La cultura del secreto y la transparencia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El poder público ha vivido durante un largo período bajo la cultura del secreto en nuestro país. “Razón de estado”, “diplomacia secreta”, “operaciones reservadas” y hasta “altos intereses de la patria” fueron, y lamentablemente lo siguen siendo, expresiones para encubrir las más oprobiosas operaciones.

Bajo la cobertura del secreto el mundo percibió que se ocultaban la arbitrariedad y la corrupción. Y cambió, desde finales del siglo pasado, los paradigmas concernientes a la responsabilidad de los mandatarios públicos. Con lejanos antecedentes en Suecia (1766), en Colombia (1888) y en Finlandia (1951), fueron apareciendo a un ritmo impresionante las denominadas leyes FOIA que toman su nombre (Freedom Of Information Act) de la ley de los Estados Unidos de América de 1966.

Las también llamadas “sunshine laws”, porque iluminan y transparentan el conocimiento de las actuaciones públicas, responden a un nuevo paradigma en esta materia, un paradigma cuya finalidad ahora nos resulta tan obvio que sorprende, en términos históricos, su tardío florecimiento.

En la actualidad, la mayor parte de los países civilizados del planeta gozan de los beneficios de esta clase de leyes. En Centroamérica, solo Costa Rica y El Salvador no las tienen y son, precisamente, dos países en los que se han cometido los más sonados casos de corrupción, con la ventaja en el hermano país de que existe un Poder Público independiente y eficaz.

Es hora de trabajar en ese sentido. Y actualizar nuestra legislación con las modernas tendencias sobre el particular. El ciudadano debe tener acceso, sin negativas arbitrarias, a la documentación que respalda o contradice las afirmaciones de los funcionarios públicos.

La cultura del secreto debe dar paso a la de la transparencia, como uno de los mejores instrumentos en la formidable lucha contra la plaga de la corrupción que abate el desarrollo de los pueblos. Dígalo si no, la tristemente célebre decisión de los diputados de aumentar sus salarios en una forma descomunal, que pone de manifiesto la falta de transparencia y honradez en las actuaciones de los servidores públicos.

Por ello es urgente la promulgación de una Ley de Transparencia y Acceso a la información, estructurada en forma conveniente y con una clara y decidida tendencia a abrir, en beneficio del mandante (el pueblo) los archivos oscuros de los mandatarios (los funcionarios públicos). Archivos que al abrirse posibilitarían no solo revertir esta clase de decisiones, sino también descubrir la génesis de tan execrables determinaciones, a la vez que descalificar a sus autores, quienes quedarían señalados por la opinión pública.

Tenemos conocimiento que instituciones académicas y de la sociedad civil, como la Sección Salvadoreña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), están trabajando en la elaboración de un anteproyecto que pueda pronto convertirse en ley de la república, que facilite los instrumentos para el combate frontal a la corrupción.

Como lo dice el mencionado instituto al explicar los objetivos del proyecto de transparencia y acceso a la información pública “un aspecto esencial en el funcionamiento de la democracia moderna, que es clave para la rendición de cuentas que los ciudadanos pueden y deben pedir a los funcionarios públicos, es la libertad de información y la transparencia”, y agrega: “El libre acceso a la información gubernamental debidamente regulado propicia la participación de las personas en asuntos de interés público y en la prevención y combate de la corrupción”.

El Centro de Estudios Jurídicos, que también ha cerrado filas en ese combate, no puede menos que alentar dicho esfuerzo, y reiteramos aquí que unimos nuestra voz al coro nacional que así lo demanda.