¿Y ahora quién podrá defendernos?

Por el Imperio del Derecho/ Centro de Estudios Jurídicos

En estos días los ciudadanos hemos sido testigos de la enfrascada y pública discusión entre la Corte Suprema de Justicia, y la Fiscalía General de la República por el proceso de antejuicio a un grupo de jueces. Tanto la Fiscalía como la Corte son instituciones que forman parte del Sistema Judicial, junto con la Procuraduría y Policía Nacional Civil. Lo ideal sería que estos poderes estuviesen correctamente dirigidos, con la voluntad y la solvencia moral para investigar y sancionar a todos los que cometen delito, sin privilegios ni descuidos de ninguna clase, en defensa del Estado del que formamos parte todos. Algunos imputados, entre ellos funcionarios acusados de corrupción, han obtenido el favor de ambas instituciones. Por lo que es inconsistente creer que una de tales instituciones es la “buena” y la otra la “mala”.

El Órgano Judicial está para administrar justicia, darle la razón a quien la demuestre. La Fiscalía debe investigar los delitos con auxilio de la Policía, y presentar acciones en los tribunales. Importante es tener en cuenta el principio de Independencia Judicial, que debe hacerse valer en las actuaciones del Órgano Judicial y que se debe respetar por otros poderes. Por ello no debe estar sujeto a injerencias de ninguna índole, tales como presiones de otras instituciones o mediáticas; como por ejemplo la criticada intervención del Ejecutivo, Fiscalía y Asamblea Legislativa, en el nombramiento de los Jueces Especiales, con la intención de que resuelvan conforme lo pida la Fiscalía o la Policía. Nos preguntamos: ¿Ahora qué situación ha provocado que la Fiscalía se salga de esta relación? ¿Será la pretensión de hacer propaganda al proyecto de Código Procesal Penal que le resta poder a los jueces, a favor del fiscal? ¿Acallar realidades? Recordemos que según dice un informe del PNUD, de 1,020 homicidios registrados solo 145 se presentan a tribunales, es decir, la Fiscalía solo elaboró requerimientos en un 14.21%, dejando en la impunidad al 85.79 de los casos de homicidio. En cuanto a las denuncias de delitos en general ya se sabía, que en el año 2005 de 128,000 denuncias presentadas a la Fiscalía, solo pudo presentar a tribunales 43,000 de ellas, es decir, la tercera parte.

El Órgano Judicial en todos sus niveles ha dado lugar a que se cuestionen sus resoluciones, siendo nuestra asociación uno de los más fuertes críticos. Muchos ciudadanos dudan de que haya jueces correctos. Pero, ¿será que en realidad los jueces acusados son los que han cometido una conducta impropia?; ¿será que hay jueces y empleados que verdaderamente han cometido delitos y gozan del favor de las instituciones, por algún motivo?; ¿ha sido el método empleado por la Fiscalía el más correcto para combatir la supuesta corrupción? Nosotros creemos que la Fiscalía debe demostrar lo que afirma, para evitar acciones improcedentes; que existen muchos jueces y empleados honrados; que existen algunos jueces y empleados corruptos o que forman parte de una red y que no son investigados ni sancionados por alguna razón.

Creemos que por razones constitucionales el Órgano Judicial no puede acordar conjuntamente con la Fiscalía acciones contra jueces; porque eso contamina su papel de árbitro independiente. Son los fiscales los que deben investigar y demostrar que existen razones para sancionar.

Probablemente sea una debilidad de la democracia o un defecto; pero es una condición para asegurar que cualquier ciudadano tenga un juicio justo y libre de arbitrariedades y sigamos evolucionando hacia un Estado Constitucional de Derecho. La Fiscalía antes de hacer propaganda o revelar fines políticos debe actuar objetivamente conforme la Constitución.

Por su parte, la Corte debe actuar sin esperar denuncias. No se puede tolerar la actuación corrupta en que puedan caer algunos jueces, no solo de la rama penal, los cuales deben ser investigados y sancionados administrativamente.