Nuevo año con problemas en el Diario Oficial

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Es lunes 31 de diciembre y si es usted uno de los pocos suscriptores del Diario Oficial que quedan, el último ejemplar del mismo que tendrá será el del 6 de diciembre de 2007. ¿Qué ha pasado con los ejemplares del 7 al 21 de diciembre en los que el periódico debía circular? No han aparecido y circularán hasta enero o febrero de 2008.

Es un problema que dura cincuenta años. Docenas de veces nos hemos referido a ese retraso en esta columna y lo han hecho también otras asociaciones preocupadas por el estado de derecho. Han pasado decenas de funcionarios por la dirección del periódico y por los ministerios del Interior y Gobernación y ni uno ha sido capaz de solucionar el problema, a pesar de que en pocos años casi han duplicado su precio.

El Diario Oficial es la publicación más importante del país porque tiene rango constitucional. La ley primaria establece que es el único medio oficial para dar a conocer las leyes del país, fijar su texto auténtico y delimitar el inicio y el final de su obligatoriedad. De hecho, en los diarios que llevarán las fechas de diciembre que no han aparecido se publicarán más de 30 leyes que, formalmente, ya están vigentes a esta fecha, pero que no podemos conocer ni aplicar por desconocerse sus textos y la fecha exacta de su entrada en vigor.

El periódico es, casi por definición, un documento falso publicado por el gobierno. Comprobar la fecha de circulación de cualquiera de sus ejemplares sería suficiente para acusar al director de la publicación de un delito de falsedad material y enviarlo a prisión. A todo esto añadamos los constantes errores que no son corregidos en tiempo, las deficiencias tipográficas, etc. La publicación ha ido empeorando con los años y su tiraje ha caído a 500 ejemplares (hace cien años era 18,000).

Cada vez que nos hemos quejado, se nos ha aludido a un problema de falta de fondos, pero tratándose de una institución vital para la vida jurídica nacional esto es como si un funcionario del Tribunal Supremo Electoral dijera que no se podrán celebrar elecciones en el año que la Constitución señala porque no le han dado los fondos. La regularidad en la publicación del periódico oficial es una cuestión de orden público constitucional.

Un problema que se tiene para la regularización del Diario Oficial es que no se planifica seriamente su reforma. Cada ejemplar del periódico tiene cientos de páginas de carteles de avisos que nadie lee, por lo que no publicitan nada, y hasta al que conoce la edición en que algo ha sido publicado le cuesta encontrarlo.

Esto es porque las leyes exigen multitud de publicaciones innecesarias, superfluas o que podrían hacerse más efectivamente por medios más adecuados, como los periódicos de circulación nacional o boletines propios de ciertas oficinas, como el Registro de Comercio.

Cuando hace algunos años se creó el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, se pidió al Ministerio del Interior que se omitiera la publicación de los estatutos de las nuevas personas jurídicas en el periódico, pero un funcionario de esa oficina contestó que no era posible porque “había que ayudar al Diario Oficial”. ¿Cómo se puede ayudarlo recargándolo de trabajo innecesario? ¿Es que nuestra administración no conoce la función publicitaria de un registro?

El Diario Oficial se ha convertido en un símbolo del desorden y de la ineficacia de la administración pública salvadoreña. Ya ha llegado la hora de decir a los responsables de su publicación que si no son capaces de regularizarse deben dejar que manos más competentes se encarguen.

Un espectáculo escandaloso

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Cuando el pasado 15 de diciembre aparecieron en la primera plana de los periódicos fotografías del presidente del Órgano Judicial cortando la cinta de inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa aérea TACA y brindando con ejecutivos de la misma, se levantó una ola de comentarios negativos y crítica generalizada por la actitud del máximo representante judicial.

¿Qué puede tener de malo esto?

Mucho. Está claro que no es tarea de un funcionario judicial, de ningún rango, andar inaugurando obras civiles pues son actos que no tienen nada que ver con las funciones de su cargo.

En ninguna parte del mundo se ve esto. Es normal que los alcaldes municipales acudan a tales eventos ya que, al fin y al cabo, son obras de mejora y progreso de sus comunidades, pero aun en estos casos los propios funcionarios del gobierno central tienden a evitarlos por la vinculación que pueda hacérseles con empresas que puedan tener interés en influir en sus gobiernos.

En el acto a que nos referimos, no se vieron funcionarios de los órganos Ejecutivo ni Legislativo, sino exclusivamente al representante del poder del Estado que menos debería dejarse ver en tal tipo de eventos porque es el que tiene que demostrar total independencia e imparcialidad ante los intereses de terceros.

