Del arbitraje a la arbitrariedad

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Un hecho singular ha impactado la conciencia jurídica, haciendo reflexionar, una vez más, sobre si en El Salvador estamos viviendo un Estado de Derecho.

Nos referimos al laudo arbitral pronunciado en contra de la Asamblea Legislativa que le manda pagar, por incumplimiento de contrato, cierta cantidad de dinero a una firma especializada en contaduría, por no ordenar que se procediese a auditar a la Corte de Cuentas de la República.

Ante este hecho, la Asamblea Legislativa ha reaccionado en forma arbitraria y solicitó la nulidad del laudo arbitral, lo cual ya fue resuelto favorablemente por la Cámara de Segunda Instancia respectiva, en forma sospechosamente veloz, y por lo tanto inusual, dado el ritmo de la administración de justicia. El fallo que anula el laudo arbitral está basado en que no se había agotado la negociación directa entre las partes contratantes.

Por supuesto, la negociación no es un trámite ad perpetuam y en ello hay que considerar cuántas veces se intentó por la parte interesada y el tiempo transcurrido, etc. A este respecto es del conocimiento público que se llevaron a cabo varias reuniones en las que la firma auditora solicitó a la Asamblea Legislativa la instrucción para iniciar la auditoria, y así poder cumplir la obligación a su cargo, objeto de la contrata.

Después, la Asamblea designó su propio árbitro, pero resulta que en ninguna etapa del procedimiento alegó que no se había agotado la negociación. La razón de ello es muy sencilla: el demostrar que la negociación estaba pendiente implicaba que, al final, se vería obligada a dar la orden para comenzar la auditoría en la Corte de Cuentas.

Es evidente que la Asamblea Legislativa ha dado marcha atrás en realizar la auditoría y decidido no cumplir el contrato con la firma auditora. En estas circunstancias, el fallo que anula el laudo arbitral no está ajustado a derecho y puede ser objeto de impugnación. Otra reacción es intentar reformar la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, en el sentido de suprimir la potestad de los Centros de Arbitraje de designar al tercer árbitro, que al decir de la prensa se pretende asignar al presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Las motivaciones de los diputados no pueden ser más mezquinas: hacer muy difícil condenar al Estado, colocando un filtro en el procedimiento arbitral. En otras palabras, que se rompa el principio de igualdad ante la ley establecido en la Constitución, al favorecer en las querellas su conducta, aunque sea ilegítima y violatoria de las obligaciones contractuales.

Así, el tercer árbitro podrá ser objeto de presión para que se incline a favor de las entidades públicas. Esta pretendida reforma es un atentado a la institución del arbitraje, que como método alternativo para la solución de controversias está reconocido en la Constitución, y por el fin que conlleva, de administrar justicia de manera pronta y eficaz, es de interés público.

La conducta de la Asamblea Legislativa provocará nefastas consecuencias, entre otras, las que tienen relación con ahuyentar a potenciales inversionistas, que ante este tipo de actuaciones desconocedoras de la institución del arbitraje preferirán invertir en países donde exista un régimen de garantías jurídicas.

Hoy, que en forma trillada se repite que estamos en una era de economía global, no debemos dar pasos en falso, sobre todo por aquellos entes que deben ser ejemplo del cumplimiento de la ley. Si los órganos del Estado no la acatan, lejos, pero muy lejos, estamos de un Estado de Derecho.

La Corte de Cuentas, además de coto de caza de un partido político, se ha convertido en un órgano supranacional cuyo manejo presupuestario no puede ser examinado, so pena de “pasarle la factura” a los diputados que se atrevan a ordenar el examen de cuentas. Cosas veredes, Sancho amigo.

Pautas constitucionales para Plan de Gobierno

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Habida cuenta de que los partidos políticos en contienda se hallan en una abierta campaña electoral presidencial, es necesario señalar los parámetros constitucionales que deberían estar, de manera irrefragable, en la base ideológica política de los programas de gobierno.

En el preámbulo de la Constitución se establece como base de la convivencia nacional el respeto de la dignidad humana, que es el elemento primordial que caracteriza la filosofía humanista de la acción a emprenderse, y que en el mismo texto se subraya al referirse a la búsqueda de los valores de la herencia humanista, quedando consagrado en el artículo 1º, donde se reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado.

