¿Votación electrónica en la Asamblea Legislativa?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Según Acuerdo nº 3493 de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, dicho organismo acordó adjudicar a una empresa el suministro de un sistema de votación electrónica. Esto, con fondos del convenio de préstamo BID 1203/OC-ES, Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Asamblea Legislativa.

Lo anterior trae a la memoria las imágenes de los periódicos, en los que se podía apreciar a un representante legislativo levantar por la fuerza el brazo de un compañero de fracción para que este votara por la aprobación de una determinada iniciativa. Todo ello con enorme desparpajo, que evidenciaba un claro consentimiento viciado.

No vale la pena reparar en qué paró aquel relajo. Hubo explicaciones aceptadas en forma mayoritaria, sin entrar a discutir aspectos que por ahora los políticos no están interesados en tratar, como el postulado —constitucional— que los diputados representan al pueblo entero y no están vinculados por mandato imperativo alguno.

Detrás de todo acto legislativo no falta una negociación, y qué bueno; pero, ¿qué es lo que se negocia?, ¿cómo se negocia? A nadie escapa la gran casualidad que se dio al aprobar la Ley de Integración Monetaria (dolarización), con posterioridad a que se declaró que no había lugar a formación de causa en la de un homicidio tentado cometido por un legislador borracho contra una agente de autoridad. Pura casualidad.

Este es el escenario que se vive en la máxima representación del país. Unas veces de una manera, otras, con variantes, pero los salvadoreños poco sabemos de la causa eficiente que ha inducido a las fracciones a votar en tal o cual sentido; en nuestra realidad, son las fracciones las que votan y no los diputados. ¿Acaso no se ha advertido en las transmisiones televisivas, o cuando se tiene oportunidad de presenciarlo desde la barra, la facilidad con que el que preside la plenaria cuenta los votos? Entonces, ¿para qué votaciones electrónicas? Estas representan un avance en las democracias en donde cualquier interesado puede dar seguimiento a los criterios con que han votado los parlamentarios, e inquirir sobre los cambios de criterio en cada uno o fracción. Esto tiene que ver con la vinculación de los diputados a sus electores, con que estos puedan escoger de una pluralidad de nombres y no solamente entre banderas; con un sistema de listas abiertas, para que el pueblo juzgue y escoja a sus representantes o les dé una nueva oportunidad.

La modernización legislativa que se invoca en el acuerdo citado no sirve de nada si lo es simplemente para contar votos; los presidentes del augusto cuerpo legislativo nos demuestran en cada plenaria que lo que decimos es cierto. La votación electrónica va de la mano con un sistema de listas abiertas, en donde los políticos demuestren que gozan de la aceptación ciudadana, con base a cocientes, y no se disputen simplemente un residuo electoral, que haga permanecer bien posicionados a grupúsculos que han recibido la desaprobación popular en las urnas, pero siguen activos en la política partidaria porque saben cómo manejar el sistema electoral. Además, ¿por qué no hablar de la democratización de los partidos políticos? Urge una ley de partidos para que estos salgan del dominio de pequeñas camarillas y se pueda saber a costa de qué reciben donaciones. Nuestros políticos, quienes utilizan el vocablo institucionalidad en sus discursos, tienen la palabra. Modernización y fortalecimiento no solo son cuestión de artilugios tecnológicos. De paso, el sistema adjudicado es de uso a través de tarjetas, y no de la huella digital, como son los más avanzados, lo que nos indica que falta por ver qué harán muchos de nuestros representantes en situaciones como la recordada al inicio de estas líneas.