La delincuencia invade el sistema penitenciario

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Acostumbrados como estamos a los elevados índices de homicidios que reportan las páginas de los periódicos, poco efecto nos causa que el número de víctimas aumente o disminuya en uno o dos el promedio cotidiano, lo que para nada significa en el caso de disminución, que el problema vaya en camino de resolverse.

No obstante la insensibilidad que el prolongado fenómeno de la alta tasa de hechos delictivos nos ha ocasionado, no hemos perdido la esperanza de que alguna vez disminuya a niveles que se puedan considerar normales dentro de los parámetros establecidos internacionalmente, la explosión delincuencial que nos aqueja.

Tal esperanzada sensación tiene su fundamento en las informaciones provenientes de los organismos gubernamentales encargados de perseguir y sancionar los hechos delictivos, relativas a modificar con singular diligencia la legislación penal; a construir instalaciones penitenciarias que alivien la excesiva aglomeración de reclusos en los centros penales; a incrementar la disponibilidad de equipos en la PNC a fin de aumentar su efectividad en la investigación y captura de los delincuentes bajo el supuesto de que una vez privados de libertad quedarán inhibidos de cometer nuevos delitos.

Ahora nos damos cuenta de que dicho supuesto es ficticio y que, por el contrario, los centros de reclusión se están convirtiendo en lugares más peligrosos e inseguros y en el escenario de asesinatos en serie y que los encargados de mantener el orden y la seguridad en dichos centros se manifiestan impotentes para prevenir no solo la ocurrencia de hechos tan trágicos y lamentables, sino incluso para descubrir a los autores.

Esta nueva expresión de acciones delictivas significa un duro golpe para la política criminal implantada y una prueba de la vulnerabilidad del sistema penitenciario que no ha logrado cumplir de manera satisfactoria con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales que rigen en materia penitenciaria en cuanto a condiciones materiales que deben ser proporcionadas a los reclusos en términos de alojamiento, servicios de salud, separación por razones de situación según su condición legal entre penados y procesados, siendo desproporcionada la relación entre procesados cuyo número es mucho mayor que la de los penados y. por otra parte, las deficiencias resultantes de la escasez de recursos hacen que los beneficios establecidos en la legislación no se pueden proporcionar por falta de personal competente y el hacinamiento excesivo impida que se puedan atender debidamente responsabilidades tan importantes como son las que se refieren a los programas de rehabilitación de los sentenciados.

Investigaciones realizadas con anterioridad sobre el sistema penitenciario salvadoreño pudieron establecer, de manera objetiva, el incumplimiento de las obligaciones prescritas en la ley y las normas mínimas establecidas por Naciones Unidas para garantizar a los reclusos condiciones acordes con la dignidad de las personas privadas de libertad. Tal investigación tuvo lugar en una época en que el número de reclusos no llegaba a 5,000. En manera alguna es imaginable que esas condiciones hayan podido mejorar cuando la población carcelaria se ha cuadruplicado.

La gravedad del problema hace necesario un esfuerzo extraordinario no solamente para investigar el aspecto delictivo y descubrir a los hechores sino para establecer las causas de una tendencia tan peligrosa y buscar la forma de mejorar el sistema, pues si los centros reclusorios se convierten en verdaderos pabellones de la muerte nadie puede sentirse tranquilo en la medida en que la sensación de seguridad que puede proporcionar el sistema de administración de justicia pierde su último reducto. Por otra parte, no debe olvidarse que quienes se encuentran privados de libertad por la comisión de un hecho delictivo son personas que tienen derecho a la vida e integridad y que respecto a ellas es más directa la responsabilidad del Estado de protegerlos y hacer efectivos esos derechos.