En esa perspectiva, la Constitución declara ab initio los derechos individuales, civiles y políticos, estableciendo como fines del Estado la obligación de asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

De esta manera, se proclama el derecho de las personas a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la seguridad, al trabajo, la propiedad y posesión y a ser protegidos en su conservación y defensa. Estos, a la vez que son sustantivamente derechos individuales, constituyen normas programáticas ya que requieren acciones del gobierno debidamente planificadas, para alcanzar los objetivos aludidos por medio de políticas diseñadas a tal propósito.

A esta gama de derechos siguen otras numerosas prescripciones de la Constitución que deben tenerse en mente al forjar el plan de ofertas de gobierno de todo partido político, sea cual fuere su emblema o color.

Los derechos humanos, y los correlativos deberes del Estado, adquieren sentido colectivo en la visión de la Constitución, cuando expresa que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Estos valores constituyen el marco axiológico del Estado y, al mismo tiempo, son los postulados normativos del orden jurídico.

En cuanto a los derechos sociales se fijan los criterios reguladores referentes a la familia, el trabajo y la seguridad social, la educación, ciencia y cultura, y la salud pública y asistencia social. Así, se vela por la familia en su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico; el trabajo, que es una función social, genera derechos y beneficios para el trabajador; la educación y cultura deben difundirse para construir una sociedad democrática, más próspera, justa y humana.

La salud constituye un bien público y requiere de una política nacional, con mecanismos de control y supervisión. El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos; tomará a su cargo a los indigentes; controlará la calidad de los productos alimenticios y velará por las condiciones ambientales.

El orden económico debe responder a principios de justicia social y se promoverá el desarrollo económico y social; se fomentarán los diversos sectores de la producción y se defenderá a los consumidores; se garantiza la libertad económica y la propiedad en función social; se protegerán y fomentarán las cooperativas, asociaciones de tipo económico y la pequeña propiedad rural, y se adoptarán políticas de población y construcción de viviendas, etc.

En suma, se deben definir las metas a la luz de la concepción humanista de la Constitución y tratar de alcanzarlas mediante las políticas encaminadas a garantizar y promover los derechos de la persona.

Los salvadoreños podemos válidamente exigir su cumplimiento, estén o no en un plan de gobierno, pues los dirigentes políticos deben actuar en consonancia con la fuente jurídico-constitucional de la organización de la sociedad. El pueblo es el soberano y el mandante, y su voluntad está plasmada en la Carta Magna, y las ofertas electorales deben responder a la voluntad del constituyente, que es el pueblo mismo.

Gesto alentador de la Asamblea Legislativa

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Los Observatorios Legislativos son espacios en donde se da cuenta de las actividades parlamentarias para información del público, y constituyen instituciones que se dan por descontado en cualquier sociedad democrática hoy en día y que estaba notoriamente ausente en la nuestra. En El Salvador, aunque han existido algunas páginas electrónicas dedicadas al tema, la fundación conocida por las siglas FUSADES tiene el mérito de haber creado el más completo, sistemático y útil Observatorio, con la clara intención, además, de convertirlo en una institución permanente.

Lo anterior es un acontecimiento de verdadera importancia para el país y los usuarios de internet han podido acceder durante el último mes a la página electrónica correspondiente (www.observatoriolegislativo.org.sv).

El Observatorio no solo contiene noticias de la actividad legislativa, como las que obtenemos en los periódicos del país. Contiene estadísticas, encuestas de opinión, dictámenes de las comisiones de la Asamblea Legislativa, actas de sus sesiones plenarias, un boletín que reúne la información noticiosa semanal, un foro en el que los lectores pueden dar a conocer su opinión, etcétera. Al preservar la información de fechas pasadas, los interesados pueden dar seguimiento a asuntos de su interés que se consideran en la Asamblea. Se convertirá en un instrumento indispensable para investigadores, estudiantes y todo público interesado en la labor legislativa.

La aparición del Observatorio Legislativo es un gesto alentador de un Órgano del Estado pues revela que los reclamos de la ciudadanía van calando hondo y mueven a cambios de actitud de los funcionarios públicos, en este caso de los integrantes del llamado “primer órgano del Estado”. Al proporcionar la información registrada en la página electrónica muestran, quizás por primera vez, una voluntad de actuar con honestidad, decencia y espíritu democrático, y un deseo de acabar, por fin, con las prácticas secretas y corruptas que han prevalecido en la Asamblea Legislativa; una voluntad de rendir cuentas al pueblo que los ha electo y actuar como verdaderos servidores públicos y no como quienes llegan al cargo para aprovecharse del pueblo. Es la primera manifestación concreta de la transparencia estatal y el acceso a la información que nuestra sociedad pide a gritos actualmente. Ni el Órgano Ejecutivo, ni mucho menos el Judicial han demostrado semejante actitud y apertura.

