Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, invita a Magistrado Velasco a presentación de Anteproyecto de Código Civil y Mercantil

En la Foto: Dr. Mauricio Velasco, Magistrado Presidente Sala delo Civil CSJ

El Centro de Estudios Jurídicos, invitó al Dr. Mauricio Velasco, para disertar sobre el anteproyecto del Código Procesal Civil y Mercantil, el cuál con el auspicio de la CSJ, ha venido desarrollándose aproximadamente desde hace 7 años, y se ha presentado a la honorable Asamblea Legislativa para que tome vigencia en el tiempo que los diputados lo estimen conveniente.

El Magistrado Velasco durante su presentación, explicó: “ El Código Procesal Civil y Mercantil, no deben regirse a una normativa del siglo pasado, y este código es lo que el juez y el litigante pone en práctica en nuestra sociedad en materia civil y mercantil. Inicialmente este proyecto se encomendó a dos juristas españoles de primer nivel, como eran el Dr. Víctor Moreno y Vicente Guzmán F., quienes en compañía de juristas salvadoreños, tales como Dr. Carlos A. Amaya, Manuel Arturo Montecinos, Rómulo Sandoval, Guillermo Alexander Parada, José Luis Arias y Aldo Cáder G. Iniciaron el proyecto, presentándose en años anteriores otras versiones, se ha discutido con las instituciones públicas y privadas involucradas, y en cada presentación se ha ido mejorando y tomando en consideración las observaciones realizadas. Este anteproyecto se presentó en Barranquilla Colombia, recibiendo múltiples felicitaciones aún comparado con el proyecto de Código Procesal y Mercantil de Uruguay”. De igual manera el Dr. Velasco recalcó: “ El código vigente data del año 1882, cuenta con 126 años, y las exigencias del siglo XXI y el reclamo de la ciudadanía es que los procesos son lentos en materia civil y mercantil, entonces la presentación de este proyecto obedece a agilizar los procesos y que éstos se puedan desarrollar de forma más breve y eficaz, y lo medular de esta propuesta es de convertirse en ley, y que de aprobarse tendremos un sistema “Oral” por audiencias, imperará de parte del juez la economía procesal y la celeridad, ya que el “Tiempo más que oro, es justicia ”.

En la Foto: Asistentes: Dr. René Fortín Magaña Ex Magistrado CSJ y Dr. Domingo Méndez Ex Presidente CSJ.

Predictibilidad y jurisprudencia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Por resultar de actualidad en el medio judicial nuestro, hemos estimado conveniente dar a conocer algunos aspectos abordados en Perú sobre este tema, en donde un Grupo de Trabajo integrado por distinguidos juristas responsables de las instituciones más importantes del sector han producido su Informe Final. He aquí algunos conceptos del Informe:

Uno de los principales problemas de nuestro sistema de justicia es la no suficiente claridad en los operadores acerca de conceptos básicos necesarios para una adecuada impartición de justicia. Para que una sentencia esté debidamente fundamentada no basta una mera cita de la norma ni con el simple encaje de los hechos. Se debe de explicar de manera razonada por qué se aplica dicha norma al caso que se está resolviendo. Motivar entonces, significa explicar el enlace que existe entre los hechos y el derecho que se aplica al caso concreto.

Es de suma importancia que los operadores diferencien estos conceptos porque si bien una resolución puede estar fundada en derecho, puede carecer de motivación, es decir, no explica el enlace de esas normas con la realidad que se está juzgando. De la misma forma una resolución puede ser razonada y motivada, pero no estar fundada en derecho, supuesto que se daría si un juez justificaría su decisión en principios puramente filosóficos.

La jurisprudencia —sentencia de los tribunales— pretende establecer criterios uniformes de interpretación, lo cual aumenta la predictibilidad como un desincentivo para la presentación de demandas con baja o casi nula probabilidad de éxito. Del mismo modo, la creación de criterios uniformes de interpretación del derecho aliviará el trabajo al momento de resolver puesto que bastará identificar cuál es la línea jurisprudencial que se siguió en casos similares, no siendo necesario entrar a mayores discusiones jurídicas. Evidentemente ello agilizará el proceso de resolución de expedientes.