Lo que es peor, el asunto sucede en el momento que se ventila en la Sala de lo Constitucional un serio litigio en que están en juego cientos de millones de dólares y en el que está involucrada la empresa mencionada.

Esta compañía ha cometido un grave error que daña su imagen al invitar al presidente de la Sala a inaugurar sus nuevas instalaciones.

Además, tratándose de un caso que puede tener importantes implicaciones políticas e internacionales y acabar siendo decidido por instancias no judiciales, se ha puesto en una situación difícil.

Comprobar la falta de objetividad del sistema judicial salvadoreño solo requerirá la presentación de un ejemplar de periódico.

Desde luego que, con el escándalo habido, el funcionario debería excusarse de seguir conociendo en el caso, pero el daño a la imagen y pureza del proceso ya se hizo.

Este es el mismo funcionario que ahora está promoviendo la adopción de un código de ética judicial y que lo proclama como un inmenso avance y un logro inconmensurable. Hasta donde nosotros sabemos, en todo el mundo está prohibida la confraternización de los jueces con los litigantes o las partes que querellan en sus tribunales de la manera que él lo ha hecho; nadie creerá que un funcionario judicial acude a presidir un acto de una sociedad mercantil con la que no tiene que ver, solo para darle realce por la dignidad de su cargo.

El hecho es uno más entre los del mismo tipo que se dan en nuestro país y que comprometen a funcionarios administrativos y judiciales por igual, sin que se haga nada al respecto.

Las encuestas de opinión revelan que el Órgano Judicial está en último lugar entre las instituciones públicas que merecen la confianza ciudadana, cuando por su misma naturaleza debería ser el primero.

Es la actitud de los juzgadores y sobre todo de quienes tienen la responsabilidad de vigilar la carrera judicial e imponer el régimen disciplinario correspondiente, quienes tienen la culpa de ello.

Esto genera un grave malestar social que motivará el reclamo del pueblo si no hay un cambio total y honesto de los funcionarios.

Reformas electorales innecesarias

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Falta más de un año para las próximas elecciones, pero estamos en plena efervescencia electoral. En violación a los principios constitucionales, continúa la campaña presidencial, fomentada por varios partidos, y las autoridades electorales, comenzando por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, han dejado bien en claro que no harán nada al respecto. La Constitución y el estado de derecho son palabras que los políticos de este país alegan solo cuando les conviene.

Esto se hace, además, en un ambiente en el que las reglas del juego no están definidas. Así nos encontramos, con gran sorpresa, con las reformas al Código Electoral que la Asamblea Legislativa aprobó la semana antepasada. Nuestro asombro no proviene del hecho que tales reformas se hayan hecho; durante años la sociedad civil ha estado pidiendo a gritos reformas al sistema electoral que redundarían en mayor pureza y transparencia de las elecciones y una efectiva democratización de nuestro sistema político, tales como el voto residencial, el voto personal por los candidatos, una nueva formulación de distritos electorales y reparto de los cargos a diputado de conformidad a la distribución poblacional, etc. Las reformas no tocan ninguno de estos temas, sino que además se refieren a asuntos triviales o hacen peligrar la democracia misma.

Ni siquiera se necesitaba una reforma legal para regular cuestiones como el pago de los salarios de los vigilantes y miembros de las juntas receptoras de votos o sancionar a quienes hagan concentraciones políticas o usen altoparlantes que perturben los eventos electorales; basta aplicar la ley existente. La impugnación de votos, frente a la sencilla regla de que el voto es válido si es posible determinar del mismo la intención del votante, queda más confusa que nunca. La omisión de la exigencia de firma y sello en las papeletas de votación es algo que puede facilitar el fraude. Las normas sobre la creación y disolución de partidos y la exigencia de membresía partidaria a todos los candidatos, cuando la ley primaria lo exige exclusivamente al presidente de la República, pueden ser tachadas fácilmente como inconstitucionales.

Un hecho que pone de manifiesto las incongruencias de nuestro sistema electoral han sido las declaraciones del gobierno en el sentido de que gastarán los recursos del pueblo en una investigación policial para determinar la injerencia del gobierno venezolano a favor de un partido político. Es cierto que está en juego el principio de no intervención en asuntos de un estado extranjero, aunque todos los países del mundo, incluso El Salvador, lo hacen. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea intervienen en nuestras elecciones, a veces no tan discretamente, porque un resultado determinado conviene a sus intereses en la región, aunque lo hacen de una manera diplomáticamente correcta. La intervención del megalómano gobernante de Venezuela es ciertamente más preocupante por sus implicaciones antidemocráticas, pero oponerse a la misma simplemente por sí misma se topa con algunos valladares legales.

