A merced de los señores buseros

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Nadie debe extrañarse que el pueblo salvadoreño se sienta abrumado por el grave problema del transporte público que lo abate, pero todo el mundo debe preocuparse porque las autoridades gubernamentales cedan una vez más ante las amenazas de los señores buseros. Tampoco nadie, en su sano juicio, se atreverá a apostar por quien de ante mano se sabe que va a ser el perdedor.

Esto del transporte público no es, desde luego, un juego pero así parece por la toma y daca que se da entre el gobierno y los buseros. En verdad, es algo más importante como que se trata de una actividad consustancial de la vida y quehacer de la nación entera. En efecto, el hecho es que el 80% de la población utiliza el transporte colectivo terrestre para sus actividades cotidianas, por lo cual debería ser, como fenómeno social, una cuestión prioritaria en el programa del gobierno.

Sin embargo, se ha vuelto un mal recurrente en la vida nacional por la falta de una verdadera política de transporte terrestre, y poco a poco se ha ido agravando hasta el punto que ahora se encuentra en una situación irreversible.

El transporte colectivo de pasajeros es un servicio público de carácter esencial y por lo mismo la Constitución le da el sustento necesario para que las autoridades tomen las medidas pertinentes a fin de que se preste en condiciones óptimas de eficiencia y calidad. Además, las disposiciones de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial configuran el marco regulador en el que las autoridades competentes pueden desenvolverse en forma apropiada.

Por consiguiente, es válido preguntar a qué se debe este desorden que se ha convertido en un caos generalizado. Los hechos demuestran que no se ha dado al problema el tratamiento adecuado y se ha permitido que se convierta en una crisis de incalculables consecuencias.

Pero de lo que se trata en realidad es de cumplir la ley. Así de sencillo. La mencionada ley de tránsito terrestre establece el principio de que las líneas y rutas para la prestación del servicio de transporte colectivo son propiedad del Estado, las cuales serán entregadas en concesión; y dice que tiene por objeto regular la autorización y establecimiento de rutas y frecuencias de la circulación vehicular; que toda persona a quien se haya autorizado para prestar el servicio de transporte colectivo está obligada a brindarlo en unidades que garanticen la seguridad de los usuarios; que la ejecución de la ley corresponde al Viceministerio de Transporte, que es el ente rector, coordinador y normativo de las políticas de transporte y responsable de ejecutar los programas, funciones y actividades del transporte terrestre, etc.

Todo este conjunto de atribuciones del Viceministerio de Transporte lo facultan ampliamente para un desempeño eficiente de su trabajo. ¿Por qué no cumple la ley? ¿Por qué no ordena el servicio y disciplina a los buseros? La respuesta está alejada de toda consideración teórica y de una visión que se ajuste al Estado de Derecho y está signada por el oportunismo y la politiquería.

Los buseros abusan de su posición dominante y cada vez que se presenta una coyuntura favorable la aprovechan para lograr un aumento arbitrario del precio del pasaje o amenazar con un paro. Sus nexos políticos los habilitan para ello y se evidencian en la propia Asamblea Legislativa, que se ha mostrado dócil y sumisa, y en la actitud obsecuente y temerosa del gobierno que lo hace ceder fácilmente ante el chantaje que se manifiesta en variadas formas de presión y amenazas.

Hoy seguramente nos despertaremos con malas noticias: aumento del subsidio al transporte o del precio del pasaje. El perdedor, el pueblo salvadoreño, a merced de los señores buseros.

Los estragos de la polarización

Por el Imperio del Derecho/ Centro de Estudios Jurídicos

De todas las plagas que —como en Egipto— han caído sobre El Salvador, ¿cuál es la más grave? ¿La carestía de la vida? ¿La delincuencia? ¿El desempleo? ¿La migración? ¿La disfunción institucional? Reconociendo que todas son graves, hay una particularmente grave: la polarización política. ¿Por qué?

La razón es evidente. La polarización significa la exclusión de la mayor parte de la población en el manejo de los asuntos públicos. Y dentro de esa mayoría, que no tiene manera de participar como no sea por la vía de los partidos políticos, seguramente están los ciudadanos más calificados. El país se desprende, por consiguiente, de la ilustración y la actuación de sus mejores hijos, quienes para nada están dispuestos a alinearse en los extremos, sencillamente porque no ven en ellos la solución de los problemas nacionales.