Pero esto está relacionado íntimamente con el control de la corrupción. El nivel de confianza en un determinado mercado depende que sus actores consideren que compiten en igualdad de condiciones. Por ello, la presencia de altos niveles de corrupción institucional genera desconfianza en los inversionistas y reduce los niveles de crecimiento. De ahí la importancia que el Poder Judicial se convierta en la primera institución en ofrecer una imagen de transparencia, desempeñando el papel de nivelador del campo del juego, al asegurarse que ninguno de los actores se vea favorecido arbitrariamente por entidades estatales.

Empero, si los juzgadores gozan de discrecionalidad absoluta para interpretar el sentido de la norma positiva, les puede permitir muy fácilmente encubrir casos de corrupción.

En ese orden de ideas, las existencias de claras líneas jurisprudenciales también sirven como mecanismo de reducción de la corrupción en aquellos casos donde esta surge de iniciativas privadas, desde luego que los particulares encontrarán menos oportunidades de corromper a funcionarios judiciales. La existencia de líneas jurisprudenciales claras genera mayor confianza en el sistema judicial y revela una imagen de transparencia e imparcialidad, fundamental para la legitimidad de sus resoluciones. De esta forma se incrementa su credibilidad institucional y el nivel de confianza ciudadana en los jueces y magistrados.

Finalmente, en esta entrega, debe traerse a cuento que las irregularidades que puedan señalarse a muchas de las sentencias de los tribunales podría tener su origen en una deficiente capacitación de los operadores o en el apoyo asesor que puedan recibir tribunales colegiados. Se da el caso que muchas veces el personal reclutado no se encuentra especializado en la elaboración y redacción de sentencias judiciales; por lo que es recomendable que a ese nivel se establezca una capacitación previa a cargo de las escuelas de capacitación judicial, como un requisito para concursar por esas plazas.

Sin duda, pues, que pareciera conveniente que en el sector justicia se empezara a trabajar en un modelo hacia un sistema de justicia predecible.

La polarización política en nuestro país

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El último debate parlamentario relativo al conocimiento y aprobación de los préstamos internacionales, de los cuales se ha hablado en las últimas semanas, ha puesto en evidencia la profunda polarización de la clase política. El enfrentamiento entre las dos fuerzas parlamentarias mayoritarias ha carecido y carece de la seriedad con que se deben abordar los temas de interés nacional. Se ha visto y escuchado a los representantes de la patria sumergidos en una retórica sin contenido, caracterizada por las imputaciones sin pruebas de uno y otro lado, que de no ser por la “inmunidad” de que gozan los diputados esta es hora de que hubiera una proliferación de demandas por delitos contra el honor y la imagen.

Pensamos que las diferentes maneras de ver la cosa pública y los variados criterios de cómo se deben manejar los asuntos de gobierno no son por sí mismas malas, sino que deben ser el reflejo de un ambiente de democracia dentro del cual cabe el ejercicio del libre pensamiento y libre expresión de ideas. Sin embargo, pensamos que no hay conciencia de los políticos, especialmente de aquellos que ahora ostentan la calidad de diputados, porque es indudable que han perdido la noción de un sistema de gobierno representativo. El mandato conferido a los diputados si bien incluye el respeto a la base de pensamiento ideológico de cada uno de ellos, descansa sobre todo en la instrucción de resolver los problemas de la vida nacional, con base en el respeto y derecho de otro, pero más aún en los bien entendidos intereses de la población.

El sentimiento de frustración del pueblo no es que haya o no haya aprobación de determinado asunto; el pueblo ha puesto a los diputados a velar por los intereses generales; el mandato que les ha dado, en la interpretación de los resultados eleccionarios, es el de poner todos sus esfuerzos a los entendimientos y a la concertación; es el de dotar al país de un marco legislativo que contenga reglas de juego claras y transparentes en todos los órdenes. En todo eso es que el pueblo puso y ha puesto la confianza, por eso votó.

Pero otra cosa es lo que se está haciendo. Al final del día, ahora empiezan elucubraciones que todo ha sido un mero manejo político partidario; hoy se dice que ni a uno ni a otros les interesaba el fondo de la discusión sobre los préstamos; que ha sido un manejo de políticas partidistas de cara ya a las futuras elecciones.

