Nahuaterique y los derechos adquiridos

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El 11 de septiembre es una fecha para recordar con tristeza en tres países: Estados Unidos, por el ataque terrorista en Nueva York; Chile, por el golpe de Estado que culminó con la muerte de Salvador Allende y la instalación de Pinochet; para El Salvador, aunque los ciudadanos no lo recordemos, es la fecha en que la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo en el diferendo limítrofe con Honduras.

No discutiremos si ese tribunal emitió un fallo justo, ni la actuación de nuestros juristas en el litigio; lo cierto es que, con dicha sentencia, nuestro pequeño país se redujo en 311.64 kilómetros cuadrados que se sumaron al territorio de Honduras.

Pero... ¿sabemos los salvadoreños, o al menos los abogados, que existe la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las Zonas Delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992? Esta ley es un hilo de esperanza y de dignidad para los pobladores que quedaron en esos territorios quienes bien dicen: “Nos acostamos siendo salvadoreños y nos despertamos como hondureños, sin que nadie nos avisara”.

Por la Declaración Conjunta de Presidentes, del 27 de agosto de 1999, se dio atribuciones a la Comisión de Seguimiento El Salvador-Honduras (que no debe ser confundida con la de Demarcación y Límites): velar por la parte humana, afectada por la sentencia, por su nacionalidad y derechos adquiridos, a la integridad personal, propiedad, posesión, tenencia, y promover la integración fronteriza. A la Comisión corresponde cumplir la Convención y es la que ha generado y es responsable del Proyecto Piloto de Censo, Catastro y Legalización de Tierras en Nahuaterique, un territorio de clima y paisajes naturales envidiables, antes jurisdicción de Perquín y Arambala, ahora perteneciente al departamento de La Paz, Honduras.

Nahuaterique o Sabanetas es de una extensión de 142.8 kilómetros cuadrados, con una población de más de 5,000 salvadoreños, a los que El Salvador poco ha protegido y a los que Honduras únicamente ha hecho sentir su presencia. Sin embargo, al conocer el plan piloto nos damos cuenta de que se está haciendo realidad lo que hace algunos años era casi imposible: trabajar binacionalmente. Después de doce años, El Salvador y Honduras actualizan el censo de la población, ejecutan un barrido catastral y legalizan derechos sobre los inmuebles de los poseedores, tenedores y propietarios. Si estudiamos el marco jurídico de este proyecto, está muy bien concebido. En materia de bienes y registro, se dan todas las tipologías existentes sobre la tierra, titulares y sus derechos, que no se había legalizado aún cuando era territorio salvadoreño, situación en la que se encuentra buena parte de nuestro país. ¿Sabrán la importancia de ello los cooperantes internacionales?, ¿sabrán que ningún proyecto productivo es sostenible si se realiza con indefinición de los derechos de propiedad? Al menos la Unión Europea, que ha financiado el 40% del Proyecto Piloto, lo ha tomado en cuenta, por lo que se espera que se realice en todos los llamados ex bolsones.

Este proyecto deben conocerlo nuestros jueces, pues no pueden actuar en territorio hondureño; deben verificar hasta dónde llega El Salvador. También nos preguntamos si el Estado salvadoreño está consciente de que este proyecto no tiene precedentes históricos y que las relaciones entre Honduras y El Salvador han marcado el éxito o deshecho la integración centroamericana. En el proyecto, la organización del equipo técnico binacional está en manos de especialistas, con una representante de El Salvador y un homólogo de Honduras, bajo la jerarquía de ambos presidentes de la Comisión de Seguimiento. Se debe considerar que los pobladores de Nahuaterique son también salvadoreños en el exterior y que es loable cómo, sin el apoyo estatal, han permanecido unidos y solidarios, haciendo frente a una situación, política y económica difícil.

En defensa del Día de la Raza

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El 12 de octubre pasado, varios descendientes de conquistadores españoles, mestizos y blancos, provocaron embotellamientos de tránsito en varias calles de San Salvador, con el consiguiente perjuicio a los ciudadanos que deseaban trasladarse y trabajar, en protesta de la conmemoración del descubrimiento de América.

Hoy en día es políticamente correcto hablar de la conquista española del continente como de un genocidio, pero esto, aparte de ser una de las eternas reacciones de envidia contra cualquiera que ha tenido éxito, es una falsificación de nuestra historia.

La conquista de un pueblo por otro no es aceptable según los estándares modernos, pero lo era en el siglo XVI y antes. La historia de América precolombina no es más que la sucesión del auge y decaimiento de imperios formados por medio de crueles conquistas.

Los españoles sólo aplicaron los mismos principios que regían las relaciones internacionales entre los pueblos americanos y su conquista no fue más que el desplazamiento de un grupo dominante por otro, lo que muchas veces había sucedido en la región.

