La cultura del secreto y la transparencia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El poder público ha vivido durante un largo período bajo la cultura del secreto en nuestro país. “Razón de estado”, “diplomacia secreta”, “operaciones reservadas” y hasta “altos intereses de la patria” fueron, y lamentablemente lo siguen siendo, expresiones para encubrir las más oprobiosas operaciones.

Bajo la cobertura del secreto el mundo percibió que se ocultaban la arbitrariedad y la corrupción. Y cambió, desde finales del siglo pasado, los paradigmas concernientes a la responsabilidad de los mandatarios públicos. Con lejanos antecedentes en Suecia (1766), en Colombia (1888) y en Finlandia (1951), fueron apareciendo a un ritmo impresionante las denominadas leyes FOIA que toman su nombre (Freedom Of Information Act) de la ley de los Estados Unidos de América de 1966.

Las también llamadas “sunshine laws”, porque iluminan y transparentan el conocimiento de las actuaciones públicas, responden a un nuevo paradigma en esta materia, un paradigma cuya finalidad ahora nos resulta tan obvio que sorprende, en términos históricos, su tardío florecimiento.

En la actualidad, la mayor parte de los países civilizados del planeta gozan de los beneficios de esta clase de leyes. En Centroamérica, solo Costa Rica y El Salvador no las tienen y son, precisamente, dos países en los que se han cometido los más sonados casos de corrupción, con la ventaja en el hermano país de que existe un Poder Público independiente y eficaz.

Es hora de trabajar en ese sentido. Y actualizar nuestra legislación con las modernas tendencias sobre el particular. El ciudadano debe tener acceso, sin negativas arbitrarias, a la documentación que respalda o contradice las afirmaciones de los funcionarios públicos.

La cultura del secreto debe dar paso a la de la transparencia, como uno de los mejores instrumentos en la formidable lucha contra la plaga de la corrupción que abate el desarrollo de los pueblos. Dígalo si no, la tristemente célebre decisión de los diputados de aumentar sus salarios en una forma descomunal, que pone de manifiesto la falta de transparencia y honradez en las actuaciones de los servidores públicos.

Por ello es urgente la promulgación de una Ley de Transparencia y Acceso a la información, estructurada en forma conveniente y con una clara y decidida tendencia a abrir, en beneficio del mandante (el pueblo) los archivos oscuros de los mandatarios (los funcionarios públicos). Archivos que al abrirse posibilitarían no solo revertir esta clase de decisiones, sino también descubrir la génesis de tan execrables determinaciones, a la vez que descalificar a sus autores, quienes quedarían señalados por la opinión pública.

Tenemos conocimiento que instituciones académicas y de la sociedad civil, como la Sección Salvadoreña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), están trabajando en la elaboración de un anteproyecto que pueda pronto convertirse en ley de la república, que facilite los instrumentos para el combate frontal a la corrupción.

Como lo dice el mencionado instituto al explicar los objetivos del proyecto de transparencia y acceso a la información pública “un aspecto esencial en el funcionamiento de la democracia moderna, que es clave para la rendición de cuentas que los ciudadanos pueden y deben pedir a los funcionarios públicos, es la libertad de información y la transparencia”, y agrega: “El libre acceso a la información gubernamental debidamente regulado propicia la participación de las personas en asuntos de interés público y en la prevención y combate de la corrupción”.

El Centro de Estudios Jurídicos, que también ha cerrado filas en ese combate, no puede menos que alentar dicho esfuerzo, y reiteramos aquí que unimos nuestra voz al coro nacional que así lo demanda.

¿Y a mí en qué me afecta la piratería?

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Muchos afirman que la piratería permite comprar producto barato y que quienes pierden son las millonarias multinacionales fabricantes de software, vestuario, música y videos. No obstante, podemos señalar algunas consecuencias dañinas:

Seguridad y orden ciudadano. La proliferación de vendedores ambulantes de productos falsificados que deambulan por las calles ofreciendo los productos a los conductores o que instalan improvisados estantes en forma caótica y caprichosa genera inseguridad y desorden en nuestras ciudades. En un país que se promueve como destino turístico y que pretende mostrar limpieza, orden, belleza y atractivos escenarios urbanos, de playa y montaña, es contrastante ver en cada esquina además de los horribles rótulos y postes de telefonía y electricidad, la desagradable escena de desorden de estos comercios y basura a su alrededor. Tales imágenes darían argumentos a los turistas y agencias de viajes para recomendar a nuestro país como destino de tercera clase.

Competencia desleal. Una gran mayoría de los comerciantes de la calle no posee ningún tipo de autorización por parte de las autoridades correspondientes, y desde luego no pagan impuestos, por lo que no tienen la misma carga económica y burocrática que los comerciantes legalmente establecidos. Igualmente hay casos de empresas legalmente establecidas que venden productos falsificados y frecuentemente de contrabando, afectando a comerciantes que venden producto legítimamente marcado y por supuesto defraudando al Estado que deja de percibir los correspondientes impuestos.

