Rumbo al CAFTA

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La semana pasada, el Órgano Ejecutivo por medio de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería, presentó oficialmente a la Asamblea Legislativa el texto del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América, para su conocimiento, debate y oportuna ratificación.

El fin último de este acuerdo internacional es la búsqueda de prosperidad económica por medio del libre comercio entre los signatarios a través de sus potencialidades económicas, la posición geográfica privilegiada, la modernización de sus instituciones, esto luego de experimentar Centroamérica con un sinnúmero de ensayos de modelos económicos y sociales, entre los que destacan la sustitución de importaciones, el modelo exportador, la tesis de la dependencia y la prolongada y abusiva intervención estatal.

El acuerdo de libre comercio también ofrece las posibilidades de contar con un instrumento jurídico e institucional en donde se concreten, entre otras, las normas de origen para las mercancías, la calendarización de acceso a los mercados, la regulación de la competencia desleal, todo ello encaminado hacia el logro de un crecimiento sano y sostenido con la economía más grande del mundo.

En el caso particular de El Salvador, un tratado de libre comercio con Estados Unidos significará no solo el libre acceso de nuestras mercancías con unas reglas de juego claras y estables, sino que nos obligará a diseñar en el país cuerpos normativos ágiles y modernos que estén a la altura de las relaciones entre ambos países, para asegurar el empleo de miles de salvadoreños que ingresan en la fuerza laboral cada año, así como un reenfoque al tema del medio ambiente tan urgente y angustiante.

Asimismo, implicará una oportunidad gradual de mejora salarial, mayores posibilidades de crecimiento económico, productividad empresarial, y la disponibilidad de bienes y servicios competitivos que aumentarán el poder adquisitivo de todos los salvadoreños.

Pero lo más sobresaliente que podemos apreciar y con el objeto de exhortar a la Asamblea Legislativa a ratificar el tratado es la oportunidad que se nos presenta de obtener nueva tecnología y capital privado por medio de inversiones no solo norteamericanas, sino de otras regiones del mundo que deseen acceder al mercado de Estados Unidos y con ello cumplir un objetivo estratégico nacional de exportar bienes y servicios y no personas.

La apertura comercial de El Salvador en un esquema de libre comercio con Estados Unidos de América también nos planteará la consecución de logros concretos en la búsqueda de un bienestar ecológico que las futuras generaciones de connacionales se merecen, pero ese entorno nunca se podrá materializar bajo una economía caracterizada por el desequilibrio, el exceso de regulación administrativa y el estancamiento económico. También nos forzará a revisar la legislación laboral ya que al presentarse mayores oportunidades comerciales el sistema de producción requerido hará irrelevantes ciertas leyes e instituciones que hoy representan una camisa de fuerza para el sector productivo del país.

Esperamos entonces que nuestros legisladores dimensionen y apoyen en el contexto de la mayoría simple la ratificación del CAFTA, pues con un voto negativo se enviarían las señales equivocadas a los inversionistas, se tendería a cerrar las fronteras comerciales del país e invitaría a retomar posturas hacia un paternalismo estatal propio de las décadas de los setenta y los ochenta, con lo cual estaríamos en el preludio de una nueva década perdida y con ello el incentivo perfecto para fuga de salvadoreños hacia el exterior en la búsqueda de mejores derroteros.