Lucha contra el hambre

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

“El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.” Artículo 1 de la Constitución.

En días pasados, en el mayor foro mundial situado en Nueva York, Naciones Unidas, se llevó a cabo la tradicional cumbre mundial, en donde el tema principal fue el combate al hambre, siendo considerada ésta, por algunos, como un arma de destrucción masiva. Datos de organismos mundiales señalan que la desnutrición crónica mata cada día 24,000 personas y provoca la muerte de 11 niños por minuto.

Países como Brasil, a través de su presidente, Luis “Inacio” Lula da Silva, han liderado iniciativas de combate contra el hambre, y en donde países como Francia, Chile y más recientemente España, se han sumado a tales iniciativas, creando un núcleo impulsor de una nueva política multilateral. Lo que se intenta es crear un Fondo Mundial de Lucha contra el hambre mediante la obtención de nuevos recursos financieros más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Este fondo tiene como finalidad conseguir uno de los objetivos de desarrollo del milenio: reducir a la mitad el número de hambrientos al 2015. Para ello se ha propuesto crear impuestos internacionales sobre el comercio de armas y las transacciones financieras, erradicar los paraísos fiscales, reinvertir deuda externa en financiación de programas nutricionales y sociales, suprimir los subsidios agrícolas de los países ricos, abrir los mercados a las exportaciones de los países pobres, lograr inversiones directas de empresas con código de responsabilidad social. Ya ha sido presentado un informe sobre la viabilidad técnica de ciertas medidas, como los impuestos a transacciones financieras, imponiendo una tasa Tobin del 0.5% en vez del 0.01% propuesto.

En nuestro país, el presidente de la república ha expresado su preocupación por el problema de la pobreza, y sus consecuencias. Ha anunciado subsidio a la capacitación de más de 220 mil familias pobres con componentes similares a los de Brasil y Chile, pero todo, según él, dependerá de la reforma fiscal. Sobre esto último, ya han comenzado a pronunciarse sectores en contra de las intenciones del presidente. El sector licorero ha expresado su negativa a un incremento impositivo; el representante de la gremial de banqueros ha manifestado tener sus reservas sobre los impuestos a las transacciones financieras; el ministro de Hacienda no ha podido a la fecha consensuar con el sector privado la reforma fiscal. En fin, la reforma y la ejecución de los proyectos sociales que pretende impulsar el presidente dependerán de los sectores más fuertes de la economía, algo que parece muy difícil, porque al decir de los sectores políticos, aquéllos son los que apoyaron su candidatura.

El problema que afronta el país para combatir la pobreza y el hambre es y ha sido el poco o nulo compromiso de sectores importantes de la economía para cumplir no sólo con su responsabilidad social, sino con sus obligaciones tributarias. Este patrón cultural en cuyos contenidos se encuentra el desarraigo o amor de país, hace que el tema de la recaudación fiscal se vuelva cuesta arriba. En similares términos se ha referido recientemente el representante de FUSADES. Por supuesto que esta falta de compromiso por parte de los contribuyentes es alimentado, en buena medida, por la falta de transparencia y corrupción que son evidentes en algunas instituciones estatales y con respecto a las cuales se impone la radical reforma de las mismas como parte de un “Pacto Fiscal”.

La lucha contra el hambre, sus desigualdades e injusticias pasa por una verdadera y auténtica política social, especialmente cuando el presidente de la república ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. Para el logro de esto los sectores económicamente más fuertes deben sumarse.