Dos cosas importantes echamos de menos en el Observatorio: las estadísticas de las votaciones individuales de los diputados e información presupuestaria. Con respecto a las primeras, recordamos que el sistema de votación electrónico de la Asamblea Legislativa, adquirido a un alto costo, no solo sirve para facilitar la votación de los diputados y el recuento de sus votos; su principal utilidad es simplificar el dar a conocer a los gobernados la manera como han votado sus diputados en cada caso, para que aquellos se formen opinión sobre su actuación. Nuestro país sigue siendo el único en donde existe el sistema de votación electrónica en el parlamento en el que sus aplicaciones detalladas no se dan a conocer.

En cuanto a la utilización del presupuesto, es un prerrequisito de una sociedad democrática moderna. Cada erogación que el organismo haga debe darse a conocer al público, como medio de demostrar la transparencia de la gestión estatal, el uso correcto de los fondos del Estado, la voluntad de combatir la corrupción y como medio de demostrar la honestidad y la decencia de los diputados, que siempre serán cuestionadas mientras la utilización de los fondos provenientes de los impuestos que pagamos los ciudadanos no se haga pública.

Felicitamos a FUSADES por su excelente iniciativa, pero especialmente felicitamos a los diputados de la Asamblea Legislativa por esta muestra de buena voluntad. Les tomamos la palabra porque se trata de una actitud en la que no puede haber marcha atrás.

La X Convención de Abogados

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, el 30 y 31 de mayo pasado, se realizó la X Convención de Abogados, celebrada por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), entidad que se integra con ocho organizaciones de profesionales del Derecho existentes en el país.

Con este evento de carácter nacional culminó la actividad de la FEDAES para realizar una sentida aspiración: darle cumplimiento a sus fines, como son el desarrollo de la cultura jurídica del país y fortalecer la solidaridad y la unidad y defensa del gremio de abogados, habiendo tenido nuestra asociación una destacada participación a través de nuestro presidente, que a la vez preside a la FEDAES, y quien pronunció un elocuente discurso de inauguración.

Hemos dicho que es tiempo de que la FEDAES asuma su papel de conductora del gremio de abogados, comprometida con la realidad nacional y su actividad se proyecte en beneficio de toda la sociedad, y que ante los ingentes problemas que esta enfrenta corresponde a los abogados y sus organizaciones representativas desempeñar un papel preponderante en la consecución de la justicia y del bien común.

Por ello es importante resaltar la amplia participación de abogados en la convención, en un número que superó todas las expectativas, lo que demuestra un creciente interés en asuntos que van más allá de lo atingente a lo individual, haciendo énfasis en lo gremial y lo social. De esta manera se dieron sobre diversos proyectos de leyes valiosos pronunciamientos, encaminados a fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la administración de justicia en el país.

El temario de la convención incluyó el estudio de los proyectos de Código Procesal Penal, de Código Procesal Civil y Mercantil, reformas al Código de Comercio, la mediación como medio de solución de conflictos y la colegiación profesional de los abogados.

Sobre el Código Procesal Penal se emitió un informe contundente que contiene una recomendación a la Asamblea Legislativa de que no se adopte, por adolecer de graves deficiencias, se critica la ruptura del equilibrio procesal al atribuir facultades excesivas a la Fiscalía General de la República y se señala que vulnera preceptos constitucionales.

El Código Procesal Civil y Mercantil y las reformas al Código de Comercio gozaron, en general, de aceptación. Sobre la colegiación profesional obligatoria el pleno aprobó una propuesta que manda continuar en esta enorme lucha, a cuyo propósito existe un proyecto de reforma constitucional tendiente a superar cualquier obstáculo legal. Frente a la división actual, se perfila la unidad de los abogados como una aspiración que podrá manifestarse no solo en la defensa de los intereses propios sino que de los gremiales.

De particular interés fue el tema de la mediación, como modalidad alterna de solución de controversias. La Procuraduría General de la República, que auspicia varios programas institucionales al respecto, tuvo un papel relevante, habiéndose discutido un proyecto de ley que modernizará esta modalidad de solución de controversias.

