¿Éxito o fracaso del gobierno?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El presidente Saca prometió una especial atención de su gobierno a asuntos sociales y hasta ahora la más visible manifestación de esto ha sido lo hecho en materia de protección al consumidor.

Se ha nombrado una comisionada presidencial para la Defensoría del Consumidor, que ha demostrado gran actividad. Se han realizado acuerdos con empresas emisoras de tarjetas de crédito y de telecomunicaciones y suscrito con ellas compromisos relativos al respeto de los derechos de los consumidores, que se han publicitado ampliamente. Se ha iniciado una modesta campaña de información al público. Se ha realizado un amplio foro de consultas sobre la materia. Se ha iniciado la elaboración de un nuevo proyecto de ley en el que se está realizando una labor seria y de gran calidad profesional. Se ha buscado la asesoría de expertos internacionales que han sido presentados al público y compartido valiosas ideas y experiencias.

El punto negativo es que hasta ahora la Ley de Protección al Consumidor no ha sido aplicada.

La comisionada presidencial ha manifestado que intenta crear una cultura de respeto a los derechos del consumidor por parte de los empresarios, buscar su cooperación en la aplicación de la ley y la creación de sistemas autorregulatorios que garanticen la calidad de los productos y servicios ofrecidos al público y generen confianza de éste. No se pretende que el gobierno sea un policía que ejerza una labor fiscalizadora ni sancionadora de la actividad comercial, salvo en casos extremos, sino un facilitador de la autorreforma del sector y un procurador del equilibrio entre los derechos de los oferentes y consumidores. Esto ha gustado a algunos sectores empresariales.

Lo inapropiado de lo propuesto por la comisionada presidencial es que ya se ha intentado anteriormente, no una sino varias veces, como una alternativa a la aplicación de la ley, y siempre ha fracasado. El resultado es que el consumidor continúa desprotegido, y las nuevas autoridades tienen que iniciar su labor desde cero, como si no hubieran existido leyes sobre la materia durante toda nuestra historia.

Las manifestaciones de los comerciantes de acatamiento a la ley, se ha comprobado, duran unas semanas. Hace menos de un mes se publicó el convenio entre las compañías de telecomunicaciones sobre el respeto a las normas a favor del consumidor, pero a esta fechs, muchos teléfonos están bloqueados por la señal del proveedor para iniciar la programación de un buzón de correo de voz; en ningún contrato está establecida la prestación del servicio, no se ha avisado a los usuarios de su existencia, de la manera en que pueden activarlo o si va a tener algún costo, y las quejas a la compañía de que no se desea el servicio, sino la línea libre, son inútiles. El rompimiento de la ley en perjuicio del consumidor se convierte en una ventaja competitiva para el empresario que nunca es sancionado; el empresario honesto sale perdiendo y a veces hasta se ve obligado a defraudar al cliente para mantenerse en el mercado frente a la competencia desleal.

La autorregulación empresarial, en los países en que existe, no ha sido promovida por el Estado sino que ha surgido espontáneamente, y ha requerido dos requisitos. El primero es la existencia de un sólido sistema de libre competencia, en lo que se ha avanzado mucho en este país. El segundo es la existencia de un fuerte sistema de aplicación de la ley existente por parte del Estado.

Ha surgido como una opción de los empresarios que prefieren ser regulados por las normas que ellos mismos se impongan a ser regulados por la normativa, quizás arbitraria, que les sea impuesta desde arriba por el Estado.

No dudamos de la buena fe y las excelentes intenciones de la comisionada presidencial, pero consideramos que debe reconocer que su principal función es la aplicación de la ley. De otra manera, su fracaso y el del gobierno puede ser pronosticado.