Ya es tiempo de hacer un alto en el camino y hacer un verdadero examen patriótico que determine un cambio de actitud en el ejercicio de las funciones públicas. Todos, pero todos los salvadoreños, por convicción y por conveniencia ciudadana, debemos influir a los propósitos de potenciar un diálogo nacional que siente las bases y reglas de un debate general, que propicie las formas republicanas y representativas de nuestra forma de gobierno. No hay tiempo para seguir en una contienda estéril, en la que no se entra a conocer y discutir las reales necesidades de la población y en la que lo único que se advierte son movimientos de una simple estrategia partidista.

Ojalá que el resultado de esa última plenaria haga reflexionar a los señores diputados, en el sentido de establecer formas de entendimiento que evite en todo lo posible ocupar el recinto legislativo para pobres discursos que ignoran los claros mandatos de la nación. Nadie puede desperdiciar la oportunidad que nos dejaron todos aquellos que derramaron su sangre en aquella confrontación armada de la sin razón; hacerlo no es sino un verdadero delito de lesa humanidad.

La política en los préstamos internacionales

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

De conformidad con las negociaciones realizadas con los organismos internacionales, el tiempo para que el Gobierno y Estado de El Salvador pueda obtener los préstamos de aquellos organismos está a punto de vencerse, en cuyo caso la oportunidad de obtener tales préstamos quedará extinguida. Esos créditos son: a) uno del Banco Mundial destinado a programas de educación, salud y alimentación de infantes mediante el Programa Red Solidaria y otro para el combate a la delincuencia; y un tercero del BID cuyo destino es para la financiación de proyectos educativos, electrificación rural y de infraestructura básica de agua, y para el mantenimiento de la red vial.

El entrampamiento legislativo descansa en la posición rígida de la mayor fuerza opositora del Gobierno, sobre la base de que, previamente, exigen auditorías de manejo de préstamos ya recibidos y la clarificación de los destinos de los préstamos pendientes de aprobación. Por su parte, el Gobierno ha sostenido que tales préstamos son una necesidad en la coyuntura actual y que no es comprensible la negativa a su aprobación, en el entendido que los organismos financieros han expresado que el endeudamiento y, por consiguiente, la capacidad de endeudamiento del país es aceptable.

Sin duda alguna, la adopción de prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras de un país es beneficiosa en términos de gozar de una buena credibilidad en los mercados internacionales. En tal sentido, los gobiernos salvo excepciones de seguridad nacional deben dar a conocer las principales decisiones en que basan sus políticas de endeudamiento, en el marco de una plataforma general de gobierno, que no es sino la política comprometida en su Plan de Gobierno ofrecido en el marco de su camino hacia el ejercicio de las atribuciones del Órgano Ejecutivo. En este orden de ideas, las entidades competentes del Estado deben estar dispuestas a rendir, los informes sobre la aplicación y el manejo de las finanzas públicas, con el objetivo se someterlas a las verificaciones y observaciones que se puedan formular con la finalidad de hacer los ajustes o correcciones que demanden.

Sin embargo, las facultades para solicitar verificaciones o hacer observaciones no pueden tener como propósito la formulación de simples enjuiciamientos de carácter político sobre la conveniencia o idoneidad de la contratación de esa clase de préstamos. Debe el Órgano Legislativo o, en su caso, la representación parlamentaria determinante de la aprobación o no de los mismos, ejercer sus atribuciones con sentido de responsabilidad patriótica, más allá de los meros intereses partidarios, con la necesaria flexibilidad en orden a las circunstancias particulares que se estuvieren viviendo en el país.

El llamado entrampamiento de la aprobación crediticia internacional no ha debido provocar entre dos Órganos del Estado una discusión estéril; no ha debido generar una campaña mediática onerosa, ni tampoco una actitud hostil y arrogante de quienes sienten tener el patrimonio exclusivo de los destinos de nuestra nación. Las realidades que viven los salvadoreños demandan de sus representantes y gobernantes actitudes acordes a sus responsabilidades constitucionales y en función de los genuinos intereses de la ciudadanía. En tal sentido, las altas partes de esta inexplicable controversia deben entender y asumir, la necesidad de establecer un equilibrio entre la necesaria transparencia del manejo de la cosa pública y la facultad de verificar u observar. Los préstamos pueden, y deben, ser aprobados, bajo el compromiso ineludible del Gobierno de dar las explicaciones que se le solicitan y de manejar los destinos de los créditos con la apropiada probidad.

