Nuevo año con problemas en el Diario Oficial

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Es lunes 31 de diciembre y si es usted uno de los pocos suscriptores del Diario Oficial que quedan, el último ejemplar del mismo que tendrá será el del 6 de diciembre de 2007. ¿Qué ha pasado con los ejemplares del 7 al 21 de diciembre en los que el periódico debía circular? No han aparecido y circularán hasta enero o febrero de 2008.

Es un problema que dura cincuenta años. Docenas de veces nos hemos referido a ese retraso en esta columna y lo han hecho también otras asociaciones preocupadas por el estado de derecho. Han pasado decenas de funcionarios por la dirección del periódico y por los ministerios del Interior y Gobernación y ni uno ha sido capaz de solucionar el problema, a pesar de que en pocos años casi han duplicado su precio.

El Diario Oficial es la publicación más importante del país porque tiene rango constitucional. La ley primaria establece que es el único medio oficial para dar a conocer las leyes del país, fijar su texto auténtico y delimitar el inicio y el final de su obligatoriedad. De hecho, en los diarios que llevarán las fechas de diciembre que no han aparecido se publicarán más de 30 leyes que, formalmente, ya están vigentes a esta fecha, pero que no podemos conocer ni aplicar por desconocerse sus textos y la fecha exacta de su entrada en vigor.

El periódico es, casi por definición, un documento falso publicado por el gobierno. Comprobar la fecha de circulación de cualquiera de sus ejemplares sería suficiente para acusar al director de la publicación de un delito de falsedad material y enviarlo a prisión. A todo esto añadamos los constantes errores que no son corregidos en tiempo, las deficiencias tipográficas, etc. La publicación ha ido empeorando con los años y su tiraje ha caído a 500 ejemplares (hace cien años era 18,000).

Cada vez que nos hemos quejado, se nos ha aludido a un problema de falta de fondos, pero tratándose de una institución vital para la vida jurídica nacional esto es como si un funcionario del Tribunal Supremo Electoral dijera que no se podrán celebrar elecciones en el año que la Constitución señala porque no le han dado los fondos. La regularidad en la publicación del periódico oficial es una cuestión de orden público constitucional.

Un problema que se tiene para la regularización del Diario Oficial es que no se planifica seriamente su reforma. Cada ejemplar del periódico tiene cientos de páginas de carteles de avisos que nadie lee, por lo que no publicitan nada, y hasta al que conoce la edición en que algo ha sido publicado le cuesta encontrarlo.

Esto es porque las leyes exigen multitud de publicaciones innecesarias, superfluas o que podrían hacerse más efectivamente por medios más adecuados, como los periódicos de circulación nacional o boletines propios de ciertas oficinas, como el Registro de Comercio.

Cuando hace algunos años se creó el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, se pidió al Ministerio del Interior que se omitiera la publicación de los estatutos de las nuevas personas jurídicas en el periódico, pero un funcionario de esa oficina contestó que no era posible porque “había que ayudar al Diario Oficial”. ¿Cómo se puede ayudarlo recargándolo de trabajo innecesario? ¿Es que nuestra administración no conoce la función publicitaria de un registro?

El Diario Oficial se ha convertido en un símbolo del desorden y de la ineficacia de la administración pública salvadoreña. Ya ha llegado la hora de decir a los responsables de su publicación que si no son capaces de regularizarse deben dejar que manos más competentes se encarguen.