Decimos problemas nacionales. Es decir, que incumben a toda la población y no solo a una parte de ella; que importan a quienes tienen una visión integral de la realidad, y no a los que ven las cosas teñidas del color de su respectivo cristal, color que, en nuestro caso, ha representado el socialismo real o el liberalismo salvaje.

Es verdad que en la actual campaña electoral —anticipada por cierto, contra toda razón y Constitución— las posiciones de los respectivos candidatos buscan aproximarse. Social demócratas parecen tanto el flamante candidato de la derecha como el flamante candidato de la izquierda, en un vuelco de posiciones oportunista hacia posiciones antes denostadas por esas mismas fuerzas.

Pero ¿qué dice nuestra Constitución sobre el régimen económico que debe imperar en nuestro país? Basta transcribir dos disposiciones de su título V, para extraer inequívocas conclusiones:

“Art. 101 El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.”

“Art. 102 Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social. El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.”

Como se ve, la Constitución nunca avaló las reformas liberales que intentaron reducir a cero la participación del Estado, cuando este ha debido ser, con todas sus potencialidades, promotor del bien público; y tampoco respalda las medidas de gobierno inspiradas en el llamado centralismo democrático. La Constitución guarda distancia y otorga al César lo que es del César aprobando la intervención del Estado cuando sea menester, y respetando las leyes del mercado en acatamiento a los reclamos de la realidad.

Hace falta el reordenamiento institucional que, para bien del país, permita el surgimiento de nuevas fuerzas que rebasen en mucho a los institutos políticos que configuran la deplorable partidocracia que abate al país. Un movimiento cívico político que aplique con claridad y con vigor los preceptos del título V de la Carta Magna, interpretándolos con nobleza y visión de país y con un auténtico espíritu patriótico. Si no es así, será muy difícil superar los graves problemas que padecemos y, más aún, los que se avecinan ineluctablemente.

Como lo dice el proemio de nuestra Constitución, de lo que se trata es de “establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto de la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista”.

Tierra, vivienda digna y seguridad jurídica

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En El Salvador, el problema de la inseguridad jurídica de la tierra es parte de una problemática mayor que afecta a una población considerable y es producto de factores estructurales que evidencian, por un lado, la situación de pobreza en que viven muchas personas y, por otro, la dificultad de alcanzar una vida digna que enfrentan especialmente las familias que habitan en las zonas rurales del país.

Este estatus de inseguridad constituye el obstáculo principal para acceder al dominio de la tierra y, además, a los programas y mecanismos de ayuda y financiamiento disponibles para la construcción de viviendas dignas y seguras, así como para gozar de la prestación de servicios básicos.

Dicha situación se vio agravada con los terremotos del año 2001, siendo en la fase de reconstrucción donde muchas familias quedaron excluidas de los programas del gobierno, e incluso de otros programas de organismos internacionales, debido, precisamente, a no poseer títulos de propiedad de las tierras en las cuales habitan.

A este respecto se calcula, según datos disponibles a falta de los oficiales, que al menos un 60% de las familias afectadas se encontraba en esa condición.

La legalización de tierras en El Salvador es un proceso caracterizado por su complejidad pues comprende una serie de pasos de toda índole: jurídicos, técnicos, registrales, catastrales y notariales y, además, decisiones de los burócratas de la administración pública, pasos que necesariamente deben implementarse para lograr al final el ordenamiento territorial y la seguridad jurídica.

Como se puede apreciar, una de las causas que incide en la complejidad de la legalización de las tierras es la legislación registral, catastral, agraria y demás relacionadas como la de medio ambiente, la del Viceministerio de Vivienda y otras, la cuales se encuentran difusas en diferentes normativas y son contradictorias entre sí, lo que hace difícil regularizar los derechos.

La legislación actual comprende nuevos aspectos técnicos catastrales, que la vuelven compleja por eso mismo y por el elevado monto de las tasas registrales y catastrales que exigen las instituciones correspondientes que, por cierto, distan mucho de prestar el servicio de manera eficiente y oportuna.

Definitivamente, los problemas estructurales del país han dificultado la oportunidad de acceso a la tierra y agravado la situación. Es impresionante ver comunidades enteras asentadas en predios baldíos, líneas férreas, calles en desuso, así como invasiones de tierra en sitios de peligro, como la del antiguo basurero de Soyapango, Si se agrega a lo anterior el agudo problema de las lotificaciones ilegales, se dimensiona en toda su magnitud todo este panorama desolador.