Menosprecio al producto nacional, desincentivo a la creatividad y conductas perjudiciales de consumo. La piratería de vestuario, zapatos y accesorios ha ido en crecimiento debido al afán que muchos tienen de estar a la moda o ser “aceptados” en ciertos estratos sociales. Y esto se comprueba con los resultados de encuestas realizadas sobre el nivel de conocimiento con que los consumidores adquieren estos productos, revelándose que la gran mayoría son sabedores que compran producto falso. Con esto demostramos un desprecio a marcas y productos nacionales, así como una actitud poco equilibrada como consumidores, ya que preferimos adquirir una camisa de marca internacional falsificada y de mala calidad que una camisa de fabricación salvadoreña de buena calidad, desincentivando el crecimiento e innovación en nuestra industria. Otro ejemplo lo encontramos en la piratería de software, pues se insiste en copiar indebidamente programas de determinadas marcas internacionales, cuando podrían utilizarse programas gratuitos que abundan en internet o que es fácil conseguir. El mismo gobierno gasta millones en licencias de marcas internacionales, cuando podría obtener programas gratuitos, que incluso son más seguros frente al ataque de virus.

La piratería es una pequeña muestra de que en nuestro país no se respetan las leyes ni los principios éticos básicos. Los ciudadanos tomamos una actitud de aceptación de lo indebido, considerándonos incluso como más listos que los que compran producto legítimo, al haber pagado mucho menos que este por un producto de la “misma” marca.

Se trata, en fin, de igual pasividad y desprecio que mostramos hacia otros “pequeños” problemas de la sociedad: irrespeto a las señales de tránsito, botar la basura donde nos dé la gana, ensuciar una pared ajena, etc. Esas situaciones aparentemente triviales, que no constituyen motivos de preocupación para nadie, y la apatía de las instituciones para resolver los problemas de la comunidad terminan desencadenando enormes daños sociales.

No se trata de hacer o remendar leyes en una maquila, sobradas de declaraciones de buenas intenciones y de “graves” penas que no asustan, sino de poner en práctica un proyecto nacional que mejore nuestro respeto por las cosas ordinarias o comunes, nuestras actitudes como consumidores, que se busque una alternativa de trabajo para los que comercian con productos falsificados, que el propio gobierno nos dé muestras de austeridad e inteligencia como consumidor y que se den señales más claras de aplicar leyes razonables de manera igualitaria.

¿Y ahora quién podrá defendernos?

Por el Imperio del Derecho/ Centro de Estudios Jurídicos

En estos días los ciudadanos hemos sido testigos de la enfrascada y pública discusión entre la Corte Suprema de Justicia, y la Fiscalía General de la República por el proceso de antejuicio a un grupo de jueces. Tanto la Fiscalía como la Corte son instituciones que forman parte del Sistema Judicial, junto con la Procuraduría y Policía Nacional Civil. Lo ideal sería que estos poderes estuviesen correctamente dirigidos, con la voluntad y la solvencia moral para investigar y sancionar a todos los que cometen delito, sin privilegios ni descuidos de ninguna clase, en defensa del Estado del que formamos parte todos. Algunos imputados, entre ellos funcionarios acusados de corrupción, han obtenido el favor de ambas instituciones. Por lo que es inconsistente creer que una de tales instituciones es la “buena” y la otra la “mala”.

El Órgano Judicial está para administrar justicia, darle la razón a quien la demuestre. La Fiscalía debe investigar los delitos con auxilio de la Policía, y presentar acciones en los tribunales. Importante es tener en cuenta el principio de Independencia Judicial, que debe hacerse valer en las actuaciones del Órgano Judicial y que se debe respetar por otros poderes. Por ello no debe estar sujeto a injerencias de ninguna índole, tales como presiones de otras instituciones o mediáticas; como por ejemplo la criticada intervención del Ejecutivo, Fiscalía y Asamblea Legislativa, en el nombramiento de los Jueces Especiales, con la intención de que resuelvan conforme lo pida la Fiscalía o la Policía. Nos preguntamos: ¿Ahora qué situación ha provocado que la Fiscalía se salga de esta relación? ¿Será la pretensión de hacer propaganda al proyecto de Código Procesal Penal que le resta poder a los jueces, a favor del fiscal? ¿Acallar realidades? Recordemos que según dice un informe del PNUD, de 1,020 homicidios registrados solo 145 se presentan a tribunales, es decir, la Fiscalía solo elaboró requerimientos en un 14.21%, dejando en la impunidad al 85.79 de los casos de homicidio. En cuanto a las denuncias de delitos en general ya se sabía, que en el año 2005 de 128,000 denuncias presentadas a la Fiscalía, solo pudo presentar a tribunales 43,000 de ellas, es decir, la tercera parte.