¿Y por qué se logró esa conquista? Unos mil españoles participaron en la de México y se apoderaron de un imperio de cuarenta millones de almas. Ciento cincuenta españoles fueron a Perú con Pizarro y tomaron un inmenso imperio de veinte millones. ¿Cómo se dio eso? Simplemente, el pueblo no defendió a sus gobernantes y se alió con los conquistadores. Cortés tomó Tenochtitlán con un ejército de tlaxcaltecas y Pedro de Alvarado vino a nuestro país con un centenar de españoles y cinco mil indígenas.

Los conquistadores les ofrecieron un régimen de explotación más benigno que el que habían sufrido por siglos.

La conquista de América no fue ningún genocidio. Los españoles no tenían los medios de destrucción masiva necesarios para ello, ni la intención de hacerlo, pues en la población indígena veían mano de obra explotable. La fusión de razas en que vivimos es una prueba de ello.

Hubo un despoblamiento del continente, pero esto fue debido a la importación de enfermedades y su fulminante efecto en una población que había estado aislada del resto del mundo, debido a su atraso tecnológico.

Además de ese aislamiento, se acabaron los sacrificios humanos masivos, los españoles trajeron a América los progresos materiales del Viejo Mundo, el cristianismo, los ideales humanitarios de la civilización occidental.

Si hoy en día Rigoberta Menchú se proclama defensora de los derechos de los indígenas, no es porque aplique ningún principio de la civilización nativa, sino porque está tan aculturizada que propugna por los principios de la de los conquistadores.

Salvo por su penetrante religiosidad y sus sangrientos gobiernos, no hubo una destrucción sistemática de la cultura indígena; se produjo una fusión de ésta con la española, como no la ha habido en otra situación de conquista, y lo puede comprobar cualquiera que hable como salvadoreño, haya usado un sombrero de palma, haya comido una pupusa o un gallo en chicha.

Los españoles trajeron un régimen jurídico ilustrado, en comparación con los de la época, crearon un cuerpo legal único en una sociedad colonizadora para el gobierno de los territorios conquistados y crearon un sistema de rendición de cuentas de los funcionarios públicos que nombraban, gracias al cual conocemos los abusos que se dieron en su gestión y cómo se trató de enmendarlos.

Gracias a esto, España pudo mantener su dominio sobre la región durante tres siglos, casi sin presencia militar y con el consenso de sus habitantes.

No tratamos de ocultar, disminuir o ignorar las crueldades e injusticias que se dieron durante la conquista y colonización española de América, que fueron muchas, pero la mentira sobre los mismos no nos conduce a nada bueno. El 12 de octubre de 1492 fue la fecha determinante de nuestra historia y, con todos sus defectos, fue para bien.

La educación de los abogados salvadoreños

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

“Boi Hacer avogado.”

Hace un tiempo, esa frase fue escrita en una solicitud de trabajo por un, entonces, egresado de la carrera de Ciencias Jurídicas de una universidad acreditada por el Ministerio de Educación. Seguramente, ahora será abogado de la República, debidamente autorizado.

No tenemos que decir nada más sobre la preparación y la calidad de este “académico” y “profesional del Derecho”. Una frase lo dice todo. Lo grave es que no es un caso aislado, sino un fuerte indicativo de la calidad académica de gran parte de los nuevos abogados de este país.

Cuando se debate en la Asamblea Legislativa la reforma de la Ley de Educación Superior para conceder a las universidades salvadoreñas nuevos privilegios, debemos señalar que con dicho cuerpo legal no se ha logrado mejorar la calidad de la educación universitaria en el país. La culpa no es de las disposiciones contenidas en la ley, sino de su falta de aplicación.

La ley fue emitida en 1996 para restablecer orden en el caos en que cayó la educación superior durante las décadas anteriores, cuando se aprobaron casi cincuenta nuevas instituciones universitarias, muchas de las cuales funcionaban en garajes, no tenían ni los medios más elementales para cumplir con su función y no dudaban en dedicarse a la venta de títulos de grado. En un principio se hizo un serio esfuerzo por aplicar la ley con gran rigor; fueron cerradas algunas de las instituciones con más graves problemas y se comenzó a imponer orden a las demás.

Al haber un cambio ministerial, sin embargo, se sustituyó la política de cumplimiento de la ley por una de zanahoria sin garrote. El objeto ya no era aplicar la ley, sino exclusivamente dar estímulos y premios a las universidades por su mejoramiento, que ha perdido toda credibilidad al acreditar a algunas de las instituciones cuestionadas. El resultado es que las instituciones se acostumbraron a cumplir con los mínimos requisitos de funcionamiento exigidos por la ley (y ni siquiera todas ellas), mejorar su infraestructura y cumplir otras cuantas reformas cosméticas, sin temor a ser sancionadas, y la intensa competencia económica entre ellas las ha llevado a un decaimiento en sus exigencias académicas, al grado que instituciones que hace cinco años no tenían significativos problemas de calidad, como la UCA o la Universidad Dr. José Matías Delgado, los tienen ahora.