Y da pena, francamente, que un país que quiere atraer el turismo y la inversión extranjera, no tome las medidas apropiadas al efecto y que los gobernantes no quieran resolver antes el problema del acceso a la tierra y la vivienda digna pero con seguridad jurídica. Es inaceptable que instituciones encargadas de atender estos problemas, como el Instituto Libertad y Progreso y el ISTA, sean incapaces de resolverlos, como lo evidencia el hecho de que la última tiene más de cien mil parcelas sin asignar.

Consideramos necesario, como lo ha hecho la mayoría de países del área centroamericana, crear una institución que vele tanto por la legalización de tierras, el ordenamiento territorial, el medio ambiente, el catastro y el registro de las mismas, y que no haya una multiplicidad de instituciones ineficientes, “jalando” cada una por su lado.

Es una frase trillada pero no por ello menos cierta: lo que se necesita en realidad es voluntad política para resolver tan grave problema.

O simplemente cumplir la Constitución, que manda asegurar a los habitantes el bienestar económico y la justicia social.

La delincuencia invade el sistema penitenciario

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Acostumbrados como estamos a los elevados índices de homicidios que reportan las páginas de los periódicos, poco efecto nos causa que el número de víctimas aumente o disminuya en uno o dos el promedio cotidiano, lo que para nada significa en el caso de disminución, que el problema vaya en camino de resolverse.

No obstante la insensibilidad que el prolongado fenómeno de la alta tasa de hechos delictivos nos ha ocasionado, no hemos perdido la esperanza de que alguna vez disminuya a niveles que se puedan considerar normales dentro de los parámetros establecidos internacionalmente, la explosión delincuencial que nos aqueja.

Tal esperanzada sensación tiene su fundamento en las informaciones provenientes de los organismos gubernamentales encargados de perseguir y sancionar los hechos delictivos, relativas a modificar con singular diligencia la legislación penal; a construir instalaciones penitenciarias que alivien la excesiva aglomeración de reclusos en los centros penales; a incrementar la disponibilidad de equipos en la PNC a fin de aumentar su efectividad en la investigación y captura de los delincuentes bajo el supuesto de que una vez privados de libertad quedarán inhibidos de cometer nuevos delitos.

Ahora nos damos cuenta de que dicho supuesto es ficticio y que, por el contrario, los centros de reclusión se están convirtiendo en lugares más peligrosos e inseguros y en el escenario de asesinatos en serie y que los encargados de mantener el orden y la seguridad en dichos centros se manifiestan impotentes para prevenir no solo la ocurrencia de hechos tan trágicos y lamentables, sino incluso para descubrir a los autores.

Esta nueva expresión de acciones delictivas significa un duro golpe para la política criminal implantada y una prueba de la vulnerabilidad del sistema penitenciario que no ha logrado cumplir de manera satisfactoria con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales que rigen en materia penitenciaria en cuanto a condiciones materiales que deben ser proporcionadas a los reclusos en términos de alojamiento, servicios de salud, separación por razones de situación según su condición legal entre penados y procesados, siendo desproporcionada la relación entre procesados cuyo número es mucho mayor que la de los penados y. por otra parte, las deficiencias resultantes de la escasez de recursos hacen que los beneficios establecidos en la legislación no se pueden proporcionar por falta de personal competente y el hacinamiento excesivo impida que se puedan atender debidamente responsabilidades tan importantes como son las que se refieren a los programas de rehabilitación de los sentenciados.

Investigaciones realizadas con anterioridad sobre el sistema penitenciario salvadoreño pudieron establecer, de manera objetiva, el incumplimiento de las obligaciones prescritas en la ley y las normas mínimas establecidas por Naciones Unidas para garantizar a los reclusos condiciones acordes con la dignidad de las personas privadas de libertad. Tal investigación tuvo lugar en una época en que el número de reclusos no llegaba a 5,000. En manera alguna es imaginable que esas condiciones hayan podido mejorar cuando la población carcelaria se ha cuadruplicado.

La gravedad del problema hace necesario un esfuerzo extraordinario no solamente para investigar el aspecto delictivo y descubrir a los hechores sino para establecer las causas de una tendencia tan peligrosa y buscar la forma de mejorar el sistema, pues si los centros reclusorios se convierten en verdaderos pabellones de la muerte nadie puede sentirse tranquilo en la medida en que la sensación de seguridad que puede proporcionar el sistema de administración de justicia pierde su último reducto. Por otra parte, no debe olvidarse que quienes se encuentran privados de libertad por la comisión de un hecho delictivo son personas que tienen derecho a la vida e integridad y que respecto a ellas es más directa la responsabilidad del Estado de protegerlos y hacer efectivos esos derechos.