La gobernabilidad jurídica en C.A.

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La semana pasada se presentó el Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad Jurídica e Institucional, que es el producto final de un trabajo de varios años, realizado por consultores de instituciones centroamericanas y con el financiamiento de la cooperación internacional, y se enmarca dentro del proyecto Observatorio de la Democracia en Centro América. A nuestro país se le dedica un tomo de 722 páginas. El primer paso para llegar a este informe fue el libro publicado en 2004 con el sello de la OEA titulado “¿Democracia sin reglas?”

Se trata de un sistema de indicadores jurídicos e institucionales que evalúa la normativa jurídica vigente, su aplicación o falta de ella, o sea, contrasta la norma con su cumplimiento, compara los estándares internacionales o mejores prácticas de los sistemas jurídicos comparados, y abarca el marco constitucional, la estructura institucional del Estado, el sistema electoral y representación política, el sistema tributario y fiscal, la administración financiera del Estado, la descentralización administrativa y el gobierno local.

Como se puede apreciar, es un denodado esfuerzo por medir la democracia pues se realizaron ponderaciones sobre diversos indicadores, por ejemplo, si la Constitución fue preparada con aplicación de procedimientos preestablecidos y si los constituyentes fueron electos mediante elecciones democráticas, si existe un órgano específico para dirimir conflictos de competencia entre los poderes del Estado, si está garantizado algún porcentaje del presupuesto nacional que coadyuve a la independencia financiera del Poder Judicial, si en los últimos 4 años los Tribunales han procesado y condenado a funcionarios públicos por haber cometido delitos contra la función pública, si el Estado ha reconocido y aceptado la jurisdicción plena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el máximo organismo electoral tiene iniciativa de ley en materia electoral, y así hasta llegar a 455 indicadores incluidos en 85 variables.

Sin duda es una tarea no realizada antes en proyectos similares.

El informe no se limita a dar una ponderación a cada indicador, sino que proporciona los datos que respaldan la calificación señalada y de la existencia normativa o sea que trata de mostrar que no es algo arbitrario, y culmina con las recomendaciones, apareciendo una lista de ellas, con las cuales se puede estar de acuerdo o no, pero abre espacio al debate, lo cual es importante en una sociedad que está construyendo su democracia, máxime cuando ese debate abarca temas constitucionales.

Entre las múltiples recomendaciones aparecen la consulta popular para aprobar o desechar reformas constitucionales, fijar un plazo máximo para que la Asamblea Legislativa discuta los proyectos de ley, decretar una Ley General de la Administración Pública, regular legalmente el financiamiento de los partidos políticos, buscar la equidad de género en la participación electoral, crear un ministerio de planificación, universalización de la seguridad social, representación proporcional en la elección de los miembros de los concejos municipales, etc.

Los anteriores son algunos temas propuestos y por ello la discusión está abierta, para que personas o entidades tomen la responsabilidad de analizar el informe, y al darnos cuenta de nuestras falencias, manifestarnos en favor de lo positivo que en él se consigna. Una vez impuestos de nuestra realidad, hacer las reformas legales pertinentes para lograr mejores resultados, sabiendo, sin embargo, que no basta con aprobar leyes sino lograr mayor eficiencia y el mejor desempeño de los funcionarios y empleados públicos.

El Informe mencionado, que evalúa la democracia en Centro América, demanda, a su vez, que se le evalúe con rigor dada su relevancia y trascendencia. La ciudadanía debe unir sus fuerzas y poner énfasis en cambiar aquello mal ponderado para que operen las fórmulas y los mecanismos de la democracia que tanto necesitamos.