Nahuaterique y los derechos adquiridos

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El 11 de septiembre es una fecha para recordar con tristeza en tres países: Estados Unidos, por el ataque terrorista en Nueva York; Chile, por el golpe de Estado que culminó con la muerte de Salvador Allende y la instalación de Pinochet; para El Salvador, aunque los ciudadanos no lo recordemos, es la fecha en que la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo en el diferendo limítrofe con Honduras.

No discutiremos si ese tribunal emitió un fallo justo, ni la actuación de nuestros juristas en el litigio; lo cierto es que, con dicha sentencia, nuestro pequeño país se redujo en 311.64 kilómetros cuadrados que se sumaron al territorio de Honduras.

Pero... ¿sabemos los salvadoreños, o al menos los abogados, que existe la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las Zonas Delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992? Esta ley es un hilo de esperanza y de dignidad para los pobladores que quedaron en esos territorios quienes bien dicen: “Nos acostamos siendo salvadoreños y nos despertamos como hondureños, sin que nadie nos avisara”.

Por la Declaración Conjunta de Presidentes, del 27 de agosto de 1999, se dio atribuciones a la Comisión de Seguimiento El Salvador-Honduras (que no debe ser confundida con la de Demarcación y Límites): velar por la parte humana, afectada por la sentencia, por su nacionalidad y derechos adquiridos, a la integridad personal, propiedad, posesión, tenencia, y promover la integración fronteriza. A la Comisión corresponde cumplir la Convención y es la que ha generado y es responsable del Proyecto Piloto de Censo, Catastro y Legalización de Tierras en Nahuaterique, un territorio de clima y paisajes naturales envidiables, antes jurisdicción de Perquín y Arambala, ahora perteneciente al departamento de La Paz, Honduras.

Nahuaterique o Sabanetas es de una extensión de 142.8 kilómetros cuadrados, con una población de más de 5,000 salvadoreños, a los que El Salvador poco ha protegido y a los que Honduras únicamente ha hecho sentir su presencia. Sin embargo, al conocer el plan piloto nos damos cuenta de que se está haciendo realidad lo que hace algunos años era casi imposible: trabajar binacionalmente. Después de doce años, El Salvador y Honduras actualizan el censo de la población, ejecutan un barrido catastral y legalizan derechos sobre los inmuebles de los poseedores, tenedores y propietarios. Si estudiamos el marco jurídico de este proyecto, está muy bien concebido. En materia de bienes y registro, se dan todas las tipologías existentes sobre la tierra, titulares y sus derechos, que no se había legalizado aún cuando era territorio salvadoreño, situación en la que se encuentra buena parte de nuestro país. ¿Sabrán la importancia de ello los cooperantes internacionales?, ¿sabrán que ningún proyecto productivo es sostenible si se realiza con indefinición de los derechos de propiedad? Al menos la Unión Europea, que ha financiado el 40% del Proyecto Piloto, lo ha tomado en cuenta, por lo que se espera que se realice en todos los llamados ex bolsones.

Este proyecto deben conocerlo nuestros jueces, pues no pueden actuar en territorio hondureño; deben verificar hasta dónde llega El Salvador. También nos preguntamos si el Estado salvadoreño está consciente de que este proyecto no tiene precedentes históricos y que las relaciones entre Honduras y El Salvador han marcado el éxito o deshecho la integración centroamericana. En el proyecto, la organización del equipo técnico binacional está en manos de especialistas, con una representante de El Salvador y un homólogo de Honduras, bajo la jerarquía de ambos presidentes de la Comisión de Seguimiento. Se debe considerar que los pobladores de Nahuaterique son también salvadoreños en el exterior y que es loable cómo, sin el apoyo estatal, han permanecido unidos y solidarios, haciendo frente a una situación, política y económica difícil.