El salario de la ignominia

Por el Imperio del Derecho/ Centro de Estudios Jurídicos

Hay acontecimientos en la vida de los pueblos que tienen la virtud de unificar pensamientos y voluntades de las personas, generando reacciones colectivas que le dan un fuerte sentido de unidad al conglomerado social. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas a raíz del aumento del salario de los diputados de la Asamblea Legislativa.

Apartándose de una actitud generalmente pasiva y muchas veces indiferente a los problemas que la afectan, pero esta vez decidida a realizar una acción enérgica, la ciudadanía salvadoreña reaccionó con indignación al enterarse de la escandalosa noticia del exagerado aumento del salario de los diputados. Por la forma en que se dio, se trata de una burda maniobra que implica un subterfugio legal para realizar un acto de corrupción consistente en usar los dineros del pueblo en provecho personal.

El ardid de ocultar el jugoso incremento del salario a través de gastos de representación hubiera pasado desapercibido si no fuera porque al salir a la luz pública la acción de introducir subrepticiamente en la ley una disposición que beneficia a los diputados en forma excesiva e ilegal, la ciudadanía reaccionó al unísono.

La “movida” de los diputados es una verdadera afrenta pública pues lesiona los intereses de la sociedad entera y demuestra que los responsables de este desaguisado carecen de la virtud moral que debe caracterizar a los funcionarios, pues no tienen el hábito de obrar bien y de cumplir fielmente las obligaciones de su cargo. Es de toda evidencia que los diputados deben ser los primeros en respetar escrupulosamente los preceptos de la ley.

Después de descubierta la maniobra, los diputados se han rasgado las vestiduras y acudido a las más variadas justificaciones, que dan risa, por decir lo menos. Obligados, como se han visto, a revertir esa acción a todas luces oportunista y contraria a las más elementales reglas de probidad, ahora pretenden ser personas responsables; sin embargo, el clamor público en contra de su acción es tal que nada lo acallará, y este señalamiento cívico los acompañará hasta el final de su mandato.

Lo ocurrido debería mover a reflexión al país entero. Por de pronto, es indispensable que se genere en el seno de la sociedad una actitud de permanente vigilancia y denuncia, pues solamente la ciudadanía consciente será capaz de evitar los abusos de los funcionarios públicos y proteger los bienes propiedad de la nación. Por su gravedad este asunto no debería olvidarse tan fácilmente, como ha ocurrido, lamentablemente, en otras ocasiones con casos iguales o parecidos en los que han estado en juego los dineros públicos.

Tal como se dan las cosas en nuestro país, las poco convincentes muestras de arrepentimiento de los diputados difícilmente habrían tenido lugar si el hecho no hubiera sido denunciado oportunamente y sus consecuencias en el ámbito electoral no fueran potencialmente desfavorables para los partidos políticos.

De lo ocurrido también se debe sacar una lección. El pueblo, en ejercicio del derecho de elegir a sus gobernantes, debe confiar el manejo de la cosa pública a los más calificados ciudadanos, velar porque los funcionarios den estricto cumplimiento a los deberes que les impone el cargo, y, finalmente, exigirles una rendición de cuentas sobre el desempeño del mismo.

Este hermoso gesto de la ciudadanía entera no debe ser una reacción aislada ante un problema concreto, en un momento determinado, sino que debe ser la primera manifestación de una voluntad canalizada por un movimiento cívico organizado, para que la cosa pública se maneje en la mejor forma, en beneficio y para el bienestar de todos los salvadoreños.