Ley de turismo y sus problemas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Recientemente, el Ministerio de Turismo elaboró un anteproyecto de ley con el propósito de fomentar el turismo en el país.

Es un texto con varios problemas: el primero es que no promueve el aumento de la competitividad del sector. Por ejemplo, no procura disminuir los costos excesivos con que opera el Aeropuerto Internacional. Por el contrario, establece nuevos impuestos por ingreso al país y al hospedaje en hoteles. Claramente, un sector nuevo no se promueve aumentando impuestos.

También, se propone otorgar exenciones fiscales a hoteles y moteles. Esto causaría que surjan establecimientos con el fin exclusivo de aprovecharse de esos incentivos; serían negocios que se dedicarían a otras actividades y que se aprovecharían de las exenciones. Además, el proyecto no considera los dos problemas principales del turismo en el país: la mala infraestructura turística y la inseguridad ciudadana. La cifra de homicidios diarios ha aumentado de 8 en el 2003 a 10 en el 2004. Este es el problema principal que el sector de turismo enfrenta.

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto no es armónico con el resto de leyes vigentes. En El Salvador ya existen tres leyes que regulan la actividad turística: Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo, Ley de la Corporación Salvadoreña de Turismo y Ley de Fomento de la Industria Turística. El nuevo proyecto ha sido redactado como si no existieran y sin intención de armonizarlas. De ser aprobado, crearía una inseguridad sobre los derechos de los particulares y las obligaciones del Estado.

En el proyecto se establece que se derogan, en lo que se opongan, las leyes anteriores, lo que es un principio general de derecho y no es necesario que lo diga el texto. El problema se daría con aquellas disposiciones que no se oponen directamente a la nueva ley. Se crearía duplicidad y hasta triplicidad de funciones y competencias. Por ejemplo, la ley dejaría vigente y obligatorio el Sistema Nacional de Turismo, establecido en la Ley de Fomento de la Industria Turística, a pesar de que se crea un registro de empresas de turismo. Se dejaría vigente el régimen de infracciones y sanciones de la Ley del ISTU. Por tanto, en materia de turismo, habría cuatro leyes distintas, que no se complementarían entre sí.

Esto nos lleva a otro punto: ¿Por qué, existiendo un Ministerio de Turismo, se necesitan instituciones como CORSATUR e ISTU? La competencia del ministerio resulta tan indefinida que del texto del proyecto no podemos deducir cuál sería su función. De hecho, actualmente no sabemos para qué existe CORSATUR, si existe el ISTU. El principal problema con el proyecto es la indefinición de competencias administrativas de las tres instituciones. Básicamente, todas tienen facultades para la promoción del turismo, aunque las más amplias son las del ISTU.

Para colmo, en el proyecto se crea un Fondo de Promoción de Desarrollo Turístico y aunque no dice que es una nueva institución autónoma, le da facultades para contratar en forma independiente lo que solo puede hacer una persona jurídica. Sin embargo, sus normas de funcionamiento y administración son insuficientes.

Finalmente, en el proyecto hay puntos inconstitucionales. El art. 3 establece que el Ministerio de Turismo será el órgano normativo del sector turístico, facultad reservada por la Constitución a la Asamblea Legislativa. El presidente de la República, a iniciativa del ministerio, puede emitir reglamentos para la aplicación de la ley, pero el sistema legal salvadoreño no permite la delegación de funciones y el Ministerio de Turismo no puede emitir leyes complementarias. También son inconstitucionales las disposiciones que establecen que los impuestos que se crean no ingresarán al Fondo General, sino que irán a una institución autónoma.

Creemos que es imperante que se corrijan los defectos del proyecto de nueva ley de turismo, y que se proponga una visión integral que se enfoque en resolver los problemas de competitividad que El Salvador tiene en dicho sector.