Tierra, vivienda digna y seguridad jurídica

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En El Salvador, el problema de la inseguridad jurídica de la tierra es parte de una problemática mayor que afecta a una población considerable y es producto de factores estructurales que evidencian, por un lado, la situación de pobreza en que viven muchas personas y, por otro, la dificultad de alcanzar una vida digna que enfrentan especialmente las familias que habitan en las zonas rurales del país.

Este estatus de inseguridad constituye el obstáculo principal para acceder al dominio de la tierra y, además, a los programas y mecanismos de ayuda y financiamiento disponibles para la construcción de viviendas dignas y seguras, así como para gozar de la prestación de servicios básicos.

Dicha situación se vio agravada con los terremotos del año 2001, siendo en la fase de reconstrucción donde muchas familias quedaron excluidas de los programas del gobierno, e incluso de otros programas de organismos internacionales, debido, precisamente, a no poseer títulos de propiedad de las tierras en las cuales habitan.

A este respecto se calcula, según datos disponibles a falta de los oficiales, que al menos un 60% de las familias afectadas se encontraba en esa condición.

La legalización de tierras en El Salvador es un proceso caracterizado por su complejidad pues comprende una serie de pasos de toda índole: jurídicos, técnicos, registrales, catastrales y notariales y, además, decisiones de los burócratas de la administración pública, pasos que necesariamente deben implementarse para lograr al final el ordenamiento territorial y la seguridad jurídica.

Como se puede apreciar, una de las causas que incide en la complejidad de la legalización de las tierras es la legislación registral, catastral, agraria y demás relacionadas como la de medio ambiente, la del Viceministerio de Vivienda y otras, la cuales se encuentran difusas en diferentes normativas y son contradictorias entre sí, lo que hace difícil regularizar los derechos.

La legislación actual comprende nuevos aspectos técnicos catastrales, que la vuelven compleja por eso mismo y por el elevado monto de las tasas registrales y catastrales que exigen las instituciones correspondientes que, por cierto, distan mucho de prestar el servicio de manera eficiente y oportuna.

Definitivamente, los problemas estructurales del país han dificultado la oportunidad de acceso a la tierra y agravado la situación. Es impresionante ver comunidades enteras asentadas en predios baldíos, líneas férreas, calles en desuso, así como invasiones de tierra en sitios de peligro, como la del antiguo basurero de Soyapango, Si se agrega a lo anterior el agudo problema de las lotificaciones ilegales, se dimensiona en toda su magnitud todo este panorama desolador.

Y da pena, francamente, que un país que quiere atraer el turismo y la inversión extranjera, no tome las medidas apropiadas al efecto y que los gobernantes no quieran resolver antes el problema del acceso a la tierra y la vivienda digna pero con seguridad jurídica. Es inaceptable que instituciones encargadas de atender estos problemas, como el Instituto Libertad y Progreso y el ISTA, sean incapaces de resolverlos, como lo evidencia el hecho de que la última tiene más de cien mil parcelas sin asignar.

Consideramos necesario, como lo ha hecho la mayoría de países del área centroamericana, crear una institución que vele tanto por la legalización de tierras, el ordenamiento territorial, el medio ambiente, el catastro y el registro de las mismas, y que no haya una multiplicidad de instituciones ineficientes, “jalando” cada una por su lado.

Es una frase trillada pero no por ello menos cierta: lo que se necesita en realidad es voluntad política para resolver tan grave problema.

O simplemente cumplir la Constitución, que manda asegurar a los habitantes el bienestar económico y la justicia social.