Las elecciones y el orden institucional

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El país se encuentra en un momento de gran trascendencia en el que la política desborda todas las expectativas de la vida nacional. Así, la próxima elección presidencial ha cobrado suma importancia no solo porque otra vez se va a elegir por la vía democrática al nuevo gobernante, sino porque existe la posibilidad real de que por primera vez se dé la alternancia en el ejercicio del poder, que es una de las características esenciales de la democracia.

Sin embargo, considerar a las elecciones por sí mismas como la solución política de la crisis actual que vive la nación entera es una cosa sumamente aventurada. Aunque el pueblo ha sido llamado regularmente a ejercer el sufragio y tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes y decidir su propio destino, ello no quiere decir que a través de las elecciones ha resuelto sus múltiples problemas.

Pero a estas alturas se puede decir con propiedad que ha quedado superada la etapa en que hubo una verdadera deformación del proceso político, en la que se cerraron todos los canales de participación ciudadana, y que ahora se ve un avance en el libre juego de las ideas. No obstante, el desarrollo democrático del país adolece de muchas imperfecciones y problemas que deben superarse y es necesario, además, profundizar en los logros y las conquistas realizadas y formular las estrategias apropiadas para su consolidación definitiva.

En este panorama cobra particular importancia el orden institucional que se ha ido estableciendo en el país a partir de los Acuerdos de Paz y de la promulgación de la Constitución vigente, que es necesario preservar a toda costa y más aún fortalecer con una actitud escrupulosa de respeto y observancia del mismo, de modo que el estado de derecho sea una realidad en nuestro país.

Es sumamente preocupante que hayamos caído en un escalonado proceso de debilitamiento institucional y en una evidente negación del papel del Estado, desconociendo las facultades y atribuciones que le competen. A este respecto hemos dicho ya que la Constitución es clara y terminante en sus disposiciones, como lo ejemplifica el propio artículo Primero que dice que el Estado “está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”, además de las otras prescripciones sobre los derechos individuales, el orden económico y social, del trabajo, etc., y sobre las atribuciones de los órganos del gobierno.

Sin embargo, la inobservancia de las normas jurídicas que regulan el funcionamiento de los diferentes organismos estatales atenta contra el orden institucional. Los ejemplos abundan y este espacio sería insuficiente para consignarlos. Basta señalar que el principio de la división de poderes es inoperante cuando los órganos del Estado no funcionan como debe ser, con independencia, y el Ejecutivo somete a sus designios al Legislativo, o el Judicial responde a los intereses del primero; cuando entes como la Corte de Cuentas de la República se ha convertido en propiedad privada de un partido; cuando el Tribunal Supremo Electoral se queda impasible ante la violación por los partidos políticos de la Constitución y el Código Electoral. Es así como la falta de confianza en las instituciones y en muchos funcionarios públicos y la falta de credibilidad de los estamentos políticos propicia una situación nacional peligrosa en la que se corre el riesgo de dar al traste con todo el orden institucional.

Por ello, las próximas elecciones deben significar mucho más que la simple concurrencia a las urnas y en las actuales circunstancias históricas los actores políticos tienen una grave responsabilidad que debería moverlos no solo a luchar por preservar el orden institucional, sino a presentar propuestas de verdadera solución para los ingentes problemas socio-económicos del país, que impliquen objetivos y programas de acción en beneficio de toda la colectividad.