Las nuevas leyes deben ser discutidas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La última semana de la anterior legislatura fue agitada. La Asamblea Legislativa eligió cinco nuevos excelentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también aprobó con precipitación y a espaldas del pueblo nueve importantes cuerpos legales, que debieron haber sido dados a conocer previamente y objeto de profundo estudio y discusión. Este tipo de maratones legislativas de última hora se ha hecho ordinario a la conclusión de cada período parlamentario, con malas consecuencias para el país.

Cuatro nuevas leyes fueron aprobadas. La más importante, consideramos, es la “Ley de protección de testigos”, que llena un vacío por el que se ha clamado mucho tiempo, pero ameritaba que se dieran explicaciones sobre algunos de sus puntos, como el confiar su aplicación a la UTE, una institución que debería ser de gran utilidad, pero que no ha cumplido su papel por falta de interés gubernamental, y los fondos indispensables para su puesta en práctica. Las bondades de las demás leyes son menos evidentes.

La “Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República” tiene muy poco novedoso; más pareciera que su principal finalidad es dar un cubrimiento legal a las irregularidades habidas en el pasado a la elección tardía del fiscal general, lo que no resuelve el problema de la inconstitucionalidad que esto crea. La “Ley de Ética Gubernamental”, pésimamente redactada, no aporta nada nuevo más que la creación de más burocracia y confusión en el sistema jurídico; no pueden extrañarnos las sospechas que se han levantado contra la misma. La “Ley de la Administración Pública Municipal”, a pesar de su buena intención, es otra fuente más de desorden en el régimen de los servidores públicos que ya se ha dispersado en tantas leyes que es casi imposible conocer los derechos y obligaciones de un empleado del Estado; en vez de ordenar la materia, se la sigue confundiendo más. Debieron haber sido vetadas y dejadas para mayor discusión.

Las reformas a la “Ley de Consejo Nacional de la Judicatura”, prorrogando con efecto retroactivo el período de los miembros de la institución que representan al gremio de abogados, pero no a los demás, son tachadas de inconstitucionales por algunos; además, es evidente la nada ética intención de prolongar las funciones de los representantes de una asociación con vinculaciones con el gobierno. ¿Cómo votaron por ellas los diputados de oposición?

Lo que es verdaderamente grave es la aprobación sin discusión de cinco reformas a la Constitución que deben ser ratificadas por la presente legislatura. Una de ellas prorroga los períodos de los diputados y de los concejos municipales, medida deseable según algunos, pero que según otros es dañina e ignora las ventajas de la regulación actual. Otra se refiere a la intercepción de comunicaciones sin autorización judicial, para lo cual no es necesaria la reforma; la tozudez de unos jueces a no admitirlo debía ser resuelta por otros medios. Otra reforma, privando a la Corte Suprema de Justicia de la facultad de nombrar médicos forenses se hace necesaria porque no se hizo en una reforma anterior mal hecha, que transfirió las facultades de investigación del delito a la Fiscalía, pero crea una nueva institución para tal fin, lo que no es materia constitucional. Otra peligrosa reforma altera las reglas de aprobación del presupuesto y de endeudamiento público, que crearía un gran riesgo para el país. Finalmente, se aprobó una reforma con intención de prohibir el matrimonio homosexual, asunto de tan poca trascendencia para la realidad nacional y tan fuera de materia constitucional que solo puede tener fines propagandísticos.

La precipitación al legislar es imperdonable. Es jugar con la vida y el destino de innumerables personas. Exhortamos a la comunidad jurídica a iniciar un debate serio sobre estas inoportunas leyes y a exigir la corrección del daño que hacen. Es un deber patriótico de los abogados.