Recordemos el Programa de Formación de Jueces

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En 1994 fue creada la Escuela de Capacitación Judicial como dependencia del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). La institución se ha dedicado desde entonces a la capacitación continua de los funcionarios judiciales del país a través de cursillos, aunque tardó algunos años en iniciar la labor primordial para la cual fue principalmente creada, como es el establecimiento de un sistema educativo de formación de los aspirantes al ejercicio de la judicatura.

Esta labor, que es considerada indispensable en todos los estados modernos, comenzó en el año 2001, gracias a la iniciativa del consejo presidido por la licenciada Gladys Marina Chávez, institucionalizándose el Programa de Formación Inicial de Jueces (PFI), que fue continuado por la licenciada Lizette Kury cuando presidió el CNJ. Alumnos distinguidos de las escuelas de Derecho del país se sometieron a concurso para su ingreso. Se estableció un programa educativo a tiempo completo con una duración de dos años, que contó con la asesoría y cooperación de expertos internacionales. Tuvo una competente dirección y cooperación española, sueca y de AID, que aportaron fondos y ayudaron a ponerlo en práctica. Fue un proyecto exitoso y ha sido señalado como modelo de los programas de educación judicial en América Latina.

Antes del PFI, los jueces salvadoreños iniciaban el ejercicio del cargo sin ninguna formación especial para el mismo, sino que tenían que aprenderlo en la práctica por el sistema de prueba y error, con los vacíos que esto implicaba, y hasta fecha reciente ha habido preocupación por dar algún tipo de entrenamiento a los que ya ejercían cargos judiciales, aunque casi siempre ha sido sobre la nueva legislación a aplicar. Los graduados del PFI son los primeros jueces que cuentan con una formación adecuada para el ejercicio del cargo desde sus inicios.

Es por esto que resulta sorprendente la marginación de los graduados del programa que manifiesta el actual CNJ. De los 34 egresados de la primera promoción del PFI, del año 2003, 31 fueron nombrados como jueces. De los 35 egresados de la promoción 2005, sin embargo, solo uno ha sido nombrado como juez propietario y dos como suplentes. Estos resultados se deben a que el anterior consejo se preocupó de promoverlos y formar con ellos las ternas que debe proponer a la Corte Suprema de Justicia para el nombramiento de nuevos jueces. El nuevo consejo ha preferido formar dichas ternas, principalmente, con candidatos seleccionados con criterios diferentes y que no son del todo claros.

Entre los diez jueces especiales nombrados para la aplicación de la llamada “Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja”, el licenciado Tomás Alberto López Salinas es el único que ha tenido la capacitación del PFI. Por otro lado, hay otros jueces que han sido nombrados a pesar de haber aplazado un examen de conocimientos básicos sobre la materia de la que conocerán en el ejercicio de su cargo.

Ahora se está formando una tercera promoción de aspirantes a jueces en el PFI. ¿Servirán para algo sus estudios y sus sacrificios? ¿Servirá para algo la generosa colaboración de gobiernos amigos? De parte del actual CNJ, su actitud indica una incomprensible indiferencia ante el gasto de recursos monetarios y el desperdicio de un recurso humano preparado con inmensa dedicación, así como una indiferencia total por el progreso de la judicatura y, por consiguiente, el bienestar de la sociedad salvadoreña en general. No es sorprendente que el consejo haya pasado repentinamente de ser de una de las instituciones gubernamentales más respetadas por el gremio de abogados a una de las más cuestionadas y criticadas. Ciertamente adolece de un grave problema de credibilidad en relación con el adecuado desempeño de sus funciones.

Ante esta desafortunada realidad, una vez más corresponde a la sociedad informarse y organizarse para denunciar lo denunciable, hacer críticas constructivas y propuestas coherentes en beneficio de la institucionalidad, actuando siempre dentro del marco legal, aprovechando las libertades civiles que todavía tenemos, en defensa del Estado de Derecho y la Democracia.