Por tanto, esas altas partes deben saber que la patria entera está atenta a la postura definitiva que adopten y que, en el marco de las facultades soberanas que le otorga la Constitución, sabrá juzgar y hacer saber lo juzgado, en la oportunidad que esta le otorga para expresarse mediante el ejercicio del sufragio.

Centroamérica en peligro

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El Centro de Estudios Jurídicos no puede dejar de pronunciarse acerca de los horrendos crímenes cometidos en Guatemala. Tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, su colaborador, y a solo un par de días después de su captura, los cuatro sicarios que perpetraron los crímenes también han sido asesinados, bloqueando la principal fuente de información para esclarecer la brutal muerte de nuestros compatriotas. El miércoles de la semana anterior nos enteramos de la captura de un quinto miembro de la Policía Nacional Civil guatemalteca involucrado en los asesinatos.

El tema de los asaltos contra compatriotas en la carretera hacia Guatemala no es asunto reciente; valientes salvadoreños denunciaron hace meses las vejaciones sufridas por parte de los asaltantes. Además, continúan en aumento los asaltos a furgones con mercadería que transitan por la carretera, con las consecuencias económicas que ello conlleva para ambos países. Ahora queda establecido que los perpetradores de los asaltos, o son miembros de la institución policial guatemalteca, o los policías tienen vínculos de complicidad con los delincuentes. ¿Qué hicieron las autoridades del vecino país cuando los robos fueron denunciados? Nada, aparte de la iniciativa del presidente de esa república de viajar a El Salvador con toda su escolta para demostrarnos que la carretera era segura. Ahora, ha anunciado nuevamente esa medida, pretendiendo que con su actuar nosotros los salvadoreños vamos a recuperar la confianza perdida en su institución policial. El gobierno de Guatemala debe actuar enérgicamente; y en vista de que al parecer nadie dentro de su Policía va a mover un dedo para investigar y castigar a los culpables de estos crímenes y de quién sabe cuántos más, debería nombrar fiscales especiales quienes, desvinculados de los lazos que unen a los policías con las bandas de criminales, ejerzan sus funciones en forma honesta, enérgica y eficiente. Ya los mismos agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se han negado a recibir la colaboración del cuerpo policial guatemalteco, por considerarlo absolutamente falto de confianza.

Esta institución ya ha dicho que es conveniente reforzar los medios e instrumentos jurídicos de detección y control y extender los intercambios de información y las medidas de control a sectores conexos o especialmente vulnerables, como el blanqueo de capitales, los contratos públicos o la concesión de subvenciones, así como los propios actos de terrorismo; garantizar una gestión más eficaz del seguimiento del control migratorio de personas, seguimiento administrativo y financiero, que permitan hacer efectiva la captura de delincuentes o la recuperación de capitales mal habidos; y establecer con claridad la cooperación internacional de manera que permita clarificar y simplificar la participación eficaz de entidades de los diversos países.

La tragedia humana que todos los salvadoreños y guatemaltecos estamos viviendo merece el repudio total de los buenos ciudadanos de ambos países y del resto de centroamericanos. Pero junto a la condena que todos hacemos por este derramamiento de sangre, es necesario también condenar el atropello de estos delincuentes a la institucionalidad del istmo. Tres de los salvadoreños asesinados eran miembros del Parlamento Centroamericano, institución regional que surge del esfuerzo para regresar a la patria común. Si la impunidad prevalece, prevalecerá también la anarquía, la desconfianza, el escepticismo y el desprecio a los esfuerzos hechos por crear una Centroamérica unida. ¿Acaso nuestros pueblos sufrieron cruentas guerras fratricidas y lograron instituir sistemas democráticos, para caer al final en manos de las mafias criminales? A las autoridades guatemaltecas el siguiente mensaje: Esto para aquí. Debe parar aquí. Nuestros hijos y los hijos de ellos nos reprocharán no haber actuado con la energía y el valor suficientes para preservar lo que tanto sacrificio nos ha costado en pos del Estado de Derecho, de la justicia y la paz.