En las mesas de trabajo se formularon recomendaciones que se trasladarán a las comisiones de la Asamblea Legislativa que actualmente los estudian. Instamos a la FEDAES para que proceda a la pronta publicación de los acuerdos de este evento.

Como se deben apreciar los acontecimientos con sentido de justicia, valga en esta ocasión felicitar a los organizadores, y expresar el agradecimiento por el gesto de otorgar a nuestro ex presidente doctor René Fortín Magaña un diploma de reconocimiento a su notable trayectoria cívica y jurídica.

En cumplimiento del mandato de la X Convención de Abogados, las decisiones tomadas deben impulsarse para que se hagan realidad. Los abogados deben estar de plácemes, pero a la vez conscientes de su responsabilidad histórica.

La gobernabilidad jurídica en C.A.

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La semana pasada se presentó el Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad Jurídica e Institucional, que es el producto final de un trabajo de varios años, realizado por consultores de instituciones centroamericanas y con el financiamiento de la cooperación internacional, y se enmarca dentro del proyecto Observatorio de la Democracia en Centro América. A nuestro país se le dedica un tomo de 722 páginas. El primer paso para llegar a este informe fue el libro publicado en 2004 con el sello de la OEA titulado “¿Democracia sin reglas?”

Se trata de un sistema de indicadores jurídicos e institucionales que evalúa la normativa jurídica vigente, su aplicación o falta de ella, o sea, contrasta la norma con su cumplimiento, compara los estándares internacionales o mejores prácticas de los sistemas jurídicos comparados, y abarca el marco constitucional, la estructura institucional del Estado, el sistema electoral y representación política, el sistema tributario y fiscal, la administración financiera del Estado, la descentralización administrativa y el gobierno local.

Como se puede apreciar, es un denodado esfuerzo por medir la democracia pues se realizaron ponderaciones sobre diversos indicadores, por ejemplo, si la Constitución fue preparada con aplicación de procedimientos preestablecidos y si los constituyentes fueron electos mediante elecciones democráticas, si existe un órgano específico para dirimir conflictos de competencia entre los poderes del Estado, si está garantizado algún porcentaje del presupuesto nacional que coadyuve a la independencia financiera del Poder Judicial, si en los últimos 4 años los Tribunales han procesado y condenado a funcionarios públicos por haber cometido delitos contra la función pública, si el Estado ha reconocido y aceptado la jurisdicción plena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el máximo organismo electoral tiene iniciativa de ley en materia electoral, y así hasta llegar a 455 indicadores incluidos en 85 variables.

Sin duda es una tarea no realizada antes en proyectos similares.

El informe no se limita a dar una ponderación a cada indicador, sino que proporciona los datos que respaldan la calificación señalada y de la existencia normativa o sea que trata de mostrar que no es algo arbitrario, y culmina con las recomendaciones, apareciendo una lista de ellas, con las cuales se puede estar de acuerdo o no, pero abre espacio al debate, lo cual es importante en una sociedad que está construyendo su democracia, máxime cuando ese debate abarca temas constitucionales.

Entre las múltiples recomendaciones aparecen la consulta popular para aprobar o desechar reformas constitucionales, fijar un plazo máximo para que la Asamblea Legislativa discuta los proyectos de ley, decretar una Ley General de la Administración Pública, regular legalmente el financiamiento de los partidos políticos, buscar la equidad de género en la participación electoral, crear un ministerio de planificación, universalización de la seguridad social, representación proporcional en la elección de los miembros de los concejos municipales, etc.

Los anteriores son algunos temas propuestos y por ello la discusión está abierta, para que personas o entidades tomen la responsabilidad de analizar el informe, y al darnos cuenta de nuestras falencias, manifestarnos en favor de lo positivo que en él se consigna. Una vez impuestos de nuestra realidad, hacer las reformas legales pertinentes para lograr mejores resultados, sabiendo, sin embargo, que no basta con aprobar leyes sino lograr mayor eficiencia y el mejor desempeño de los funcionarios y empleados públicos.

El Informe mencionado, que evalúa la democracia en Centro América, demanda, a su vez, que se le evalúe con rigor dada su relevancia y trascendencia. La ciudadanía debe unir sus fuerzas y poner énfasis en cambiar aquello mal ponderado para que operen las fórmulas y los mecanismos de la democracia que tanto necesitamos.