Por una parte están en juego ciertas libertades garantizadas por la Constitución y la autonomía de la voluntad de las personas; por otra, en este país no es ilegal que ni el estado, ni los particulares, ni las organizaciones civiles o los partidos políticos reciban ayuda monetaria, o de cualquier otro tipo, del extranjero.

Toda la histeria que se gasta en este tema sería completamente innecesaria si se hubiera aprobado hace tiempo una de las reformas exigidas por la sociedad civil y que somos uno de los pocos países que no la ha adoptado: que se transparenten los partidos políticos y rindan cuenta de sus ingresos y gastos. La intervención venezolana quedaría así a la vista de todos, pero para algunos partidos esto significaría que ellos también tendrían que dar cuenta de sus ingresos. ¿Qué concluimos?

País de renta media y corrupción media

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El desempeño de los distintos países en el quehacer de sus actividades sociales, económicas, políticas, medio ambientales, etc., se mide conforme parámetros técnicos establecidos por organismos internacionales que dan seguimiento a dichas actividades.

Así han quedado establecidos, y gozan de aceptación general, diferentes formas de medición sobre tal desempeño, y tenemos, por ejemplo, que para medir el crecimiento económico de un país se usa el índice del producto interno bruto; para medir la riqueza, el índice del ingreso per cápita; para medir el costo de la vida o la inflación, el índice de precios al consumidor; para medir la pobreza y la extrema pobreza, el índice de la canasta básica; y, en fin, para medir la seguridad ciudadana, los índices delincuenciales, particularmente los homicidios cometidos en cierto período.

Actualmente, a raíz del fenómeno de la globalización, se han establecido nuevas formas de medición, y así se habla de mercados emergentes para referirse a países con ingresos modestos pero con gran crecimiento debido al desarrollo de sus economías, entre los que se citan a China, la India, Sudáfrica, Brasil y México. El Banco Mundial, además, clasifica a los países en tres grandes grupos de acuerdo con su producto interno bruto: países de renta baja, media y alta, y conforme sean clasificados pueden aprovechar nuevos mecanismos de ayuda y cooperación internacional. Para el caso, El Salvador aplicó para obtener los beneficios del fondo creado por Estados Unidos denominado la Cuenta del Milenio, y ha conseguido una ayuda considerable.

Lo curioso es que, no obstante que los Fondos del Milenio fueron concebidos para otorgarse a países de renta baja, El Salvador obtuvo más de $460 millones para el desarrollo de la zona norte, a pesar de que ha sido clasificado como país de renta media por registrar una renta per cápita arriba de $746 y menos de $9,205. El Salvador es el primer país de renta media en obtener esos recursos.

En la Cumbre Mundial de los Países de Renta Media, celebrada en nuestro país en octubre pasado, la propuesta salvadoreña fue que “para la asignación de cooperación en el futuro se tomen en consideración los niveles de desarrollo humano, los índices socioeconómicos... lucha contra la corrupción, respeto a la democracia y los derechos humanos y otros”. Aparte de las alabanzas implícitas, la propuesta conlleva dejar de lado la razón de ser de esta clase de programas de cooperación internacional, que han sido concebidos para ayudar a los países según la clasificación mencionada, y a los que no tendríamos acceso si no fuera por la actitud dual de hacernos pasar como país de renta baja cuando nos conviene. Además, sigue presente el problema de la corrupción, aunque se hable de luchar contra ella.

En efecto, en el evento realizado la semana pasada denominado II Semana de la Transparencia y Valores Éticos, se dio a conocer que a El Salvador se le clasifica como país de corrupción media, calificándolo con una nota de 4 en una escala de 0 a 10, en la que cero se le asigna a un país donde la corrupción es total y diez a un país con cero corrupción. Esto evidencia con crudeza el problema a que tantas veces nos hemos referido en nuestros artículos, denunciando este mal social, la gravedad de este y la nefasta incidencia en la vida nacional. Pero ante esta realidad, sería verdaderamente lamentable que ahora nos consoláramos diciendo que si bien nuestro país no es tan honrado tampoco es tan corrupto, que solo somos un país de corrupción media.

Aliviados estaríamos si a nuestra realidad social se le da este tratamiento, o si tranquilamente se la deja pasar desapercibida, actitud que a un centro del pensamiento como el nuestro le resulta totalmente inaceptable.