¿Acaso es tan difícil cumplir la ley?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La noticia del cierre de la Universidad Albert Einstein, ordenado por el Ministerio de Educación, ha asombrado al país. Dicha institución y algunos medios de prensa han querido hacer creer que la sanción es debida solo a la negativa del ministerio a reconocer que tiene patrimonio, a que no tiene edificios propios (lo que no es una obligación legal) o a una conspiración entre dicha oficina pública y otra universidad para atraer a los alumnos de la institución y sus cuotas de pago.

No hay nada de eso. Lo que está en juego es el respeto a la institucionalidad y a la ley salvadoreña, y saber si el espíritu de esta debe respetarse o si prevalecerán el fraude y los subterfugios para violarla.

Todas las leyes que han regido la educación superior en el país han estipulado que debe ser impartida por instituciones sin fines de lucro. Las universidades no pueden enriquecer a alguien, sino que cualquier ingreso que obtengan deben dedicarlo al cumplimiento de sus fines, y todo mecanismo directo o indirecto para redituar a particulares es una violación a la ley.

Bajo la antigua “Ley de universidades privadas” se crearon docenas de instituciones de educación superior sin contar con el patrimonio necesario para operar; a veces, sus fundadores crearon sociedades anónimas como “patrocinadoras” de la entidad. Algunas ayudaron efectivamente a las nuevas instituciones, pero otras se convirtieron en verdaderas dueñas de las universidades y las utilizaron para enriquecer a sus accionistas. De ahí surgieron los problemas de admisiones masivas, baja calidad de la educación universitaria, venta de títulos, etc. Uno de los principales objetivos de la “Ley de educación superior” de 1995 fue terminar con ese estado de cosas.

La sociedad “Profesionales Universitarios Asociados, S. A. de C. V.” (PUASA) fue creada por autoridades de la UAE como patrocinadora de la misma, pero la “ayuda” que le dio consistió en arrendarle todos los bienes con que desempeñaba su labor. Esto la convirtió en la universidad con menor patrimonio, a pesar de ser la tercera más antigua del país, pues sus propiedades consistían casi solo en papelería y bienes fungibles. Como lo dijo una asesora ministerial: “La sociedad nunca ha patrocinado a la universidad; ha sido la universidad la que ha patrocinado a la sociedad”.

El ministerio advirtió tal situación ilegal a la universidad año tras año, señalándole un término para regularizar la situación, pero esto nunca se dio, por lo que en el año 2003 impuso la primera sanción. La reacción de PUASA fue donar a la universidad la biblioteca, otros bienes muebles y un derecho proindiviso sobre un terreno rústico que la universidad no usa, pero se reservó la propiedad de los edificios que utiliza, construidos con los ingresos de la institución, arrendándoselos por la módica suma de 300,000.00 dólares anuales; también se reservó la librería, la imprenta, el centro de copias, la cafetería y el estacionamiento, teniendo la UAE la obligación de recaudar los cobros de este y entregarlos a la sociedad. Los únicos ingresos posibles de la universidad serían las colegiaturas, que se usarían para pagar a la sociedad. Persiste, entonces, la explotación de la institución por una entidad mercantil; aquella no puede crecer con sus ingresos, pero unas pocas personas se convierten en millonarias a su costa.

La resolución del Ministerio de Educación nos parece justa y sus titulares, así como la directora nacional de Educación Superior, merecen ser encomiados por su entereza, valentía y respeto a la ley. Es un alivio saber que todavía quedan funcionarios públicos a los que esto último les importa.