sanciones para los funcionarios municipales que incumplan la ley.

Según tenemos entendido, el proyecto ya ha comenzado a ser criticado por algunas entidades municipales interesadas en mantener la situación actual. Se alega que es impracticable, que las municipalidades perderían libertad y capacidad de acción, que los asuntos secretos de las municipalidades serían conocidos por todos (¿acaso custodian secretos nucleares?), etc. Estos son argumentos sin valor. O se quiere un gobierno municipal transparente, una utilización honesta de los fondos municipales y una gestión en beneficio de la población o no se quiere. Tan simple como esto. Los partidos y los políticos deben entender que una gestión gubernamental transparente es en su propio beneficio, salvo que lo único que pretendan es enriquecerse ilícitamente en el ejercicio del cargo.

El Salvador ha suscrito y ratificado en fechas recientes los convenios interamericano y de las Naciones Unidas contra la corrupción. Ambos imponen obligaciones al Estado salvadoreño con respecto al combate de este flagelo y hasta ahora no se ha hecho nada por cumplirlos. Quizás pronto se le reclame internacionalmente. La aprobación y puesta en práctica de las reformas propuestas para garantizar la transparencia municipal puede ser el primero aunque modesto paso que se dé para combatir un mal que está destrozando a nuestro país.