Acción contra la corrupción

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Una de las formas de lograr avances en la lucha contra la corrupción la constituyen los acuerdos entre los Órganos del Estado, así como la promulgación consensuada de legislación que combata a la corrupción, la cual debe ser apoyada por las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa y por el nuevo gobierno, todo para dar la normativa, y la concreción en la administración pública, el convertir a la Corte de Cuentas en un organismo contralor. Aquí todo está por hacerse. Cuando las denuncias y el escándalo llegan a niveles muy altos, que es el caso de El Salvador, la acción se impone. Uno de los ejemplos de éxito en materia de combate a la corrupción es Chile.

En 1992 el Gobierno de Chile y la oposición establecieron un importante plan de reformas ante las crecientes denuncias de corrupción. Hoy los resultados son evidentes y los créditos por esto son compartidos, pero los beneficios son para todos.

Igual hizo España, con su pacto político de nación. Hace ya cuatro años que suscribieron el PP y el PSOE el pacto de Estado, para la reforma integral en la Administración de Justicia, que tiene una duración de ocho años —cuyos frutos hemos comentado en artículos anteriores—, con la finalidad de promover la modernidad, así como la pronta y cumplida justicia.

Chile ha pasado la prueba de corrupción, de transparencia internacional. Hoy día es el país menos corrupto de América Latina. El éxito económico va aparejado al combate efectivo de la corrupción. Esto último es lo que debemos de sopesar, para actuar de inmediato.

En el periódico “La Tercera”, en su edición en internet, del 31 de marzo anterior, Claudio Fuentes, de Flacso Chile, señala que su país debe de avanzar dado el profesionalismo de sus funcionarios públicos y el consenso político. Sobre el tema dice: “Coloquemos una meta ambiciosa: llegar a estar entre los diez países menos corruptos del mundo de aquí al Bicentenario. Para conseguir aquello, debemos avanzar en las siguientes áreas: Primero, perfeccionar la ley de financiamiento electoral para establecer sanciones a los infractores, eliminar las donaciones ‘anónimas’ estableciendo que un 30% de las donaciones sean ‘reservadas’, y que los candidatos entreguen una estimación de gastos y su procedencia al momento de inscribir sus candidaturas. Un voto informado requiere conocer quién financia las candidaturas. Segundo, legislar sobre un conjunto interrelacionado de tópicos vinculados al dinero y la política. Ellos son reglamentar la actividad del ‘lobby’ en Chile, regular el potencial conflicto de intereses entre la labor legislativa y su actividad privada y abordar el tema del financiamiento permanente de los partidos políticos. Tercero, aunque la mayoría de los esfuerzos busca transparentar la actividad del nivel central del Ejecutivo, se necesita avanzar en mayores niveles de transparencia a nivel local (municipios) y en el Congreso Nacional. Por ejemplo, es incomprensible que los ciudadanos no podamos informarnos sobre cómo nuestros parlamentarios votaron un determinado proyecto de ley. Esa información debería estar disponible en línea y en tiempo real. Esta iniciativa es simple de implementar y poco onerosa”.

En El Salvador, “publicitaria” y “mercadológicamente”, han manifestado estar de acuerdo con lo antes dicho los actores políticos, económicos y sociales. Iniciar esto sería un salto de calidad en las actividades económicas y sociales; sería altamente apreciado por la ciudadanía, por nuestros socios comerciales internacionales y la comunidad internacional, en la que buscamos un sentido de pertenencia. La estabilidad económica relativa, que hemos tenido en los últimos años, se vería fortalecida por la aplicación de la regla del Derecho en materia de probidad y transparencia.