Democracia y medios de comunicación

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El gobierno venezolano ordenó la cancelación de la licencia que desde hace más de 50 años tenía Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los medios más críticos del régimen del presidente Hugo Chávez. La medida se toma, según las autoridades, luego de que RCTV violara —sin presentar prueba alguna— la Ley de Responsabilidad Social, una legislación diseñada por el mismo gobierno para controlar lo que ellos consideran los abusos de los medios; y alegando que RCTV es un medio “golpista”, sin tomar en cuenta que el golpe de Estado aludido ocurrió en 2002, en cuyo momento no se tomó acción legal alguna en contra de dicho medio. La opinión generalizada es que el caso RCTV es una sanción que impone el presidente Chávez en su afán por destruir el aparato crítico que mediante los medios le hace oposición a su afán autoritario y militarista.

Como lo ha dicho Human Rights Watch, el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el ser humano está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando a los otros.

En Estados Unidos, cualquier intento del gobierno de imponer una “censura preliminar” a la expresión se presume inconstitucional. Esta firme presunción contra la censura preliminar se opone visiblemente a la práctica en muchas otras sociedades, según la cual las leyes sobre la censura permiten al gobierno obtener órdenes judiciales para prohibir numerosas categorías de expresión. En su interpretación de la garantía de la libertad de expresión que estipula la Constitución de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha obrado durante muchos años en función del principio de que en casos difíciles es generalmente mejor correr el riesgo de errar en favor de la libertad en lugar de en favor del poder gubernamental.

Como lo ha dicho la jurisprudencia, en las naciones modernas, organizadas dentro de la filosofía y las doctrinas políticas de la democracia, la opinión pública es factor decisivo en la vida pública de los pueblos. No existe una organización política que merezca el calificativo de democrática en que no se reconozca ese relevante carácter de la opinión pública. Para que esta se forme se necesita, en primer lugar, que el pueblo se encuentre debida y oportunamente informado de los acontecimientos de trascendencia social y de los asuntos públicos. Este servicio de información —esencial para la democracia como forma de vida— se realiza primordialmente mediante los medios de comunicación. En segundo lugar, estos mismos medios de expresión y difusión del pensamiento contribuyen eficazmente a la formación de la opinión pública, con labor de crítica, de exposición de las diversas tendencias en todos los órdenes de la vida colectiva. De lo anterior se concluye que las empresas de comunicación social realizan un servicio público plenamente caracterizado; un servicio público que tiende a satisfacer las necesidades colectivas de información, de integración y de expresión de la ciudadanía.

Existen referencias nacionales, líneas de pensamiento y desarrollos teóricos sobre la libertad de expresión en las naciones de Iberoamérica: en 1819, Simón Bolívar señalaba, en línea con las corrientes constitucionalistas españolas, que “el derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable don de la naturaleza. Ni aun la misma ley podrá jamás prohibirlo”.

Lo que ocurre en Venezuela, en contradicción del verdadero pensamiento del “Libertador”, merece el repudio de los gobiernos e instituciones democráticas del mundo, puesto que ya no es posible tolerar que haya gobiernos que pretendan acallar las expresiones de inconformidad que la población pueda proferir en contra de su forma de manejar la cosa pública. ¡Dios nos guarde de algo así!