Un espectáculo escandaloso

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Cuando el pasado 15 de diciembre aparecieron en la primera plana de los periódicos fotografías del presidente del Órgano Judicial cortando la cinta de inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa aérea TACA y brindando con ejecutivos de la misma, se levantó una ola de comentarios negativos y crítica generalizada por la actitud del máximo representante judicial.

¿Qué puede tener de malo esto?

Mucho. Está claro que no es tarea de un funcionario judicial, de ningún rango, andar inaugurando obras civiles pues son actos que no tienen nada que ver con las funciones de su cargo.

En ninguna parte del mundo se ve esto. Es normal que los alcaldes municipales acudan a tales eventos ya que, al fin y al cabo, son obras de mejora y progreso de sus comunidades, pero aun en estos casos los propios funcionarios del gobierno central tienden a evitarlos por la vinculación que pueda hacérseles con empresas que puedan tener interés en influir en sus gobiernos.

En el acto a que nos referimos, no se vieron funcionarios de los órganos Ejecutivo ni Legislativo, sino exclusivamente al representante del poder del Estado que menos debería dejarse ver en tal tipo de eventos porque es el que tiene que demostrar total independencia e imparcialidad ante los intereses de terceros.

Lo que es peor, el asunto sucede en el momento que se ventila en la Sala de lo Constitucional un serio litigio en que están en juego cientos de millones de dólares y en el que está involucrada la empresa mencionada.

Esta compañía ha cometido un grave error que daña su imagen al invitar al presidente de la Sala a inaugurar sus nuevas instalaciones.

Además, tratándose de un caso que puede tener importantes implicaciones políticas e internacionales y acabar siendo decidido por instancias no judiciales, se ha puesto en una situación difícil.

Comprobar la falta de objetividad del sistema judicial salvadoreño solo requerirá la presentación de un ejemplar de periódico.

Desde luego que, con el escándalo habido, el funcionario debería excusarse de seguir conociendo en el caso, pero el daño a la imagen y pureza del proceso ya se hizo.

Este es el mismo funcionario que ahora está promoviendo la adopción de un código de ética judicial y que lo proclama como un inmenso avance y un logro inconmensurable. Hasta donde nosotros sabemos, en todo el mundo está prohibida la confraternización de los jueces con los litigantes o las partes que querellan en sus tribunales de la manera que él lo ha hecho; nadie creerá que un funcionario judicial acude a presidir un acto de una sociedad mercantil con la que no tiene que ver, solo para darle realce por la dignidad de su cargo.

El hecho es uno más entre los del mismo tipo que se dan en nuestro país y que comprometen a funcionarios administrativos y judiciales por igual, sin que se haga nada al respecto.

Las encuestas de opinión revelan que el Órgano Judicial está en último lugar entre las instituciones públicas que merecen la confianza ciudadana, cuando por su misma naturaleza debería ser el primero.

Es la actitud de los juzgadores y sobre todo de quienes tienen la responsabilidad de vigilar la carrera judicial e imponer el régimen disciplinario correspondiente, quienes tienen la culpa de ello.

Esto genera un grave malestar social que motivará el reclamo del pueblo si no hay un cambio total y honesto de los funcionarios.