El dilema de las universidades es: si exijo rendimiento a los alumnos se van a otra universidad y pierdo sus cuotas de estudio. Un estudiante de Derecho promedio, por ejemplo, encuentra pocos estímulos para ir a una buena universidad. ¿Para qué? Su objetivo es obtener un título que lo habilite a ejercer una profesión, y puede obtenerlo en menos tiempo, a una quinta parte del costo y con un mínimo o ningún esfuerzo si acude a una mala universidad.

Dadas las implicaciones para la vida nacional que tienen las profesiones jurídicas, se ha clamado mucho por la solución de este problema. Se han sugerido exámenes de admisión, control de las instituciones, exámenes de autorización para el ejercicio de la abogacía, etc., pero han caído en oídos sordos. Ni el Ministerio de Educación, ni la Corte Suprema de Justicia, las instituciones que podrían hacer algo al respecto, han tomado iniciativas al respecto. Ni se quiere sanar lo hecho en el pasado, ni se quiere dar una solución presente y futura al problema.

Es una indiferencia que provoca costos inmensurables al país, en materia de desaparición del estado de derecho y perjuicios a los particulares. No sabemos a qué motivos atribuirla, pero es hora de que se reclame acción o se tomen medidas para remediar el mal.

¿Éxito o fracaso del gobierno?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El presidente Saca prometió una especial atención de su gobierno a asuntos sociales y hasta ahora la más visible manifestación de esto ha sido lo hecho en materia de protección al consumidor.

Se ha nombrado una comisionada presidencial para la Defensoría del Consumidor, que ha demostrado gran actividad. Se han realizado acuerdos con empresas emisoras de tarjetas de crédito y de telecomunicaciones y suscrito con ellas compromisos relativos al respeto de los derechos de los consumidores, que se han publicitado ampliamente. Se ha iniciado una modesta campaña de información al público. Se ha realizado un amplio foro de consultas sobre la materia. Se ha iniciado la elaboración de un nuevo proyecto de ley en el que se está realizando una labor seria y de gran calidad profesional. Se ha buscado la asesoría de expertos internacionales que han sido presentados al público y compartido valiosas ideas y experiencias.

El punto negativo es que hasta ahora la Ley de Protección al Consumidor no ha sido aplicada.

La comisionada presidencial ha manifestado que intenta crear una cultura de respeto a los derechos del consumidor por parte de los empresarios, buscar su cooperación en la aplicación de la ley y la creación de sistemas autorregulatorios que garanticen la calidad de los productos y servicios ofrecidos al público y generen confianza de éste. No se pretende que el gobierno sea un policía que ejerza una labor fiscalizadora ni sancionadora de la actividad comercial, salvo en casos extremos, sino un facilitador de la autorreforma del sector y un procurador del equilibrio entre los derechos de los oferentes y consumidores. Esto ha gustado a algunos sectores empresariales.

Lo inapropiado de lo propuesto por la comisionada presidencial es que ya se ha intentado anteriormente, no una sino varias veces, como una alternativa a la aplicación de la ley, y siempre ha fracasado. El resultado es que el consumidor continúa desprotegido, y las nuevas autoridades tienen que iniciar su labor desde cero, como si no hubieran existido leyes sobre la materia durante toda nuestra historia.

Las manifestaciones de los comerciantes de acatamiento a la ley, se ha comprobado, duran unas semanas. Hace menos de un mes se publicó el convenio entre las compañías de telecomunicaciones sobre el respeto a las normas a favor del consumidor, pero a esta fechs, muchos teléfonos están bloqueados por la señal del proveedor para iniciar la programación de un buzón de correo de voz; en ningún contrato está establecida la prestación del servicio, no se ha avisado a los usuarios de su existencia, de la manera en que pueden activarlo o si va a tener algún costo, y las quejas a la compañía de que no se desea el servicio, sino la línea libre, son inútiles. El rompimiento de la ley en perjuicio del consumidor se convierte en una ventaja competitiva para el empresario que nunca es sancionado; el empresario honesto sale perdiendo y a veces hasta se ve obligado a defraudar al cliente para mantenerse en el mercado frente a la competencia desleal.

La autorregulación empresarial, en los países en que existe, no ha sido promovida por el Estado sino que ha surgido espontáneamente, y ha requerido dos requisitos. El primero es la existencia de un sólido sistema de libre competencia, en lo que se ha avanzado mucho en este país. El segundo es la existencia de un fuerte sistema de aplicación de la ley existente por parte del Estado.

Ha surgido como una opción de los empresarios que prefieren ser regulados por las normas que ellos mismos se impongan a ser regulados por la normativa, quizás arbitraria, que les sea impuesta desde arriba por el Estado.

No dudamos de la buena fe y las excelentes intenciones de la comisionada presidencial, pero consideramos que debe reconocer que su principal función es la aplicación de la ley. De otra manera, su fracaso y el del gobierno puede ser pronosticado.