El Órgano Judicial en todos sus niveles ha dado lugar a que se cuestionen sus resoluciones, siendo nuestra asociación uno de los más fuertes críticos. Muchos ciudadanos dudan de que haya jueces correctos. Pero, ¿será que en realidad los jueces acusados son los que han cometido una conducta impropia?; ¿será que hay jueces y empleados que verdaderamente han cometido delitos y gozan del favor de las instituciones, por algún motivo?; ¿ha sido el método empleado por la Fiscalía el más correcto para combatir la supuesta corrupción? Nosotros creemos que la Fiscalía debe demostrar lo que afirma, para evitar acciones improcedentes; que existen muchos jueces y empleados honrados; que existen algunos jueces y empleados corruptos o que forman parte de una red y que no son investigados ni sancionados por alguna razón.

Creemos que por razones constitucionales el Órgano Judicial no puede acordar conjuntamente con la Fiscalía acciones contra jueces; porque eso contamina su papel de árbitro independiente. Son los fiscales los que deben investigar y demostrar que existen razones para sancionar.

Probablemente sea una debilidad de la democracia o un defecto; pero es una condición para asegurar que cualquier ciudadano tenga un juicio justo y libre de arbitrariedades y sigamos evolucionando hacia un Estado Constitucional de Derecho. La Fiscalía antes de hacer propaganda o revelar fines políticos debe actuar objetivamente conforme la Constitución.

Por su parte, la Corte debe actuar sin esperar denuncias. No se puede tolerar la actuación corrupta en que puedan caer algunos jueces, no solo de la rama penal, los cuales deben ser investigados y sancionados administrativamente.

El salario de la ignominia

Por el Imperio del Derecho/ Centro de Estudios Jurídicos

Hay acontecimientos en la vida de los pueblos que tienen la virtud de unificar pensamientos y voluntades de las personas, generando reacciones colectivas que le dan un fuerte sentido de unidad al conglomerado social. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas a raíz del aumento del salario de los diputados de la Asamblea Legislativa.

Apartándose de una actitud generalmente pasiva y muchas veces indiferente a los problemas que la afectan, pero esta vez decidida a realizar una acción enérgica, la ciudadanía salvadoreña reaccionó con indignación al enterarse de la escandalosa noticia del exagerado aumento del salario de los diputados. Por la forma en que se dio, se trata de una burda maniobra que implica un subterfugio legal para realizar un acto de corrupción consistente en usar los dineros del pueblo en provecho personal.

El ardid de ocultar el jugoso incremento del salario a través de gastos de representación hubiera pasado desapercibido si no fuera porque al salir a la luz pública la acción de introducir subrepticiamente en la ley una disposición que beneficia a los diputados en forma excesiva e ilegal, la ciudadanía reaccionó al unísono.

La “movida” de los diputados es una verdadera afrenta pública pues lesiona los intereses de la sociedad entera y demuestra que los responsables de este desaguisado carecen de la virtud moral que debe caracterizar a los funcionarios, pues no tienen el hábito de obrar bien y de cumplir fielmente las obligaciones de su cargo. Es de toda evidencia que los diputados deben ser los primeros en respetar escrupulosamente los preceptos de la ley.

Después de descubierta la maniobra, los diputados se han rasgado las vestiduras y acudido a las más variadas justificaciones, que dan risa, por decir lo menos. Obligados, como se han visto, a revertir esa acción a todas luces oportunista y contraria a las más elementales reglas de probidad, ahora pretenden ser personas responsables; sin embargo, el clamor público en contra de su acción es tal que nada lo acallará, y este señalamiento cívico los acompañará hasta el final de su mandato.

Lo ocurrido debería mover a reflexión al país entero. Por de pronto, es indispensable que se genere en el seno de la sociedad una actitud de permanente vigilancia y denuncia, pues solamente la ciudadanía consciente será capaz de evitar los abusos de los funcionarios públicos y proteger los bienes propiedad de la nación. Por su gravedad este asunto no debería olvidarse tan fácilmente, como ha ocurrido, lamentablemente, en otras ocasiones con casos iguales o parecidos en los que han estado en juego los dineros públicos.

Tal como se dan las cosas en nuestro país, las poco convincentes muestras de arrepentimiento de los diputados difícilmente habrían tenido lugar si el hecho no hubiera sido denunciado oportunamente y sus consecuencias en el ámbito electoral no fueran potencialmente desfavorables para los partidos políticos.

De lo ocurrido también se debe sacar una lección. El pueblo, en ejercicio del derecho de elegir a sus gobernantes, debe confiar el manejo de la cosa pública a los más calificados ciudadanos, velar porque los funcionarios den estricto cumplimiento a los deberes que les impone el cargo, y, finalmente, exigirles una rendición de cuentas sobre el desempeño del mismo.

Este hermoso gesto de la ciudadanía entera no debe ser una reacción aislada ante un problema concreto, en un momento determinado, sino que debe ser la primera manifestación de una voluntad canalizada por un movimiento cívico organizado, para que la cosa pública se maneje en la mejor forma, en beneficio y para el bienestar de todos los salvadoreños.