Por resultar de actualidad en el medio judicial nuestro, hemos estimado conveniente dar a conocer algunos aspectos abordados en Perú sobre este tema, en donde un Grupo de Trabajo integrado por distinguidos juristas responsables de las instituciones más importantes del sector han producido su Informe Final. He aquí algunos conceptos del Informe:
Uno de los principales problemas de nuestro sistema de justicia es la no suficiente claridad en los operadores acerca de conceptos básicos necesarios para una adecuada impartición de justicia. Para que una sentencia esté debidamente fundamentada no basta una mera cita de la norma ni con el simple encaje de los hechos. Se debe de explicar de manera razonada por qué se aplica dicha norma al caso que se está resolviendo. Motivar entonces, significa explicar el enlace que existe entre los hechos y el derecho que se aplica al caso concreto.
Es de suma importancia que los operadores diferencien estos conceptos porque si bien una resolución puede estar fundada en derecho, puede carecer de motivación, es decir, no explica el enlace de esas normas con la realidad que se está juzgando. De la misma forma una resolución puede ser razonada y motivada, pero no estar fundada en derecho, supuesto que se daría si un juez justificaría su decisión en principios puramente filosóficos.
La jurisprudencia —sentencia de los tribunales— pretende establecer criterios uniformes de interpretación, lo cual aumenta la predictibilidad como un desincentivo para la presentación de demandas con baja o casi nula probabilidad de éxito. Del mismo modo, la creación de criterios uniformes de interpretación del derecho aliviará el trabajo al momento de resolver puesto que bastará identificar cuál es la línea jurisprudencial que se siguió en casos similares, no siendo necesario entrar a mayores discusiones jurídicas. Evidentemente ello agilizará el proceso de resolución de expedientes.
Pero esto está relacionado íntimamente con el control de la corrupción. El nivel de confianza en un determinado mercado depende que sus actores consideren que compiten en igualdad de condiciones. Por ello, la presencia de altos niveles de corrupción institucional genera desconfianza en los inversionistas y reduce los niveles de crecimiento. De ahí la importancia que el Poder Judicial se convierta en la primera institución en ofrecer una imagen de transparencia, desempeñando el papel de nivelador del campo del juego, al asegurarse que ninguno de los actores se vea favorecido arbitrariamente por entidades estatales.
Empero, si los juzgadores gozan de discrecionalidad absoluta para interpretar el sentido de la norma positiva, les puede permitir muy fácilmente encubrir casos de corrupción.
En ese orden de ideas, las existencias de claras líneas jurisprudenciales también sirven como mecanismo de reducción de la corrupción en aquellos casos donde esta surge de iniciativas privadas, desde luego que los particulares encontrarán menos oportunidades de corromper a funcionarios judiciales. La existencia de líneas jurisprudenciales claras genera mayor confianza en el sistema judicial y revela una imagen de transparencia e imparcialidad, fundamental para la legitimidad de sus resoluciones. De esta forma se incrementa su credibilidad institucional y el nivel de confianza ciudadana en los jueces y magistrados.
Finalmente, en esta entrega, debe traerse a cuento que las irregularidades que puedan señalarse a muchas de las sentencias de los tribunales podría tener su origen en una deficiente capacitación de los operadores o en el apoyo asesor que puedan recibir tribunales colegiados. Se da el caso que muchas veces el personal reclutado no se encuentra especializado en la elaboración y redacción de sentencias judiciales; por lo que es recomendable que a ese nivel se establezca una capacitación previa a cargo de las escuelas de capacitación judicial, como un requisito para concursar por esas plazas.
Sin duda, pues, que pareciera conveniente que en el sector justicia se empezara a trabajar en un modelo hacia un sistema de justicia predecible.
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